La acusación popular unificada del caso "Begoña Gómez" presenta al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que está tratando el caso una petición de penas que van desde los 24 años para la mujer del presidente del Gobierno hasta 6 al empresario oscense Carlos Barrabés, según las diligencias previas en las que solicita la apertura de juicio oral respecto a ambos, a Cristina Álvarez y Francisco Martín. Reclaman a su vez la retirada del pasaporte para Begoña Gómez para evitar un posible "riesgo de fuga", coincidente con su reciente viaje a China.
En el escrito de la acusación unificada, de 81 páginas, se han vertido las aportaciones de las diferentes organizaciones que se han personado, encabezadas por los letrados de Hazte Oír, que incorporan las diligenias penales previas de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Estima la acusación particular, de acuerdo con los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que la trayectoria profesional de Begoña Gómez varió con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, desde el sector privado del márketing, consultoría y captación de fondos en el Grupo Inmark hasta sus posteriores actividades en un "giro radical". Aluden al nombramiento como directora del IE Africa Center en agosto de 2018, las relaciones con la Organización Mundial del Turismo y Wakalua, para impulsar en 2020 la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva sin tener licenciatura universitaria y sin la exigencia de un proceso abierto, con publicidad y competencia en la selección para la Complutense.
En la Calificación Provisional, en la narración de los hechos, apunta que Begoña Gómez, prevaliéndose de su relación conyugal con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, intervino en procedimientos de contratación pública en los que fueron adjudicatarias empresas vinculadas directa o indirectamente a su entorno personal y profesional, en particular al acusado D. Juan Carlos Barrabés, persona relacionada empresarialmente con la sociedad Innova Next SLU y The Valley Digital Business School S.L..
Un primer caso referido es el Expediente adjudicado el 30 de julio de 2021 por Red.es a la UTE de las dos compañías para formación en economía digital dirigida al empleo juvenil con fodos europeos, por 7.778.926,45 euros. Explica las deficiencias de justificación de la fórmula de valoración con exceso de peso de los criterios subjetivos, según el informe de la Intervención General de la Administración del Estado.
Un segundo caso es referido al contrato adjudicado el 2 de agosto, tres días después, por 4,4 millones a la misma unión de empresas, para programas de formación de personas desempleadas en competencias digitales avanzadas, para la que Begoña Gómez firmó una carta de recomendación personal en calidad de codirectora del Máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, en la que avalaba expresamente la propuesta técnica presentada por la UTE, que "tuvo incidencia directa en la puntuación final" según el expediente administrativo.
Ambos contratos fueron adjudicados a las "empresas íntimamente ligadas a D. Juan Carlos Barrabés, quien no sólo co-dirigía el Máster con la acusada, sino que además colaboraba estratégicamente con ambas mercantiles como asesor o socio externo". Estima la acusación popular que Begoña Gómez intervino personalmente, lo que se tipificaría como tráfico de influencias al prevalerse la acusada de su posición y red de contactos.
La acusación popular agrega que la relación entre los dos acusados se encuadra también en la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que estima tuvo incidencia en la adjudicación de los contratos públicos. Las empresas de Barrabés aparecían como colaboradores visibles y parte de su personal figuraba como profesorado.
Un tercer aspecto es el de la creación de herramientas digitales para pymes promovidas desde la Cátedra, en la que intervinieron Telefónica, Google y Minsait (filial de Indra), en cuyas relaciones intervino Barrabés, mientras que el software fue financiado con recursos de la Universidad, sin que conste que tenga reconocida la titularidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial. Por el contrario, Begoña Gómez habría presentado el producto sin mencionar ni a la Complutense ni a los cofinanciadores institucionales, sino bajo marca y titularidad privadas.
Tras explicitar otro punto sobre el papel de Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre, director del Departamento de Asuntos Institucionales de la Presidencia del Gobierno que habría favorecido el mecanismo de contratación de la primera, la acusación popular expondrá la tipicidad en tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Para Begoña Gómez, solicita 24 años de prisión por los cuatro tipos aludidos, mientras que a Cristina Álvarez le piden 22 y medio desde su conocimiento total y su aceptación voluntaria de respaldar a la mujer de Sánchez, y a Carlos Barrabés seis años, además en los tres casos de indemnizaciones conjuntas y solidarias al Estado (Red.es) por valor de 600.000 euros y a cada uno de ellos de diferentes sanciones con multas de cuotas diarias que suman en el caso de la cónyuge del presidente del gobierno de cientos de miles.
UN ACUERDO COMPLEJO
El acuerdo entre las distintas organizaciones de la acusación popular, Hazte Oír, Manos Limpias, Liberum y VOX se ha fraguado desde el auto del juez peinado tras presentar cada una por privado sus proposiciones. Alguna de ellas limitaba la petición de cárcel a 15 años para Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y cuatro para Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares.
Entre las acusaciones particulares, sostienen que las pruebas son sólidas en el caso de la apropiación indebida del software que requeriría además una indemnización a la Complutense, así como los dos contratos de Red.es en que pretenden probar el tráfico de influencias en cadena hasta llegar a Pedro Sánchez.
Todo este proceso sin tener en cuenta los posibles delitos que está investigando la Fiscalía Europea, en algunos casos por los presuntamente cometidos con fondos de la Unión Europea.