El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha denunciado en el Congreso las “actuaciones irregulares” que se están llevando a cabo en Salillas y Huerto “con grave perjuicio para los agricultores locales y afecciones al río Guatizalema”.
El diputado de CHA ha registrado una “batería de preguntas” ante un conflicto, y considera que debería haberse evitado sentando el Ministerio de Agricultura desde el principio a las partes para apostar por un proyecto de modernización de consenso, más sostenible y sin perjuicios para los municipios de Salillas y Huerto
Pueyo ha visitado Salillas, acompañado por el secretario de Organización de CHA, José Ramón Ceresuela, y el presidente de CHA-Plana de Uesca, César Ceresuela, entre otros, para conocer las afecciones del “Proyecto de mejora en el aprovechamiento de agua y ahorro de energía de las Comunidades de Regantes del Sector X y XI del Canal del Flumen mediante modernización y captación de agua a mayor cota para evitar bombeos”, financiado con 55 millones de euros de fondos Next Generation de la UE.
“Nos encontramos ante un macroproyecto que pretender beneficiar a una comunidad de regantes perjudicando sustancialmente a otra, cuando existen alternativas más baratas y que hubieran evitado la gravísima afección del proyecto a los agricultores de Huerto y Salillas que ven como algunas de sus mejores tierras ya modernizadas son expropiadas, con la intervención como beneficiarios directos e indirectos de dos personas claves en este proyecto, César Trillo y Joaquín Olona”, ha afirmado Pueyo.
Ha denunciado también que “el pasado mes de mayo la Confederación Hidrográfica autorizó a la UTE Canal del Flumen la construcción de la parte ubicada en la zona de policía del río Guatizalema de dos balsas situadas en el término municipal de Salillas, pero en ningún caso se autorizaron actuaciones en la zona inundable, ni la realización de motas, ni la afección al cauce modificando el régimen de corrientes, ni mucho menos el vertido al río a la zona inundable de toda la instalación de riego de las parcelas (aspersores, cañas, arquetas, tuberías, válvulas…)”.
Por ello el pasado 11 de junio se denunció ante el Seprona estos “vertidos no autorizados dentro de la zona inundable del río Guatizalema, así como en el dominio público hidráulico y zona de servidumbre, vertidos que en ningún caso han sido autorizados por el organismo de cuenca, sin que la CHE haya intervenido, hasta el momento, a lo que se suma que se están eliminando áreas del bosque de ribera del Guatizalema para ubicar estos vertidos”, afirma.
Pueyo ha explicado que “existen criterios ambientales y de seguridad” que impedirían la autorización de la construcción de las balsas en la zona de policía del río Guatizalema, y del cruce del citado río mediante acueductos elevados. “Tampoco se ha realizado un estudio técnico formal que permita asegurar que el cambio de canal de abastecimiento inherente al proyecto tenga unas consecuencias asumibles por el sistema, lo que debe ser imprescindible para autorizarlo, y tampoco se ha realizado declaración de impacto ambiental por razones de urgencia, por lo que ante todo esto, a los afectados solo les ha quedado acudir a la Justicia. Por ello se encuentran pendientes de resolución dos recursos contencioso-administrativos interpuestos en la Audiencia Nacional, admitidos a trámite, de los cuales uno ha sido elevado al Tribunal Supremo, y otros dos que están por admitirse a trámite”, recuerda.
Para Pueyo, “estas son las consecuencias de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no hubiera sentado a las partes desde el principio a negociar para apostar por un proyecto de modernización de consenso, que no perjudicara a los municipios de Salillas y Huerto, cuando existen varias alternativas viables en esta línea”.
Por ello se han registrado varias preguntas y se está elaborando una proposición no de ley. Las preguntas son las siguientes: ¿Qué medidas se tiene previsto implementar para eliminar los perjuicios que sufrirán los municipios de Salillas y Huerto y la Comunidad de Regantes A-19-20 a causa del “Proyecto de mejora en el aprovechamiento de agua y ahorro de energía para las Comunidades de Regantes del Sector X y XI del Canal del Flumen”? ¿Qué valoración se hace acerca de las irregularidades denunciadas durante la tramitación del citado proyecto? ¿Tiene prevista la Confederación Hidrográfica del Ebro tomar medidas para garantizar que no se ejecuten obras en zonas autorizadas? ¿Qué valoración hace el Gobierno de las alternativas presentadas al mencionado proyecto?