La solemnidad habitual de la Audiencia Provincial de Huesca se ha transformado este jueves en un aula poco convencional para cerca de un centenar de alumnos de 3º de ESO (14-15 años) del IES Ramón y Cajal, que han participado en el programa “Educando en Justicia”, una iniciativa impulsada por el Consejo General del Poder Judicial destinada a acercar el funcionamiento de los tribunales a jóvenes y ciudadanos.
Durante cerca de hora y media, los estudiantes han ocupado la misma sala donde habitualmente se celebran juicios por delitos graves en la provincia y han podido descubrir desde dentro cómo funciona la administración de justicia, cuáles son las funciones de jueces, fiscales o abogados y qué principios sostienen el sistema judicial español. Todo ello en una sesión marcada por el tono cercano y didáctico tanto de la presidenta de la Audiencia Provincial, Marina Rodríguez, como del magistrado Eduardo Bernués, que han convertido conceptos jurídicos complejos en ejemplos perfectamente comprensibles para adolescentes.
“Es muy importante que conozcan lo que se hace en los juzgados, que le pierdan un poco ese temor, aunque sí que hay que tener respeto, pero que nos tengan más cercanía y sepan qué derechos tienen y cómo trabajamos aquí”, ha explicado a este periódico Marina Rodríguez. La magistrada ha insistido además en la necesidad de que los jóvenes comprendan que la justicia no es un espacio lejano o inaccesible, sino un servicio público destinado a proteger derechos, resolver conflictos y garantizar la convivencia democrática.
La sesión ha comenzado con una explicación sobre la estructura de los tribunales y los distintos tipos de juzgados existentes en España. Los magistrados han diferenciado el papel de la Audiencia Provincial, encargada de juzgar delitos graves con penas superiores a cinco años -como homicidios, agresiones sexuales o determinadas estafas-, de otros órganos judiciales como los juzgados de Primera Instancia, lo Social o lo Contencioso-Administrativo.
Uno de los asuntos que más interés ha despertado entre los estudiantes ha sido la responsabilidad penal del menor. Los magistrados han recordado que en España se aplica a partir de los 14 años y han advertido de que determinadas conductas que muchos adolescentes consideran simples “chiquilladas” pueden tener consecuencias judiciales importantes. Peleas, lesiones, hurtos o determinados comportamientos en redes sociales pueden derivar en medidas de internamiento, libertad vigilada o antecedentes penales capaces de condicionar el acceso futuro a profesiones como policía, bombero o juez.
La conversación ha prestado también especial atención al uso cotidiano de internet y a los riesgos vinculados a la exposición pública de la vida personal. Tanto Marina Rodríguez como Eduardo Bernués han advertido sobre las consecuencias legales que puede acarrear reenviar contenido íntimo sin consentimiento, manipular fotografías o dejar abiertas cuentas personales en dispositivos ajenos. En este último caso, los magistrados han explicado que, si otra persona utiliza posteriormente ese perfil para cometer una actuación ilícita, la responsabilidad puede recaer inicialmente sobre el titular de la cuenta.
Los jueces han subrayado además que muchas conductas asumidas con aparente normalidad entre adolescentes pueden terminar teniendo relevancia penal y han reflexionado sobre la facilidad con la que hoy se diluyen los límites de la privacidad en el entorno digital.
El carácter pedagógico de la jornada también ha quedado reflejado en la explicación de la simbología judicial. Los alumnos han conocido el significado de la diosa de la justicia con los ojos vendados -como símbolo de objetividad-, la balanza -entendida como equilibrio entre pruebas y argumentos- y la espada, que representa la capacidad del Estado para hacer cumplir las resoluciones judiciales. Los magistrados han explicado además algunas diferencias entre el sistema español y el anglosajón, aclarando que en nuestro país no se utiliza el famoso mazo de las películas norteamericanas y que tradicionalmente los juicios se abrían mediante una campana ceremonial.
La visita ha permitido también acercarse al funcionamiento interno de una sala de vistas. Los estudiantes han conocido el papel del Ministerio Fiscal como defensor de la legalidad y de las víctimas, las funciones de los magistrados, de los abogados de la defensa o del Letrado de la Administración de Justicia. Los jueces han mostrado además elementos poco conocidos para el público general, como las togas, las “puñetas” que distinguen a los magistrados y los sistemas de grabación permanente de las salas. Incluso han explicado cómo se protege a determinadas víctimas mediante pantallas o conexiones desde otras dependencias para evitar que tengan que declarar frente al acusado.
JUECES, FISCALES, TESTIGOS Y ACUSADOS
Uno de los momentos más participativos de la mañana ha llegado con la recreación de un juicio simulado en el que varios alumnos han asumido los papeles de magistrados, fiscal, defensa, testigos o acusados. A través de un supuesto de robo con violencia en una tienda de ropa, los estudiantes han podido comprobar cómo se desarrollan los interrogatorios, qué importancia tiene la práctica de la prueba y cómo se construye una sentencia.
La actividad ha servido además para introducir uno de los principios fundamentales del derecho penal español: la presunción de inocencia. Los magistrados han insistido en que no basta con sospechar o intuir una culpabilidad, sino que es imprescindible acreditar los hechos mediante pruebas suficientes, grabaciones, testigos o informes periciales antes de condenar a una persona.
La explicación ha derivado también hacia cuestiones de mayor profundidad institucional, como la separación de poderes y la independencia judicial. Marina Rodríguez ha defendido ante los alumnos que los jueces resuelven aplicando exclusivamente las leyes aprobadas y no en función de sus opiniones personales o ideológicas. La magistrada ha subrayado que el poder judicial constituye uno de los pilares esenciales del Estado democrático precisamente porque actúa como garante frente a posibles abusos y porque sus resoluciones deben sustentarse únicamente en el principio de legalidad.
La jornada ha terminado con un turno abierto de preguntas en el que los estudiantes han consultado cuestiones relacionadas con divorcios, delitos leves, antecedentes penales, oposiciones o el trabajo diario de abogados y magistrados. El diálogo, desarrollado con un tono muy cercano, ha permitido desmontar muchas ideas preconcebidas sobre el funcionamiento de los tribunales y acercar el lenguaje jurídico a situaciones reconocibles para los propios adolescentes.
El profesor Sergio Martínez, que ha acompañado al grupo durante la visita, ha subrayado la utilidad de este tipo de iniciativas para mostrar a los alumnos una realidad institucional que habitualmente perciben como lejana. “Es importante que conozcan algo que muchas veces creemos que es un gran desconocido, que es la administración de justicia, y así los chavales lo ven en primera persona”, ha señalado.
Más allá de las explicaciones técnicas o de la curiosidad que siempre despierta acceder a una sala de vistas real, la actividad ha dejado una reflexión que tanto Marina Rodríguez como Eduardo Bernués han repetido a lo largo de toda la mañana: detrás de muchos procedimientos judiciales existen decisiones aparentemente impulsivas que pueden terminar condicionando la vida de una persona durante años. “Es importante que conozcan lo que hacemos aquí y las consecuencias que pueden tener determinados actos”, había señalado previamente la presidenta de la Audiencia Provincial.
Los magistrados han insistido en que comprender la justicia no significa únicamente conocer normas o sanciones, sino también asumir la responsabilidad que acompaña a determinadas conductas, especialmente en edades tempranas. Y pocas enseñanzas resultan tan eficaces como escucharlas precisamente en el mismo lugar donde esas consecuencias dejan de ser abstractas para convertirse en realidad.