El Departamento de Educación, Cultura y Deporte iniciará el próximo curso 2026-2027 la concertación del Bachillerato en Aragón, una medida que podría beneficiar a unas 1.900 familias con cuotas de entre 18 y 36 euros mensuales como máximo, según ha informado la administración autonómica.
La consejera en funciones, Tomasa Hernández, ha avanzado que el Boletín Oficial de Aragón publicará la orden que permitirá por primera vez suscribir conciertos educativos de carácter singular para el Bachillerato, incorporando estas enseñanzas postobligatorias al sistema de financiación pública previsto por la ley. La responsable autonómica ha subrayado que la iniciativa responde a una demanda de las familias y se apoya en el artículo 27 de la Constitución, que reconoce la libertad de enseñanza.
El despliegue será progresivo y comenzará por primer curso, con un máximo de 65 unidades en una veintena de centros, con previsión de extenderse posteriormente a toda la etapa. Hernández ha señalado que el Bachillerato concertado permitirá acceder a una educación de calidad sin que el factor económico actúe como barrera y contribuirá al pluralismo educativo.
La medida facilitará además la continuidad del alumnado en el mismo centro, de modo que las familias que han optado por un colegio concertado puedan mantener esa elección durante todas las enseñanzas no universitarias. En Aragón, ocho centros ya ofrecen esta posibilidad, implantada también en comunidades como País Vasco, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
La orden modifica la convocatoria de conciertos educativos del pasado mes de noviembre para incorporar el Bachillerato concertado y abre un plazo de diez días para presentar solicitudes. Aquellos centros que ya hubieran iniciado el procedimiento no deberán repetirlo, al reconocerse su validez con carácter retroactivo.
El modelo de concierto singular permitirá fijar módulos económicos con una aportación máxima de las familias de entre 18 y 36 euros mensuales, frente a los cerca de 400 euros que cuesta de media el Bachillerato en centros privados. La resolución definitiva se prevé para el mes de mayo.
Los criterios de adjudicación priorizarán a los centros que ya tengan concertadas las enseñanzas obligatorias y limitarán la concesión a las unidades autorizadas y en funcionamiento en el presente curso. La normativa garantizará, además, principios de equidad, planificación educativa y atención al alumnado con necesidades específicas, ajustándose a las necesidades de escolarización del territorio.
Hernández ha concluido que esta iniciativa permite avanzar hacia un modelo educativo “plural”, basado en la libertad de elección de las familias y en la igualdad de oportunidades.