El gobierno municipal va a encargar una auditoría externa que evalúe el proyecto de Centro de Emergencias (CES) aprobado por el anterior equipo de gobierno socialista, con el objetivo "de determinar si la petición de modificación del proyecto instada por la empresa adjudicataria puede asumirse o es necesario proceder a la resolución del contrato y a una nueva licitación".
En enero, la Junta de Gobierno Local acordó un incremento del presupuesto de 7 % para afrontar un modificado que permitiera incrementar algunos aspectos del proyecto no recogidos cuando se aprobó el mismo a finales del pasado mandato. Sin embargo, recibido el proyecto modificado, los servicios técnicos municipales han determinado que la valoración económica de estos cambios supera el valor del incremento autorizado por la Junta de Gobierno.
Las modificaciones que reclama la constructora podrían superar el 15 % el incremento máximo que autoriza la normativa de contratos. En esta situación, el gobierno consistorial ha optado por encargar una auditoria a un gabinete externo para contar con una tercera opinión.
El equipo de gobierno, asegura en un comunicado, adoptará una decisión a partir de este dictamen, teniendo en cuenta dos cuestiones fundamentales: que la empresa ha pedido ya un incremento sustancial con la obra apenas comenzada y que no dudará en instar la resolución del contrato si es necesario.
El proyecto fue aprobado en marzo del 2023 por el anterior equipo de gobierno. "En el traspaso de poderes se abordó esta cuestión sin que se informara de que no existía previsión económica para llevarlo a cabo, aunque se había anunciado el comienzo de las obras para 2023", asegura el actual.
El presidido por Lorena Orduna "negoció la financiación con el Gobierno de Aragón para incluirlo en los presupuestos de 2024 y la obra comenzó el mes de junio de ese año", agrega. En noviembre se comunicó por la empresa constructora la existencia de problemas que no habían sido tenidos en cuenta, como la presencia de amianto en algunos derribos y la necesidad de modificar el trazado de una línea de servicios de telefonía.
Estas cuestiones, asegura el equipo de gobierno, se solucionaron, pero semanas después se recibió la solicitud de modificación del proyecto, en la que se ha venido trabajando estos últimos meses.