Las seis organizaciones sindicales convocantes de la huelga educativa en Huesca han exigido este miércoles un cambio profundo en el funcionamiento de la Inspección Educativa, con siete medidas que incluyen el cese del inspector jefe provincial, la eliminación de los "mínimos imprescindibles", la revisión independiente de las sanciones cuestionadas y la unificación de criterios en las tres provincias aragonesas. Las reivindicaciones figuran en el manifiesto leído durante la concentración celebrada en una abarrotada plaza de Cervantes, en la que han participado docentes, estudiantes, familias y vecinos.
CSIF, CGT, HUSTE-STEA, CCOO, UGT y ANPE concretan sus demandas en siete puntos: eliminar los "mínimos imprescindibles" en Huesca; unificar los criterios de actuación inspectora en Aragón para garantizar la igualdad de trato y la seguridad jurídica; revisar de forma externa e independiente las sanciones impuestas en los procedimientos controvertidos; cesar al inspector jefe para abrir una nueva etapa de diálogo y transparencia; implantar un modelo inspector basado en el asesoramiento, la prevención, la mejora y el acompañamiento; reconocer la dignidad profesional y la autonomía de los trabajadores de la enseñanza; y garantizar la libertad sindical y el ejercicio de los derechos fundamentales sin represalias por la defensa de los derechos laborales.
El manifiesto cuestiona la independencia de la Jefatura de Inspección en los términos defendidos por la Consejería de Educación, ya que, según los sindicatos, sus responsables son nombrados por el secretario general técnico a propuesta de la Dirección Provincial. Las organizaciones también ponen en duda el clima de confianza con la Inspección al que se ha referido la consejera y advierten de que la independencia administrativa no puede eximir de responsabilidades.
Por ello, reclaman que las actuaciones inspectoras se sometan a los principios de legalidad, transparencia, objetividad y rendición de cuentas. En este ámbito, señalan al secretario general técnico del Departamento de Educación como responsable, dentro de sus competencias, de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y de establecer mecanismos efectivos de control. Asimismo, piden que cualquier posible irregularidad se investigue con rigor y garantías.
Como ejemplos de las actuaciones que consideran desproporcionadas, citan el apercibimiento a la dirección de un centro por dar la palabra en un consejo escolar a la presidenta del AMPA, que había acudido como invitada; el apercibimiento a un docente por utilizar un formulario de Google para realizar una encuesta y a la dirección por permitirlo, pese a que se retiró en cuanto se indicó que no era el formato adecuado; y la apertura de un expediente a un profesor por recoger firmas de apoyo a sus compañeros del IES Ramón y Cajal. A partir de estos casos, reclaman que una revisión externa determine si los procedimientos y las decisiones adoptadas fueron adecuados y proporcionados.
La libertad sindical constituye otro de los ejes de la protesta. Los convocantes denuncian la propuesta de sancionar a un docente con diez meses de suspensión de empleo y sueldo tras unas declaraciones en prensa en las que señaló una presunta irregularidad de la Jefatura de Inspección en el IES Ramón y Cajal. Recuerdan que la representación de los trabajadores y el ejercicio de la actividad sindical son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, y exigen que puedan ejercerse sin represalias por denunciar posibles irregularidades o defender los derechos laborales.
Las organizaciones defienden una Inspección profesional, rigurosa y exigente, pero también justa, proporcionada y transparente, cuya función sea asesorar a los equipos directivos y al profesorado y contribuir a mejorar los centros, en lugar de generar una sensación permanente de vigilancia e incertidumbre. Para ello, consideran imprescindible que las normas se interpreten de forma homogénea y que los criterios sean públicos y conocidos de antemano.
El manifiesto también reprocha a la consejera de Educación que no haya respondido a la solicitud formal de reunión presentada por los sindicatos mediante registro oficial antes de la huelga, pese a haber afirmado en prensa que mantenía abierta la puerta al diálogo. Las organizaciones cuestionan que no se haya atendido su petición en vísperas de una movilización convocada precisamente para reclamar una solución al conflicto.
Los convocantes sostienen que la situación trasciende las actuaciones concretas y las sanciones, pues afecta a la confianza de los profesionales en la Administración, a su autonomía y a las condiciones en las que desempeñan su trabajo. Niegan que busquen privilegios y exigen garantías para ejercer la docencia sin temor a decisiones arbitrarias.
El texto concluye con el compromiso de mantener la movilización junto a la comunidad educativa y con una advertencia: "No vamos a normalizar el miedo, no vamos a aceptar el silencio como respuesta y no vamos a renunciar a defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza".
