El sindicato CGT Educación Aragón, va a solicitar una reunión urgente con la Consejera de Educación, Tomasa Hernández, para exigir la apertura de un expediente informativo al Jefe de Inspección de la provincia de Huesca, y a todas aquellas personas que han "amparado, tapado y defendido sus actuaciones", puesto que entiende que "socavan profundamente al colectivo docente, tanto del IES Ramón y Cajal, con su equipo directivo a la cabeza, como al resto de docentes de la provincia, y muy especialmente, a la docente afectada".
El sindicato ha emitido un comunicado en el que critica la comparecencia de la consejera en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte el pasado 4 de marzo, donde "evidenció su inacción ante el problema generado por la actuación del Jefe de Inspección de la Provincia de Huesca". CGT se lamenta de que, "a pesar del consenso del resto de grupos políticos", la Consejera no adoptó ninguna medida clara al respecto.
Para CGT Educación Huesca, resulta preocupante que Tomasa Hernández base su defensa en un formalismo semántico (asesoramiento/inspección) y en un "problema entre dos técnicos", ignorando la evidente "relación de jerarquía" entre el Inspector Jefe y la directora del centro o cualquier docente de la provincia. El sindicato considera que no se puede reducir el conflicto a una simple cuestión de "ponerse de acuerdo", minimizando la gravedad de los hechos.
La propia nota de prensa del Departamento de Educación del 18 de diciembre de 2024 ya presentaba "contradicciones". Mientras que en dicha nota se afirmaba que la reunión se realizó “a solicitud de la directora del centro”, ahora la consejera sostiene que "fue aceptada y facilitada por el equipo directivo", sugiriendo que fue el propio inspector quien la solicitó, como indicó la directora del centro en su comunicado posterior. Este cambio de versión genera serias dudas, según CGT, sobre la transparencia y veracidad de las afirmaciones oficiales.
Desde CGT entienden que ha faltado respeto y apoyo al IES Ramón y Cajal, a su equipo directivo, al Claustro, a la Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Huesca y, especialmente, a la docente afectada. "La defensa cerrada del Inspector Jefe contrasta con el desdén y la falta de colaboración hacia el resto de implicados", indica, como a su parecer evidencia la difusión de la nota de prensa del 18 de diciembre a todos los centros educativos de la provincia, ignorando las respuestas oficiales del Claustro del IES Ramón y Cajal.
CGT sostiene que la consejera, pese a sus declaraciones, no ha aportado pruebas concretas que respalden las acusaciones de "desajustes significativos" en el trabajo de la docente, limitándose a mencionar supuestas quejas orales no documentadas, lo que carece del rigor necesario para justificar una intervención de tal gravedad.
Además, la defensa de la consejera se basa "exclusivamente" en un acta elaborada por el propio jefe de inspección, ignorando los escritos del Claustro y el equipo directivo. "No consta que dicho acta haya sido firmada por ningún representante del centro, lo que plantea dudas sobre su imparcialidad".
El sindicato cuestiona si el Departamento de Educación ha contactado con los asistentes a la reunión o con la docente afectada, ya que la falta de estas diligencias sugiere un apoyo incondicional a la versión del inspector jefe.
La consejera concluyó su comparecencia con la frase: "Seguramente este problema se solucione hablando entre ellos", una afirmación que, según el sindicato, minimiza la gravedad de las actuaciones del inspector jefe, las cuales CGT califica, como mínimo, de "poco éticas" por utilizar su posición para abordar asuntos relacionados con un familiar.
Desde CGT también advierten que el inspector jefe podría haber incurrido en faltas graves previstas en el artículo 7, como abuso de autoridad, grave desconsideración y participación en procedimientos con causas de abstención legalmente señaladas, en virtud del artículo 23 de la ley 40/2015.
El sindicato ya ha solicitado formalmente la apertura de una investigación, petición que se realizó por registro a la consejera de Educación y a la Directora Provincial, sin haber recibido respuesta hasta la fecha, según el comunicado.
El sindicato considera que estos hechos socavan gravemente los derechos del colectivo docente, particularmente del IES Ramón y Cajal y, de forma muy especial, de la docente afectada.