La Consejería de Bienestar Social y Familia de Aragón ha solicitado en el Consejo de Gobierno la declaración administrativa de emergencia para poder "atender con mayores recursos a las decenas de migrantes trasladados desde Canarias a la comunidad", que se encuentran en una "grave situación de vulnerabilidad", especialmente en el caso de los menores no acompañados.
Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, que ha justificado esa decisión para poder dar cobertura inmediata a esta situación excepcional a través de mecanismos de contratación de emergencia.
En total, desde el 7 de noviembre y hasta la fecha actual, 72 migrantes se han declarado menores no acompañados, lo que supone un coste total de 490.680 euros, de acuerdo con el precio por plaza y día acordado por las comunidades autónomas. En concreto, 37 en la provincia de Huesca, 26 en la provincia de Teruel y 9 en la provincia de Zaragoza; de todos ellos, 21 menores ya han sido alojados en las plazas disponibles del sistema de protección y 51 siguen pendientes de realojar.
El Gobierno de Aragón señala que esa decisión permitirá reforzar la atención de estos migrantes porque esta realidad implica un “tratamiento diferente” al de los menores en situación de desprotección que ya estaban siendo atendidos por los servicios sociales aragoneses. En concreto, el servicio de Infancia y Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha tenido que acometer de forma urgente una reestructuración de los recursos y equipos que operan dentro del sistema de protección a los menores para atender de manera integral a estos recién llegados.
Esta decisión permitirá financiar la habilitación de nuevas plazas residenciales, reforzar con más celeridad los equipos de atención con técnicos especialistas de varios perfiles y contar con recursos adicionales para facilitar la determinación de la edad de varios de esos migrantes.