"Frente al miedo, unidad. Frente a la arbitrariedad, garantías. Frente al silencio, movilización", proclaman los sindicatos, que reivindican una educación pública de calidad, la dignidad de sus profesionales y una Inspección Educativa al servicio de los centros y de la comunidad educativa.
EL ALUMNADO Y EL PROFESOR
Tras la lectura del manifiesto, seis alumnos y alumnas del IES Ramón y Cajal, organizados bajo el nombre de "Libres de censura", han tomado la palabra para expresar su apoyo a su profesor de Historia, Sergio Martínez, conocido como Pichi, y denunciar lo que consideran una injusticia. Han explicado que decidieron movilizarse al considerar que, si no podían frenar la situación los sindicatos y los docentes, también ellos debían implicarse.
Han reivindicado el papel de la educación en la preparación de los jóvenes para la vida adulta y han advertido de que la presión sobre el profesorado amenaza tanto la calidad de la enseñanza como al alumnado. "Nosotros hoy gritamos no solo por Sergio, sino también por nuestro futuro", ha afirmado uno de los estudiantes, que ha concluido su intervención con una petición de dimisión dirigida al inspector jefe, Iñaki Polo. Al terminar, los asistentes han coreado: "Polo se va, Pichi se queda".
Los estudiantes han defendido también la necesidad de proteger a los docentes que se esfuerzan por desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y han reclamado una respuesta ante lo que consideran una presión excesiva de la Inspección sobre el profesorado de Huesca. En su intervención, han recordado que la educación obligatoria acompaña a los alumnos desde Infantil hasta cuarto de ESO y constituye la preparación para la vida adulta. "No podemos empezar este mundo sin una buena educación que se está viendo muy amenazada por una inspección que no se preocupa de la gente que nos prepara para salir al mundo", ha afirmado uno de ellos, que ha reclamado protección y respaldo para los profesionales de la enseñanza.
A continuación, Sergio Martínez, para quien se ha propuesto una sanción de diez meses de empleo y sueldo, ha agradecido el respaldo de quienes han secundado la huelga educativa y han acudido a la concentración. El docente ha calificado la movilización de "histórica" y ha destacado que, según su experiencia, es la primera vez que se organiza una huelga provincial para reclamar el cese de un funcionario de la Administración. Martínez ha cuestionado la independencia atribuida a la Jefatura de Inspección por la consejería de Educación, puesto que su titular ha sido nombrado por el secretario general técnico.
También ha querido trasladar el protagonismo de la protesta al conjunto del profesorado y ha advertido de que el conflicto no debe interpretarse como una causa personal. "Creo que no es la huelga de Sergio ni de Pichi, es la huelga de todos y todas, los que todos los días intentamos hacer lo mejor posible nuestro trabajo", ha afirmado. En este sentido, ha denunciado la carga burocrática que soportan los centros educativos, con procedimientos que, según ha señalado, no comprenden ni los propios docentes ni el alumnado ni las familias, porque no contribuyen a mejorar su labor cotidiana.
El profesor también ha tenido palabras de reconocimiento para sus compañeros del IES Ramón y Cajal, que llevan dos años afrontando una situación muy complicada. Ha destacado el esfuerzo de los profesionales del centro, que, según ha manifestado, han tenido que trabajar en condiciones difíciles mientras su credibilidad quedaba expuesta al debate público por cuestiones ajenas a su desempeño en las aulas. Asimismo, ha señalado que la participación de algunos docentes en la concentración se ha visto limitada por unos servicios mínimos que considera abusivos.
El docente ha defendido además la labor de los representantes sindicales, tanto de su organización como del resto de centrales convocantes. Ha reconocido que se trata de una tarea a menudo ingrata y poco agradecida, pero ha subrayado su importancia para trasladar las reivindicaciones de los trabajadores de la enseñanza. "Al final somos su voz y si nos tapan la voz no nos va a quedar mucho más donde protestar", ha advertido.
Por último, Martínez ha animado al profesorado a participar en las elecciones sindicales previstas para diciembre y ha insistido en la importancia de acudir a votar para reforzar la representación de los trabajadores ante la Administración. También ha recordado que existe la posibilidad de emitir el voto por correo.
La protesta ha dejado numerosos mensajes en las pancartas, con lemas como "No a las sanciones injustas", "No queremos profes desbordados", "Más pedagogía, menos burocracia", "No queremos centros polarizados" y "Queremos enseñar, no vivir con ansiedad". Otros carteles han expresado el respaldo directo al profesor, con mensajes como "Sergio, no estás solo", "Todos estamos con Pichi" y "Profesor sancionado, alumnado indignado", además de reclamar una Inspección Educativa útil y justa.