ANPE alerta del deterioro del servicio educativo por la falta de sustituciones docentes

El sindicato denuncia ante el Justicia de Aragón un inicio de trimestre con plantillas incompletas

DH
02 de Febrero de 2026
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Concentración en Huesca en la primera jornada de la huelga de educación celebrada recientemente.
Concentración en Huesca en la primera jornada de la huelga de educación celebrada recientemente.

ANPE Aragón ha presentado una queja formal ante el Justicia de Aragón por la reducción injustificada en la cobertura de sustituciones docentes en la enseñanza pública durante el curso 2025-2026. El sindicato ha advertido de un grave impacto en el funcionamiento de los centros y ha anunciado que estudia nuevas acciones legales ante lo que considera una dejación de funciones por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

La denuncia se ha apoyado en un informe comparativo del primer trimestre del curso que, según ANPE, acredita decisiones de planificación que han afectado de forma directa al derecho del alumnado a recibir docencia efectiva. El sindicato ha subrayado que los hechos no responden a incidencias puntuales, sino a medidas estructurales que han reducido de manera significativa la cobertura de bajas y ausencias previsibles.

Uno de los aspectos más graves señalados ha sido el inicio del segundo trimestre sin sustituciones docentes ordinarias ya cubiertas. El alumnado regresó a las aulas el 7 de enero sin que se hubieran realizado los llamamientos necesarios, lo que obligó a los centros a funcionar durante varios días con plantillas incompletas y a recurrir de forma generalizada a guardias y reorganizaciones internas. Las primeras incorporaciones de profesorado sustituto no se produjeron hasta cinco días después del reinicio de la actividad lectiva.

ANPE ha recalcado que esta situación no se había producido en cursos anteriores, cuando los llamamientos se realizaban durante el periodo no lectivo de Navidad para garantizar la normalidad desde el primer día. A su juicio, la falta de previsión ha supuesto una ruptura de la continuidad educativa y una sobrecarga añadida para los equipos docentes.

El sindicato ha denunciado además que entre el 1 de diciembre y el 8 de enero se paralizó la cobertura ordinaria de sustituciones en la red pública, pese a tratarse de bajas, permisos y jubilaciones conocidas con antelación. Durante ese periodo, que incluyó más de tres semanas lectivas efectivas, los centros mantuvieron la actividad con recursos humanos insuficientes, con consecuencias directas en la organización escolar y en las condiciones de trabajo del profesorado.

En Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, ANPE ha señalado un recorte adicional, al haberse eliminado desde el inicio del curso el doble llamamiento semanal de sustituciones, reducido ahora a una única convocatoria los lunes. Esta medida ha supuesto, según el sindicato, una reducción de aproximadamente el 50 % en la incorporación de profesorado sustituto en estas etapas, con retrasos sistemáticos en la cobertura de vacantes.

La presidenta de ANPE Aragón, Teresa Hernández, ha afirmado que lo ocurrido en enero “no fue un imprevisto, sino una falta grave de planificación” y ha advertido de que el sistema educativo público “ha funcionado durante días con la plantilla bajo mínimos”, una situación que el sindicato considera inaceptable en un servicio esencial.

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El impacto de estas decisiones ha sido especialmente acusado en el medio rural, donde la red pública es en muchos casos la única oferta educativa disponible. ANPE ha alertado de que la falta de sustituciones ha intensificado las desigualdades territoriales y ha comprometido la equidad del sistema.

PETICIÓN AL JUSTICIA

En su escrito, ANPE ha solicitado al Justicia de Aragón que requiera explicaciones al Departamento de Educación y emita recomendaciones para garantizar una cobertura mínima y razonable de sustituciones, especialmente en periodos críticos, restablecer el doble llamamiento semanal en enseñanzas medias, evitar diferencias injustificadas entre etapas y asegurar una prestación continua y eficaz del servicio público educativo.

El sindicato ha reiterado que no va a normalizar una situación que considera anómala y ha avanzado que continuará utilizando todas las vías institucionales y legales para defender una educación pública con planificación, recursos suficientes y condiciones equitativas para alumnado y profesorado.

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