CGT Enseñanza Aragón ha reclamado una investigación sobre las actuaciones que, según el sindicato, están en el origen del expediente disciplinario abierto a su secretario general en Huesca, al considerar que el procedimiento no debe desplazar la atención sobre los hechos que motivaron las denuncias de los representantes de los trabajadores. La organización ha trasladado esta petición durante la concentración celebrada este martes, a las 8:45, en la plaza Cervantes de Huesca, en defensa de la libertad sindical y para mostrar su apoyo al representante afectado.
Durante el acto se ha leído un manifiesto en defensa de la libertad sindical en el que CGT Enseñanza Aragón ha explicado su posición sobre el conflicto y ha reclamado el esclarecimiento de las circunstancias que lo rodean. El documento señala que el secretario general de CGT Enseñanza Huesca está sometido a un expediente disciplinario a raíz de unas declaraciones realizadas públicamente en el ejercicio de su actividad sindical.
El sindicato sostiene que el origen de la controversia se remonta a un periodo anterior a esas declaraciones. Según el manifiesto, CGT ha denunciado durante los últimos años determinadas actuaciones de la Jefatura de Inspección Educativa de Huesca, entre ellas interpretaciones de la normativa que considera personalistas, un incremento de la presión burocrática y determinadas formas de ejercer la autoridad que, a juicio de la organización, han generado malestar entre docentes y equipos directivos.
CGT ha señalado además que esas críticas no habrían procedido únicamente de esta organización. El manifiesto menciona a otras organizaciones sindicales, la Junta de Personal Docente, partidos políticos, docentes y centros educativos, y alude a resoluciones, comunicados, protestas y movilizaciones relacionadas con estas cuestiones.
EL ORIGEN DEL EXPEDIENTE
El documento sitúa otro de los puntos de conflicto en unos hechos ocurridos en un instituto de Huesca. Según la versión de CGT, los representantes de los trabajadores actuaron entonces dentro de sus funciones al preguntar, denunciar y reclamar explicaciones. La organización cuestiona que, después de hacer públicas esas denuncias, uno de sus representantes terminara sometido a un expediente disciplinario.
"Nosotros pedimos que se investigaran unos hechos y quien terminó siendo investigado fue quien los denunció. Eso merece una explicación", recoge el manifiesto leído durante la concentración.
A partir de ahí, CGT ha reclamado que el expediente disciplinario no centre por sí solo el debate y que también se investiguen las circunstancias que dieron lugar a las denuncias. El sindicato ha planteado que se determine qué ocurrió, quién tomó las decisiones, quién las autorizó, qué conocían los responsables superiores y qué hicieron cuando tuvieron conocimiento de los hechos.
Una parte relevante del manifiesto se ha dedicado a las cifras que CGT atribuye a la propia Administración. Según los datos expuestos por la organización, desde que el actual jefe de Inspección ocupa el cargo, Huesca acumula 48 expedientes y apercibimientos, frente a los 32 registrados conjuntamente en Zaragoza y Teruel.
El sindicato sitúa en 20 los apercibimientos y expedientes iniciados en Huesca durante 2026, entre ellos los dirigidos contra su secretario general de Enseñanza en la provincia y contra otro miembro de la Junta de Personal Docente elegido democráticamente.
El IES Ramón y Cajal de Huesca, centro relacionado con el origen del conflicto, ocupa asimismo un lugar destacado en la exposición de CGT. Según los datos incluidos en el manifiesto, en este instituto se han producido al menos siete actuaciones entre apercibimientos y expedientes relacionadas directa o indirectamente con esta situación. La organización compara esa cifra con la registrada, según sus datos, en toda la provincia de Teruel durante los últimos tres años.
El propio sindicato precisa que estas cifras no demuestran por sí solas que los apercibimientos y expedientes sean injustificados, pero considera que la diferencia territorial que reflejan resulta suficiente para reclamar explicaciones sobre el funcionamiento de la Inspección Educativa en Huesca.
CGT ha vinculado esta cuestión con la situación que, según afirma, percibe entre parte del profesorado. El manifiesto asegura que algunos docentes tienen miedo a exponerse públicamente, realizar declaraciones a los medios, firmar escritos de denuncia o participar de forma visible en protestas por temor a posibles consecuencias.
UNA INVESTIGACIÓN
La organización ha reclamado que, si existen indicios de actuaciones irregulares o extralimitaciones en el ejercicio de funciones públicas, sean investigados por los órganos competentes. También ha planteado que se examine cualquier posible conflicto entre intereses personales y el ejercicio de potestades públicas y que se determine la responsabilidad de quienes tuvieran funciones de supervisión si conocieron determinadas actuaciones y no adoptaron medidas para esclarecerlas.
CGT ha subrayado que no pretende declarar culpable a ninguna persona. Su reivindicación, según recoge el manifiesto, es que cualquier posible responsabilidad administrativa o penal sea examinada por los organismos competentes.
"Cada decisión administrativa deja un rastro. Cada resolución lleva una firma. Y quien ejerce potestades públicas debe responder de las decisiones que adopta", señala el documento.
DOS AÑOS DE RECLAMACIONES
Durante la concentración también se ha recordado la existencia de actuaciones parlamentarias relacionadas con el conflicto. CGT señala que las Cortes de Aragón aprobaron una iniciativa para esclarecer lo sucedido y que sindicatos, representantes de los trabajadores y docentes han reclamado explicaciones y responsabilidades.
Según el manifiesto, han transcurrido casi dos años desde que comenzaron estas reclamaciones y la organización considera que siguen pendientes respuestas sobre los hechos que dieron origen al conflicto. Mientras tanto, señala, continúa la tramitación del expediente contra el representante sindical que denunció públicamente la situación.
La organización ha insistido en que el procedimiento disciplinario no debería hacer desaparecer del debate las circunstancias que llevaron a los representantes de los trabajadores a formular sus denuncias. Su reclamación es que ambas cuestiones sean examinadas y que se esclarezca el origen de la controversia.
UNA INSPECCIÓN INDEPENDIENTE
El manifiesto ha dedicado también un apartado específico a la Inspección Educativa. CGT ha diferenciado entre las críticas dirigidas a la actuación de quien ocupa actualmente la Jefatura y la institución en su conjunto.
La organización ha defendido una Inspección "fuerte", "profesional", "independiente" e "imparcial", que desarrolle las funciones de asesoramiento y acompañamiento que le atribuye la normativa y que, al mismo tiempo, esté sometida a mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.
En este contexto, CGT ha planteado durante la concentración una de las preguntas centrales de su manifiesto: "¿Quién controla al controlador cuando el controlador puede tener un interés personal en aquello que está controlando?" El sindicato reclama que este tipo de cuestiones se aborden mediante transparencia, investigación, garantías de independencia y asunción de responsabilidades cuando corresponda.
La movilización ha situado así la libertad sindical como una de sus principales reivindicaciones. CGT ha defendido el derecho de los trabajadores a organizarse, denunciar situaciones que consideren injustas y fiscalizar la actuación de quienes ejercen responsabilidades públicas sin temor a posibles consecuencias por desarrollar esa labor de representación.
El sindicato ha anunciado que continuará utilizando las vías sindicales, administrativas y judiciales que el ordenamiento pone a su disposición para defender sus derechos y reclamar las responsabilidades que considere procedentes. El manifiesto ha concluido con una reivindicación de la libertad sindical, la dignidad del profesorado y una Inspección Educativa profesional, independiente, imparcial y transparente.