El 18 de mayo de 2001, el entonces ministro de Medio Ambiente del Gobierno de José María Aznar, Jaume Matas colocó la primera piedra del recrecimiento del embalse de Yesa. Se cumplen así 25 años de un proyecto que fue adjudicado a una UTE integrada por ACS, Ferrovial y FCC, en un proceso que ya entonces fue cuestionado por el empresario Villar Mir, de la constructora OHL.
Lo recuerda Río Aragón que señala que la obra tenía inicialmente un plazo de ejecución hasta 2006 y un presupuesto de 113 millones de euros, pero las previsiones actuales, tras un coste cercano a los 500 millones, sitúan su finalización más allá de 2030. "A día de hoy, los trabajos siguen sin concluir y permanecen prácticamente paralizados desde hace más de tres años debido a problemas geológicos y de estabilidad, así como a la espera de un nuevo modificado del proyecto -el número 4- cuyo redactado fue aprobado hace una década", recuerda.
Río Aragón señala que el proyecto incumple "tanto las normativas de seguridad vigentes como las existentes en el momento de su diseño. Las laderas continúan en movimiento y la actuación sigue siendo objeto de cuestionamiento por su inseguridad, los daños ocasionados, el incumplimiento de objetivos y el elevado coste acumulado". El origen de estos problemas se atribuye a un proyecto inicial considerado de "baja calidad, que no tuvo en cuenta advertencias como las del ingeniero René Petit, director de las obras de la presa original, quien ya en 1982 alertó del riesgo de aumentar el volumen del embalse y, con ello, la presión sobre el terreno, cuestionando la seguridad de una ampliación de estas características".
A este planteamiento inicial se sumó, según se denuncia, una "ejecución que contribuyó a desestabilizar el terreno y la infraestructura existente, provocando graves deslizamientos en 2006 y especialmente en 2013, cuando se puso en riesgo a poblaciones cercanas y se procedió al desalojo y demolición de más de un centenar de viviendas", recuerda.
Diversos informes técnicos han analizado la situación del recrecimiento y han reconocido la "dificultad para garantizar su seguridad". Río Aragón cita estudios como el de Geoconsult para el Gobierno de Navarra en 2020 o el del Colegio de Ingenieros de Caminos para el Ministerio para la Transición Ecológica en 2021 coinciden en señalar la imposibilidad de determinar un factor de seguridad fiable para la ladera, recurriendo en su lugar a métodos observacionales basados en la velocidad del movimiento. Por su parte, un informe de Ingeotyc para el Ayuntamiento de Sangüesa en 2020 recomendó expresamente no proceder al llenado del recrecimiento para no incrementar los riesgos.
Ante esta situación, y tras "años de declaraciones institucionales que han defendido la estabilidad de la infraestructura -con valoraciones cambiantes sobre el estado de la presa entre 2013 y 2023-", los colectivos críticos consideran que ha llegado el momento de replantear el proyecto. En este sentido, reclaman que la tramitación del modificado nº4 sirva para reconsiderar la actuación, renunciar al aumento de capacidad del embalse y apostar por una solución centrada en reforzar la presa actual y reparar los daños ocasionados.
En esta línea, la Asociación Río Aragón ha anunciado la presentación de alegaciones al Esquema de Temas Importantes del Plan Hidrológico del cuarto ciclo (2028-2033) de la cuenca del Ebro, actualmente en fase de información pública hasta el próximo 28 de mayo.