Las organizaciones sociales y ecologistas han reclamado información y transparencia sobre la expansión de los centros de datos en Aragón y han advertido de la presión que estas infraestructuras pueden ejercer sobre recursos como el agua, la electricidad y el territorio. Los colectivos cuestionan el modelo de implantación de estas instalaciones por su elevada demanda de recursos y por el retorno económico y social que, según sostienen, generan en relación con sus necesidades, y plantean la necesidad de analizar de forma conjunta los proyectos previstos, establecer límites y abrir un debate público sobre el modelo de digitalización que quiere desarrollar Aragón.
El calendario de movilizaciones y actividades comenzará este sábado, 26 de septiembre, con una charla informativa de No es sequía, es saqueo en el Centro Social Boira Preta de Huesca. Está prevista además una actividad de la Universidad Ciudadana, un encuentro en la AAVV María Auxiliadora el 5 de octubre, una mesa informativa en el centro de Huesca el 16 de octubre y unas jornadas sobre digitalización el 22 de octubre. A estas iniciativas se sumará una movilización conjunta en noviembre que están preparando distintas organizaciones sociales de Huesca ante la preocupación por los proyectos previstos en el entorno de Walqa y las irregularidades que, según señalan, se estarían detectando durante su construcción.
TRES CENTROS ACTIVOS Y 30 PROYECTOS
Según los datos aportados por los colectivos, en Aragón hay tres centros de datos activos y otros 30 en diferentes fases de desarrollo. En el entorno de Huesca se sitúan tres instalaciones vinculadas a Amazon: una ya operativa en el PLHUS, otra actualmente en construcción en Walqa y una tercera en fase de proyecto también en el PLHUS.
La expansión de estas infraestructuras ha suscitado preocupación entre asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas y movimientos sociales, que reclaman conocer con mayor detalle sus efectos sobre los recursos y sobre los municipios que las acogen. Uno de los principales focos de atención se encuentra en el consumo de agua y electricidad asociado a los centros de macroescala.
Los colectivos señalan que un centro de datos puede llegar a consumir 19.000 litros de agua al día, una cifra que utilizan para dimensionar la demanda de este recurso. En el caso de la instalación actualmente en construcción en el entorno de Huesca, apuntan a una potencia prevista de 324 MW y calculan que su demanda eléctrica equivaldría al consumo de unos 826.000 hogares.
Estas cifras llevan a organizaciones como Ecologistas en Acción y No es sequía, es saqueo a plantear qué recursos requiere la implantación de estas instalaciones y qué retorno obtiene el territorio que las acoge. Los colectivos consideran que los centros de datos de macroescala concentran un consumo elevado de agua y electricidad y cuestionan que el empleo directo generado guarde proporción con esa demanda.
EL IMPACTO SOBRE OTRAS ACTIVIDADES
La preocupación por la elevada demanda energética se extiende también a su posible incidencia sobre otras actividades económicas. Según los colectivos, la electricidad requerida por estas infraestructuras puede limitar la disponibilidad necesaria para la implantación de otros proyectos productivos y, con ello, condicionar la generación de empleo.
Las organizaciones cuestionan asimismo el tratamiento administrativo que reciben estos proyectos. Denuncian que los centros de datos disponen de vías de tramitación acelerada mientras iniciativas de menor escala, como comunidades energéticas, proyectos agroecológicos o pequeñas actividades económicas, afrontan procedimientos más prolongados.
A las cuestiones relacionadas con los recursos se añaden los efectos que los colectivos atribuyen a la implantación de estas infraestructuras en los municipios afectados. Entre ellos mencionan el ruido, el calor y la transformación territorial asociada a su construcción y funcionamiento.
Frente a este escenario, las organizaciones reclaman que se evalúen los impactos acumulativos de las instalaciones y que se determine qué límites deben aplicarse para compatibilizar el desarrollo de la infraestructura digital con las necesidades de agua, energía y territorio, así como con otras demandas sociales y económicas.
Los colectivos quieren trasladar estas cuestiones al espacio público durante los próximos meses y favorecer la participación ciudadana en los procedimientos relacionados con los proyectos. Su objetivo es abrir un debate sobre el modelo de digitalización y desarrollo de Aragón y sobre las condiciones en las que deben implantarse estas grandes infraestructuras.
Las organizaciones recuerdan finalmente que la expansión de los centros de datos no es, a su juicio, un proceso inevitable y aluden a precedentes de proyectos que han sido paralizados. Por ello, animan a la ciudadanía a informarse, participar en los procesos públicos y acudir a las actividades programadas durante este otoño.