El Gobierno de Aragón ha autorizado recurrir el Real Decreto de regularización de inmigrantes tras advertir de su impacto en los servicios públicos y la falta de transparencia del Estado, una decisión adoptada este miércoles en el Consejo de Gobierno para iniciar acciones judiciales contra la norma aprobada por el Ejecutivo central.
El Ejecutivo autonómico en funciones ha dado luz verde a la Dirección General de Servicios Jurídicos para interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 316/2026, aprobado el pasado 14 de abril, que modifica el reglamento de la Ley de Extranjería y abre la puerta a un proceso extraordinario de regularización. La iniciativa ha partido de la Consejería de Bienestar Social y Familia.
Aragón fundamenta su impugnación en la falta de transparencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que reprocha no haber respondido a las alegaciones presentadas por la comunidad autónoma el pasado mes de febrero. Además, denuncia que el Gobierno de España no ha detallado el impacto económico de la medida ni ha previsto la carga administrativa que supondrá para ámbitos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
El Ejecutivo autonómico considera que la norma puede comprometer la calidad de los servicios públicos y la seguridad jurídica, al tiempo que advierte de un posible “efecto llamada” y de un agravio comparativo respecto a los ciudadanos extranjeros que cumplen los requisitos legales para residir en España.
La interposición del recurso marca el inicio de la vía judicial que el Gobierno de Aragón ha decidido agotar, al entender que se trata de una decisión adoptada de forma unilateral y sin diálogo con las comunidades autónomas.