El desarrollo del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ha abierto un contraste de posiciones entre el Ayuntamiento de Huesca y la Subdelegación del Gobierno, que mantienen visiones diferentes sobre su impacto en los servicios municipales y su aplicación práctica en la ciudad.
Desde el consistorio se ha trasladado una preocupación detallada por las lagunas jurídicas del procedimiento y por la falta de criterios técnicos que permitan a los servicios municipales actuar con garantías. En concreto, se advierte de que la aplicación del Real Decreto 316/2026 obliga a los profesionales a emitir informes sobre situaciones —como la irregularidad administrativa— que quedan fuera de su ámbito competencial, sin que existan indicadores objetivos para evaluar la vulnerabilidad.
El Ayuntamiento sostiene además que la norma vincula de forma automática la situación administrativa con la vulnerabilidad, lo que, a su juicio, resta sentido al certificado exigido y genera inseguridad jurídica tanto para los técnicos como para las personas solicitantes. A ello se suma la falta de financiación estatal y de previsión sobre el volumen de expedientes, lo que podría traducirse en una sobrecarga para áreas como los servicios sociales, la atención al público o los registros municipales.
En este contexto, el gobierno local alerta de un posible impacto en la prestación ordinaria de los servicios, al entender que el proceso se ha planteado sin planificación ni coordinación suficiente con las entidades locales, que serán las encargadas de gestionar buena parte de los trámites.
Frente a esta posición, la Subdelegación del Gobierno defiende que el procedimiento responde a una normalización administrativa dirigida a personas que ya residen y trabajan en el territorio, y que deben acreditar su permanencia desde antes del 1 de enero de 2026 y durante un periodo mínimo de cinco meses.
El subdelegado, José Carlos Campo, ha señalado que, hasta el momento, el proceso se está desarrollando en Huesca y en el conjunto de la provincia “sin incidencias reseñables”, sin que se haya registrado un incremento significativo de la afluencia en los servicios municipales. En la misma línea, ha indicado que la tramitación en los puntos de la Administración General del Estado, como Correos y el INSS, se realiza con normalidad mediante el sistema de cita previa.
En relación con las dudas planteadas por el Ayuntamiento, el Gobierno ha informado de que la Secretaría de Estado de Migraciones ha remitido una comunicación a la FEMP con criterios específicos sobre el certificado de vulnerabilidad y se ha puesto a disposición de los municipios para trasladar esta información y resolver posibles cuestiones técnicas.
Campo ha insistido en que dicho certificado “solo se requiere en casos específicos” y que su regulación ya estaba recogida en la documentación oficial del proceso, publicada por el Ministerio, rechazando que exista falta de información en este ámbito.
Asimismo, el subdelegado ha cuestionado la forma en la que se ha canalizado la petición de información, al afirmar que “la lealtad institucional es realizar una consulta por los canales habituales entre instituciones, no enviando una carta a la vez que una nota de prensa”, y ha considerado que en Huesca “no existe un problema en la atención” relacionado con este procedimiento.
El representante del Gobierno ha vinculado también este debate con un contexto político más amplio y ha defendido el carácter de Huesca como ciudad abierta, en la que la población migrante forma parte de la vida social, cultural y económica. En este sentido, ha subrayado que estas personas tienen derecho a acceder a los servicios administrativos en igualdad de condiciones.
Como referencia, ha mencionado el caso de Lleida, donde el Ayuntamiento ha habilitado refuerzos específicos para facilitar la tramitación, en un contexto con mayor volumen de población migrante, como ejemplo de respuesta organizativa ante este tipo de procesos.
Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene la necesidad de contar con seguridad jurídica, recursos suficientes y directrices claras para poder asumir la gestión sin afectar al funcionamiento ordinario de los servicios públicos, en un escenario que ambas administraciones coinciden en que deberá evaluarse conforme avance el procedimiento.