El Gobierno de Aragón, a través del Servicio Aragonés de Salud, ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos médicos CESM Aragón y FASAMET para mejorar las condiciones profesionales del personal facultativo y reforzar la atención sanitaria. El pacto, que se desarrollará entre 2027 y 2029, contempla, entre otras medidas, una subida de diez euros en el valor de la hora de guardia, el reconocimiento retributivo del nivel IV de carrera profesional y un incremento del 25 % en las guardias realizadas una vez superadas las 720 horas anuales de jornada complementaria.
El acuerdo establece un incremento acumulativo de diez euros por hora de atención continuada durante los próximos tres años: cuatro euros en 2027, tres en 2028 y otros tres en 2029, con efectos económicos desde el 1 de enero de cada ejercicio. La hora de guardia en festivo aumentará también en la proporción correspondiente.
Según el texto del pacto, esta mejora permitirá aproximar las retribuciones de los facultativos aragoneses a las de otros servicios de salud y reducir la diferencia entre el valor de la hora de guardia y el de la jornada ordinaria. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que "mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales sanitarios es invertir en la salud de los ciudadanos de Aragón".
El acuerdo prevé además que en 2030 se revisen las cuantías tomando como referencia el valor de la hora de guardia de presencia física en día laborable vigente a 31 de diciembre de 2029 en las cinco comunidades autónomas peninsulares con las retribuciones más elevadas por este concepto. Si Aragón se situara por debajo de la media de esas cinco comunidades, se aplicaría el incremento necesario para situarse dentro de ese grupo.
Otra de las medidas afecta a las guardias de presencia física realizadas en el centro de adscripción una vez alcanzadas las 720 horas anuales de jornada complementaria. Estas guardias tendrán un incremento del 25 % sobre el valor de la hora de atención continuada vigente en cada ejercicio, una mejora que se aplicará a las realizadas desde el 1 de enero de 2027.
En materia de carrera profesional, el pacto reconoce y retribuye el nivel IV al personal licenciado sanitario que reúna los requisitos establecidos. La medida tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027 y no tendrá carácter retroactivo. Su implantación será progresiva, con el abono del 40 % en 2027, del 70 % en 2028 y del 100 % a partir de 2029.
El acuerdo contempla también una convocatoria extraordinaria en el segundo trimestre de 2027 para el personal licenciado sanitario que acumule más de 22 años de servicios prestados a 31 de diciembre de 2026. Este colectivo podrá acceder al nivel IV sin acreditar los criterios ordinarios de los factores de evaluación, manteniendo el mismo calendario de implantación económica.
Junto a las mejoras retributivas, el pacto prevé la creación de tres grupos de trabajo. El primero estudiará medidas organizativas destinadas a mejorar la accesibilidad a la asistencia sanitaria, optimizar los recursos y contribuir a reducir los tiempos de espera tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria.
Este grupo analizará aspectos como la organización de la actividad asistencial, la distribución del tiempo de trabajo, la jornada vespertina y el incremento de la capacidad resolutiva de los centros. También abordará la demora superior a 72 horas en Atención Primaria, en cumplimiento del Acuerdo de 2023.
Los otros dos grupos estudiarán, respectivamente, el impacto de una eventual reducción de la edad de exención de las guardias, con el objetivo de avanzar progresivamente en esa medida, y la evolución futura del modelo de atención continuada del Servicio Aragonés de Salud.
El acuerdo incluye finalmente una Comisión de Seguimiento, formada por representantes del Servicio Aragonés de Salud y de las organizaciones sindicales firmantes. Este órgano se reunirá cada seis meses o cuando lo solicite alguna de las partes para supervisar el desarrollo de las medidas previstas.
El Gobierno de Aragón sostiene que las actuaciones pactadas contribuirán a reducir las demoras asistenciales, aumentar la capacidad resolutiva y mejorar la cobertura de puestos de difícil cobertura, además de favorecer un sistema sanitario público más atractivo, eficiente y sostenible. El texto del acuerdo vincula estas mejoras profesionales con una atención sanitaria de mayor capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía.