Los ayuntamientos del Reino de los Mallos anuncian que emprenderán todas las vías judiciales necesarias, incluida la penal, que ya se encuentra en estudio, para exigir responsabilidades por el incendio declarado este lunes en el entorno de la A-132, en las Peñas de Riglos. La decisión llega después de meses de malestar por las obras de la carretera y mientras vecinos y empresas de la zona reclaman explicaciones sobre las condiciones en las que se estaban desarrollando los trabajos y sobre el origen del fuego.
“El incendio de hoy no es un accidente aislado. Es la consecuencia directa de ignorar advertencias, de despreciar a los vecinos, de actuar sin procedimiento, sin control y sin respeto institucional. El territorio quiere saber quién va a asumir responsabilidades, quién va a explicar por qué no se atendieron las alertas, quién va a responder por un riesgo que podía haberse evitado y que ha puesto en peligro a toda la población del entorno y a toda su economía”, señalan vecinos y afectados por las obras en la A-132.
Recogen en un comunicado que el gravísimo incendio declarado en el entorno de la A‑132, “en la zona de acopio de materiales utilizada por la empresa adjudicataria de la ejecución de la obra, ha confirmado de la forma más dura posible la negligencia continuada del Gobierno de Aragón. No era una alarma exagerada, no era una preocupación teórica, era un riesgo real que hoy se ha manifestado con una violencia que la propia vicepresidenta del Gobierno ha reconocido públicamente. Y todo apunta al origen del foco en el trabajo con una radial en la zona de almacén”, indican.
Mientras el fuego avanza “y no sabremos las consecuencias finales, el territorio sigue sin recibir ni un solo documento técnico por parte de la Dirección General de Carreteras a pesar de los requerimientos formales”, respecto al permiso medioambiental, autorización de voladuras, informe de regulación del tráfico, evaluación de riesgos, acreditación de itinerarios alternativos y justificación técnica.
“La Jefatura Provincial de Tráfico tampoco ha respondido a los requerimientos sobre la seguridad vial de la A‑132 cuando permanece “abierta”, pese a las deficiencias que, curiosamente, comenzaron a corregirse únicamente cuando la Guardia Civil pasó por la obra el día 27 -día de corte y movilización-, y fue a petición de los afectados”, afirma.
“El Gobierno de Aragón ha preferido mirar hacia otro lado. Hoy ese mirar hacia otro lado se ha convertido en destrucción, en riesgo extremo y en un daño irreparable para un territorio que lleva meses reclamando legalidad, seguridad y sentido común”, indican los afectados en un comunicado.
Afirman que el incendio “no solo está poniendo en peligro a los vecinos”, sino que “ha golpeado de lleno al tejido empresarial de la zona, a todos los sectores, desde la hostelería y el turismo activo hasta la agricultura, la ganadería, los comercios, los alojamientos y los servicios profesionales. La incertidumbre permanente, los cierres improvisados, la imagen de inestabilidad y ahora un incendio originado en el entorno de la obra están causando un daño económico profundo, sostenido y devastador. Un territorio que vive del trabajo diario, de la movilidad, de la actividad turística y de la producción agrícola no puede soportar más improvisación, más arbitrariedad y más desprecio institucional”.
Para los firmantes del comunicado, “la situación ha superado cualquier límite tolerable y exige una reacción inmediata de todas las instituciones competentes”, y confían en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. “El territorio necesita seguridad, legalidad y responsabilidad, y hoy más que nunca es imprescindible que la justicia marque un antes y un después”, finalizan.