El Grupo de CHA en la Comarca de la Hoya de Huesca ha registrado una iniciativa que será debatida y votada el próximo martes por el Consejo Comarcal, para apremiar a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón a que la Cueva de Chaves alcance en la práctica la protección que le otorga la legislación vigente, tanto por sus valores materiales (más de 69.000 piezas extraídas) como por sus valores inmateriales (leyendas, tradiciones y memoria del expolio).
Fernando Martínez, portavoz comarcal de CHA, explica que “es necesario que el Gobierno de Aragón impulse acciones en materia de recuperación del patrimonio cultural en este entorno, mediante nuevas campañas de prospección y excavaciones arqueológicas por parte del equipo que venía trabajando en la cueva, realizando un inventario de los vestigios arqueológicos extraídos en la cueva y vertidos en la construcción de un dique próximo (1017 metros cúbicos de tierra)".
Asimismo pide que se cumpla de forma inmediata la Ley de Patrimonio Aragonés para "permitir a la ciudadanía la visita a la gran cueva de Chaves, así como a los abrigos de Solencio I, II y III, declarados Bienes de Interés Cultural y programar la creación de un museo-centro de visitantes, encuentros en defensa de la arqueología y una gran campaña de difusión sobre el valor patrimonial de la cueva con las piezas extraídas, que recoja la memoria del expolio”.
CHA considera también necesario que desde la comarca se solicite al Gobierno de Aragón "acciones en materia de restauración ambiental, urgiendo a los Departamentos de Presidencia Interior y Cultura y al de Medio Ambiente y Turismo respectivamente, el cumplimiento de su propia resolución de 2009 para retirar la totalidad del vallado exterior de la finca, refrendada por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en 2012 y del Tribunal Supremo en 2015, recuperando el acceso al territorio, garantizando el acceso senderista por los caminos públicos e históricos que atraviesan la finca, al interior del pueblo de Bastarás y a todas las zonas de interés medio ambiental y geológico que, a pesar de encontrarse en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, no se han podido visitar durante décadas”, ha afirmado el portavoz de CHA.
“No olvidaremos nunca que el mayor atentando patrimonial que se ha sufrido en nuestra comarca en lo que llevamos de siglo XXI es, sin duda, la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves, que vino precedido por un importante número de actuaciones sin autorización en la Finca de Fimbas, ubicada en el municipio de Casbas de Huesca (roturaciones, nuevos caminos, embalses, introducción de especies alóctonas…), todo ello con la pasividad del Gobierno de Aragón a pesar de hablar de un espacio ubicado dentro de un Parque Natural, Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las aves”, ha relatado el portavoz de CHA.
La gran Cueva de Chaves albergaba el más espectacular asentamiento neolítico puro en todo Aragón. Pese a estar protegido, por encontrarse dentro del entorno de protección de los abrigos de Solencio I, II, y III, declarados BIC desde el 2003, Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1988 y ser Zona Arqueológica, el yacimiento fue destruido cuando el propietario de la finca extrajo más de 1.000 metros cúbicos de estratos con vestigios arqueológicos con la finalidad de refugiar cabras. Por otro lado, "el vallado y la prohibición de paso a la finca del Coto de Bastarás ha privado a la población local de su derecho a transitar por el sendero tradicional a Bara, visitar la venerada Cueva de Chaves, y los lugares declarados BIC, acceso a los que todos tenemos derecho por ley", señala.
“Por ello resulta una vergüenza para nuestra sociedad, que siete años después de una sentencia firme del Juzgado de instrucción nº 1 de Huesca, todavía no se haya ejecutado, produciéndose la entrega por parte de la empresa Fimbas SL, propietaria de la finca donde se encuentra la cueva, administrada por Victorino Alonso en el momento que la destruyó, al Gobierno de Aragón, para su inscripción como bien público como parte de la deuda contraída de 25.490.805 euros, y también se está retrasando el cumplimiento de la Orden del Gobierno de Aragón de 2009, ratificada por el TSJA y el Tribunal Supremo en la que junto a la suspensión del coto de caza existente en el interior de la finca por la introducción de especies alóctonas (Arruis) se ordenaba la retirada de todo el vallado que la rodea, una vez comprobado que la población de animales de su interior no perjudicaría otros intereses locales”, ha concluido Martínez.