La Comisión Europea ha anunciado que el proyecto de Canal Roya ya se ha retirado y que los fondos para Castanesa y la unión de Astún-Candanchú se podrían congelar si contravienen las salvaguardas medioambientales. Se mantiene a la espera de la llegada del informe que deberá aclarar el fin de los fondos Next Generation.
Ha sido la respuesta a la comparecencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de una delegación de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, recogiendo la lucha de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA), para intervenir sobre la adjudicación de fondos Next Generation a proyectos del sector de ampliación de pistas de esquí en Aragón.
Marina Gros, portavoz de la delegación, intervino este pasado jueves ante la Comisión Europea, en presencia de un significativo número de diputados y diputadas, aportando datos sobre lo que consideran “adjudicación irregular de fondos Next Generation para proyectos del sector de la nieve en Aragón, con un grave impacto paisajístico, biológico y de incremento de las emisiones de CO2”, según ha trasladado la PDMA.
Gros denunció que el valle de Canal Roya no cuenta con la protección que aconsejan sus valores naturales, “porque los gobiernos regionales han querido especular con el valle”, apuntó.
Sobre el impacto ambiental del proyecto de unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal, dotado inicialmente con 26.400.000 euros, manifestó ante la Comisión Europea: “Nos sentimos satisfechas porque, tras una amplia campaña de movilización social y de trabajo con las instituciones, el Gobierno de la comunidad autónoma decidió cambiar el destino de estos fondos. Sin embargo, este valle glaciar único y de extraordinario valor denominado Canal Roya sigue carente de una figura de protección, como establecen las directivas europeas para la Red Natura 2000”. La Comisión Europea ya ha advertido al Gobierno de España que “no es aceptable la extracción interesada de la red” de aquellos espacios que reúnan los valores apropiados.
Para la Plataformam así como para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, el proyecto de unión de las estaciones, en su tramo de Astún con Formigal, es “absolutamente insostenible y contradictorio” con el hecho de que exista un procedimiento para declararlo parque natural protegido. “Procedimiento que ha sido bloqueado desde los gobiernos sucesivos para promover intereses inmobiliarios en su entorno”, expuso.
Respecto a la unión de las estaciones de Astún y Candanchú mediante la construcción de un telecabina subvencionado con 9 millones de euros de fondos europeos, se expuso ante la comisión que impactaría en una zona ZEPA, “además de carecer de sentido práctico pues ya existe un servicio de buses lanzaderas para cubrir ese recorrido”.
Gros continuó su intervención solicitando la cancelación de los fondos Next Generation para el proyecto de construcción de una carretera que enlace Fonchanina, en el valle de Castanesa, con el frente de nieve de la estación de esquí de Cerler. Como explica la PDMA, “ha argumentado que este proyecto es radicalmente contradictorio con los principios de no causar daño significativo (DNSH) de adjudicación de Fondos Europeos Next Generation. Resulta imposible conciliar la promoción del tráfico de vehículos privados en una zona de alta montaña de alto valor ambiental, con el consiguiente incremento de las emisiones de CO2 con los programas de impulso europeo al turismo sostenible”.
Recuerda que la Comisión Europea ya ha advertido con anterioridad que es imprescindible atenerse al principio de no causar daño significativo, bajo la amenaza de “ser penalizado con la retención o anulación de transferencias millonarias, tal y como ha sucedido en el caso de financiación del nuevo estadio de la Fiorentina, en Italia”.
La Plataforma señala que la Comisión Europea respondió a la comparecencia de los grupos ecologistas españoles anunciando que “el proyecto de Canal Roya ya se ha retirado. También ha recordado que, como no existe aún proyecto ni evaluación de impacto ambiental para Castanesa y Astún-Candanchú, no se tiene todavía la posibilidad de intervenir, pero que los fondos para estos proyectos se podrían congelar si contravienen las salvaguardas medioambientales”.
Tanto la Comisaría de Medio Ambiente como la totalidad de los grupos parlamentarios “se han congratulado de la actitud de vigilancia de las organizaciones ecologistas en el cumplimiento de las medidas de protección y de la biodiversidad de estos proyectos, y han decidido mantener la petición abierta hasta la llegada del informe de la Comisión Europea, que deberá aclarar el fin de los fondos Next Generation”.