Chunta Aragonesista (CHA) y Compromís han mostrado su rechazo a la decisión del Gobierno de España de no desarrollar el Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones, una infraestructura que ambas formaciones consideran estratégica para Aragón y Comunidad valenciana. Los dos partidos sostienen que esta decisión supone "un nuevo agravio" para ambos territorios y han anunciado la presentación de alegaciones durante el actual trámite de información pública.
En un comunicado conjunto, las dos formaciones defienden la construcción de una doble vía electrificada para viajeros y mercancías y consideran que la renuncia al proyecto deja sin una infraestructura clave a territorios como Sagunto y Teruel, además de limitar las posibilidades de desarrollo económico y logístico del corredor.
Tanto CHA como Compromís sostienen que la decisión "no es técnica, sino política" y aseguran que vuelve a situar a Aragón y al País Valencià en una posición de desventaja respecto a otros territorios que, afirman, sí reciben inversiones en infraestructuras ferroviarias.
La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, afirma que "mientras en otros territorios se destinan miles de millones de euros a infraestructuras estratégicas, a la Comunidad valenciana y a Aragón se nos niega una doble vía electrificada que resulta imprescindible para conectar nuestros territorios, impulsar el desarrollo económico y garantizar la igualdad de oportunidades".
En la misma línea, el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, sostiene que "el ministro Óscar Puente sigue dejando de lado una infraestructura básica como es el Corredor Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones. Aragón merece las mismas oportunidades que el resto del Estado y no puede continuar siendo castigado por la falta de inversiones ferroviarias".
Ambas formaciones consideran que el corredor resulta esencial para mejorar la conectividad ferroviaria, incrementar la competitividad económica y favorecer un modelo de movilidad más sostenible. Por ello, reclaman al Gobierno de España que reconsidere su posición y apueste por una infraestructura moderna que permita el transporte de viajeros y mercancías en condiciones competitivas.