Amnistía Internacional ha presentado su informe anual sobre el estado de los derechos humanos a nivel global, un documento que alerta sobre un preocupante deterioro de las libertades fundamentales en numerosos países.
En él, con fecha de abril de 2025, la organización denuncia el avance de prácticas represivas, el debilitamiento de garantías básicas incluso en democracias consolidadas y la falta de respuestas institucionales ante múltiples crisis humanitarias. España no queda al margen de estas advertencias, y el informe señala situaciones graves relacionadas con los derechos civiles, el acceso a la vivienda, la gestión de la migración y la respuesta a desastres climáticos.
En el caso español, Amnistía Internacional destaca que la llamada “Ley Mordaza” continúa en vigor, a pesar de las promesas gubernamentales de reformarla. Según el informe, esta normativa ha sido utilizada para procesar e incluso encarcelar a personas por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
Uno de los ejemplos más alarmantes es el de los conocidos como “Seis de Zaragoza”, que llevan meses en prisión tras ser condenados únicamente con base en la versión policial de los hechos, sin pruebas independientes.
El informe también aborda la situación del derecho a la vivienda. Si bien reconoce que la nueva ley aprobada representa un avance, advierte que aún no garantiza el acceso efectivo a un techo digno, especialmente en el caso de personas jóvenes que buscan emanciparse y personas migrantes.
En este contexto, el número de desahucios aumentó en 2024, alcanzando la cifra de 27.564 casos, lo que pone en evidencia que las medidas adoptadas son aún insuficientes.
Otro aspecto señalado es la gestión de la DANA que afectó al levante español, un fenómeno climático extremo que causó 235 muertes, 227 de ellas en la provincia de Valencia.
Amnistía Internacional critica la respuesta institucional, calificándola de negligente, y señala que provocó una grave vulneración de derechos humanos, como el derecho a la vida, la integridad física y el acceso a información clara y oportuna durante la emergencia.
En relación con las políticas migratorias, el informe advierte sobre las condiciones indignas que enfrentan los niños y niñas internados en los centros de acogida. La situación es especialmente grave en Canarias, donde se documenta hacinamiento, castigos desproporcionados y una atención claramente insuficiente.
Además, Amnistía Internacional echa en falta una implicación más firme por parte de España en la denuncia del genocidio en Gaza, aunque reconoce que ha sido uno de los pocos países europeos que ha adoptado ciertas medidas concretas en este ámbito.
En el plano internacional, el informe pinta un panorama profundamente preocupante. Denuncia una expansión global del autoritarismo, con medios de comunicación clausurados, partidos políticos disueltos, ONG prohibidas y personas críticas encarceladas.
Estas medidas afectan de forma particular a quienes expresan apoyo al pueblo palestino, a activistas contra el cambio climático, a mujeres, personas LGBTQI+ y a defensores y defensoras de los derechos humanos.
Estados Unidos protagoniza uno de los retrocesos más notorios, intensificando restricciones que ya venían consolidándose en años anteriores. Amnistía señala que la deriva autoritaria de la administración Trump ha servido de inspiración para políticas represivas en otros países, con consecuencias negativas sobre los derechos básicos de millones de personas.
Pese a este escenario, el informe destaca la existencia de importantes focos de resistencia. La Corte Internacional de Justicia ha declarado ilegal la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania, mientras que la Corte Penal Internacional ha emprendido acciones legales contra altos cargos de Israel, Libia, Myanmar y Rusia.
En paralelo, millones de personas han salido a las calles en todo el mundo para defender libertades conquistadas que hoy están en peligro, reafirmando el papel del activismo como motor de cambio social.
Sin embargo, Amnistía Internacional advierte que el actual funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se mantiene el derecho a veto de varias potencias, está debilitando gravemente la arquitectura internacional de derechos humanos y facilitando la impunidad de quienes los violan.
Esta inacción se hace patente en situaciones como el aumento de víctimas civiles en Ucrania a causa de ataques rusos, el conflicto en Sudán -que ha provocado la mayor crisis de desplazamientos internos a nivel mundial-, el uso sistemático de la violencia sexual como arma de guerra en conflictos como los de Sudán, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, o la guerra abierta de los talibanes afganos contra los derechos de las mujeres.
El análisis final de Amnistía Internacional es contundente: se está generalizando un modelo de poder que antepone los beneficios económicos a los valores de igualdad, justicia y dignidad humana. Como afirma Agnès Callamard, secretaria general de la organización, en el prefacio del informe, la esperanza está en las organizaciones de la sociedad civil, que se han convertido en los núcleos de resistencia frente a los abusos del poder y en la primera línea de defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.