Un vecino de Castejón de Sos y una activista vinculada a las Asambleas del Pirineo por Palestina permanecen incomunicados tras el asalto israelí a la flotilla humanitaria que se dirigía hacia Gaza, según han denunciado este martes organizaciones de apoyo y familiares de los participantes. El vecino de la localidad ribagorzana, Javier, viajaba en una de las embarcaciones interceptadas el lunes, mientras que María García, vecina de Boltaña, perdió el contacto este martes después de que el barco en el que navegaba fuese también asaltado a pocas horas de alcanzar la costa gazatí.
La situación se ha agravado en las últimas horas después de que la Embajada de España en Israel comunicara por SMS a familiares y activistas que los integrantes de la flotilla serían trasladados al puerto israelí de Ashdod y posteriormente a Ktziot, una prisión situada en el desierto del Negev y considerada una de las mayores cárceles israelíes. El mensaje señalaba además que la asistencia consular se facilitaría una vez completados los procesos de identificación.
Según la nota difundida por Alto Aragón con Palestina, los activistas detenidos permanecen todavía sin acceso a abogados y sin información concreta sobre su estado o ubicación exacta. La organización sostiene que ni familiares, ni representantes legales, ni consulados han podido mantener contacto directo con los integrantes de la flotilla.
El primer aviso sobre la situación de Javier se produjo el lunes, cuando desde las asambleas del Pirineo por Palestina se informó de que el barco en el que viajaba el vecino de Castejón de Sos había sido “asaltado” por fuerzas israelíes y que desde entonces se desconocía su paradero. Horas después, otro mensaje difundido por activistas alertó también de la pérdida de contacto con María García tras el abordaje del barco en el que navegaba rumbo a Gaza.
La flotilla, integrada por decenas de embarcaciones civiles y centenares de activistas internacionales, había zarpado desde Turquía con ayuda humanitaria destinada a Gaza. Según las organizaciones convocantes, las fuerzas israelíes interceptaron entre el lunes y el martes los barcos que todavía permanecían navegando hacia la costa palestina.
Las organizaciones de apoyo aseguran que unas 430 personas de más de 40 países han sido detenidas durante las operaciones y trasladadas a Ashdod a bordo de un “barco-prisión”. El equipo jurídico de Adalah, encargado de la defensa legal de los activistas, denunció que seguía sin poder acceder a los detenidos varias horas después de su llegada al puerto israelí.
Las organizaciones aragonesas han exigido la liberación inmediata de Javier, María y del resto de integrantes de la flotilla, así como acceso consular y asistencia jurídica para todos los detenidos. También reclaman información “concreta y verificable” sobre el estado de salud y el paradero de los activistas interceptados.
ABUSO Y HUMILLACIÓN
La Coalición de la Flotilla de la Libertad y la Flotilla Global Sumud han denunciado una “campaña coordinada de abuso, humillación e incitación al odio” contra los 428 activistas detenidos tras la interceptación de las embarcaciones. El comunicado asegura que en las últimas horas se han difundido vídeos donde se observan supuestas agresiones y vejaciones contra los participantes de la misión humanitaria por parte de guardias y militares israelíes.
Las organizaciones también sostienen que más de 85 activistas se encuentran en huelga de hambre para reclamar su liberación y la apertura de un corredor humanitario permanente hacia Gaza. Entre los detenidos figuran médicos, periodistas, juristas, educadores y estudiantes de más de 40 nacionalidades. Según el comunicado, entre ellos hay 41 voluntarios con pasaporte español, procedentes de Catalunya (18), Galicia (7), Euskal Herria (4), Madrid (3), Valencia (3), Andalucía (2), Aragón (2) e Islas Baleares (2).
El comunicado señala además que abogados de Adalah ya han logrado acceder a las instalaciones portuarias para prestar asistencia legal a parte de los detenidos y reclama la intervención de la comunidad internacional para exigir el fin de los supuestos abusos, garantizar el acceso de familiares y representantes legales y abrir una investigación sobre las actuaciones desarrolladas durante la interceptación de la flotilla en aguas internacionales.