La Guardia Civil de Huesca han intensificado las vigilancias sobre guías que ejercen actividades de montaña con el objetivo de prevenir malas prácticas y desde el pasado 15 de junio ha formulado cerca de 200 denuncias.
Esta actividad de la Guardia Civil se encuadra en el Plan de servicios de prevención de accidentes y promoción de la seguridad en actividades de montaña y al aire libre. Así, dentro de los servicios que en la provincia desarrollan los diferentes grupos de montaña, además de los rescates, llevan a cabo un trabajo constante de dar a conocer las precauciones y consejos a la hora de practicar deportes o realizar actividades al aire libre. Se hace hincapié en la necesidad de llevarlas a cabo con la preparación adecuada, así como apoyados de profesionales debidamente formados para ello y con mantenimiento del medio ambiente, evitando en la medida de lo posible el intrusismo.
Entre las diferentes especialidades que participan en los servicios de prevención se encuentran, además de los Grupos de Rescate en Montaña de la Guardia Civil en Huesca, la Unidad Aérea y el GEAS de la Zona de Aragón, patrullas de Seprona, Puestos de Seguridad Ciudadana, Patrulla Fiscal, Unidad de Seguridad Ciudadana y, en los casos que es necesario, equipos de Policía Judicial de la Guardia Civil para llevar a cabo el control sobre el ejercicio de actividades al aire libre en los que se cuente con la presencia de un guía o monitor titulado. Además, como en años anteriores, se cuenta con la presencia de la Gendarmería Nacional Francesa, dentro de la colaboración habitual entre ambas.
Dentro de esta actividad, desde el pasado 15 de junio, se han formulado 196 denuncias relacionadas con infracciones al reglamento de las empresas de Turismo Activo y a la Ley del Turismo en Aragón.
La Guardia Civil recuerda que “las empresas de turismo activo tienen la obligación de tener un seguro y un protocolo de actuación en caso de accidente”, y apunta que “el hecho de que haya intrusismo en las actividades y personas que no reúnen los requisitos establecidos por las administraciones, no solo causa un perjuicio a las empresas que legalmente las realizan y cuentan con toda la documentación pertinente y los requisitos necesarios, sino que también pueden poner en riesgo la integridad física de las personas que contratan ese tipo de servicios”.