Las organizaciones Plataforma de Vivienda de Huesca y Bienvenidos Refugiados Huesca han hecho pública su profunda preocupación tras lo que consideran una ausencia de respuestas claras por parte de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, a una serie de preguntas planteadas tras el último pleno municipal, celebrado el miércoles 30 de abril.
Según trasladan ambos colectivos, las cuestiones formuladas abordaban realidades graves que afectan al derecho a la vivienda en la ciudad. Se preguntó, entre otras cosas, si la alcaldesa era consciente de que se están alquilando trasteros y locales como viviendas, si conocía el coste actual de una habitación en alquiler -en torno a los 400 euros mensuales- y si sabía que hay familias con menores que son desahuciadas sin una alternativa habitacional estable.
Desde los colectivos denuncian que las respuestas fueron evasivas o directamente omitidas. En lugar de responder al problema del uso ilegal de espacios no habilitados como vivienda, la alcaldesa aludió a procedimientos de licencias urbanísticas, desviando la atención del asunto central: el aumento de infraviviendas fuera de control.
También fue cuestionada por un caso concreto de desahucio que afectó a una madre con hijos menores, cuya única solución ofrecida fue una estancia de 15 días en un hostal. Según las entidades, esta medida es claramente insuficiente, ya que no resuelve la situación de fondo ni garantiza una alternativa real.
Critican, además, que la alcaldesa defendiera el funcionamiento del Programa de Vivienda del Gobierno de Aragón, cuando -afirman- más de 300 familias con derecho reconocido siguen sin vivienda asignada. A la propia familia desahuciada se le habría comunicado que no existe disponibilidad habitacional en todo el territorio aragonés.
Señalan como especialmente grave el silencio de la alcaldesa ante otras preguntas fundamentales, como el elevado precio de las habitaciones en el mercado local o la ausencia de recursos residenciales para personas expulsadas de los sistemas de acogida. Para los colectivos, ese silencio equivale a una falta de preocupación institucional.
Ambas organizaciones afirman que continuarán acudiendo a los plenos municipales e interpelando al gobierno local, ya que consideran que el acceso a una vivienda digna es una responsabilidad pública. Rechazan las medidas basadas en ceder suelo a promotores privados o en sorteos que, aseguran, no dan respuesta a quienes más lo necesitan.
Insisten en que el problema de la vivienda es estructural, no individual, y recuerdan que la gestión de esta realidad por parte del Ayuntamiento no puede limitarse a la inacción o a respuestas temporales. Reclaman voluntad política, recursos y un parque público de vivienda disponible y mantenido de forma adecuada.