¿Faltan médicos en la sanidad pública española? Un estudio publicado en 2025 sostiene que no, y apunta a que el problema real se encuentra en la distribución desigual de los profesionales, la temporalidad de los contratos y la escasez de incentivos en territorios rurales. El análisis subraya, en cambio, una necesidad crítica de personal de enfermería, con tasas por habitante muy alejadas de la media europea, alerta del envejecimiento de las plantillas y de la descoordinación entre la formación y las jubilaciones previstas, y plantea medidas urgentes para garantizar la viabilidad del sistema sanitario público.
Este diagnóstico ha centrado el acto de debate y reflexión celebrado este viernes en el Salón Azul del Casino Oscense, impulsado por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Huesca bajo el interrogante “¿Falta personal en la sanidad pública?”. La jornada ha reunido a profesionales sanitarios como Elena Oliveros, médica del 061 en la UVI móvil de Huesca, y Rosa Roselló, reumatóloga vinculada a la Asociación Artritis Oscense, y público general interesados en analizar, desde una perspectiva basada en datos, los retos actuales del sistema.
El eje del encuentro ha sido la presentación de las conclusiones del estudio Estudios sobre demografía médica. Apuntes para la eficiencia del sistema sanitario, elaborado por encargo de la Organización Médica Colegial de España con datos actualizados a 2025. José Antonio Fatás, exjefe del Servicio de Cirugía del Hospital Royo Villanova de Zaragoza, no ha podido asistir al acto para abordar esta cuestión, pero ha remitido el contenido de su trabajo, que ha sido leído por Pilar Martín, técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Huesca.
Según se expone en el documento, elaborado a partir de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, la OCDE, Eurostat y la Organización Mundial de la Salud, la tasa de médicos en activo en España se sitúa por encima de la media de los países de la OCDE, lo que, a juicio del informe, permite descartar un déficit global de profesionales. El estudio sostiene que el discurso recurrente sobre la falta generalizada de médicos no se corresponde con los datos disponibles.
El análisis matiza, no obstante, que sí existen déficits localizados y problemas estructurales que afectan al funcionamiento del sistema sanitario. Entre ellos, destaca la desigual distribución territorial de los profesionales, con comunidades extensas y poco pobladas que presentan ratios muy bajas de médicos por kilómetro cuadrado. En este contexto, el informe señala que Aragón se encuentra entre las comunidades con menor densidad de médicos en relación con su superficie, una circunstancia que se agrava en provincias como Huesca o Teruel.
Otro de los aspectos abordados es la evolución demográfica del personal médico. El estudio advierte de un envejecimiento progresivo de las plantillas, especialmente acusado en determinadas especialidades y territorios, y alerta de que una parte significativa de los profesionales en activo se jubilará en los próximos años. A este escenario se suma, según el documento, la falta de una planificación coordinada entre las jubilaciones previstas y la incorporación de nuevos especialistas.
El informe dedica también un apartado a la descoordinación entre el número de egresados en las facultades de Medicina, la oferta de plazas de formación especializada MIR y las necesidades reales del sistema sanitario. Según se recoge en el análisis, el aumento del número de facultades y de estudiantes no ha ido acompañado de una planificación estatal integrada, lo que podría generar, a medio plazo, situaciones de precariedad laboral similares a las registradas en etapas anteriores.
A partir de este diagnóstico, el estudio plantea la necesidad de mejorar las condiciones laborales y reforzar la estabilidad en el empleo, especialmente en atención primaria y en los puestos de difícil cobertura. Entre las propuestas recogidas figuran contratos de mayor duración, incentivos profesionales y salariales, y medidas que faciliten la conciliación y el desarrollo de la carrera profesional, con el objetivo de hacer más atractivas las plazas en zonas rurales.
Casi lleno en el Salón Azul del Casino oscense. Foto Myriam Martínez
POCO PERSONAL DE ENFERMERÍA
Junto al análisis de la demografía médica, el documento sitúa el foco en la situación de la enfermería, identificada como uno de los principales puntos críticos del sistema sanitario público. Los datos expuestos indican que la ratio de enfermeras por habitante en España se encuentra muy por debajo de la media europea, pese al incremento registrado en el número de profesionales en los últimos años.
El informe advierte de que esta carencia estructural se ve agravada por altos niveles de temporalidad y parcialidad en las contrataciones, así como por la emigración de profesionales a otros países en busca de mejores condiciones laborales. A ello se suma una elevada variabilidad entre comunidades autónomas en materia de retribuciones, reconocimiento de especialidades y desarrollo de la carrera profesional, factores que, según el análisis, dificultan la fidelización del personal.
En una intervención por videoconferencia, José Antonio Fatás ha añadido que la OCDE estima que en España faltan en torno a 100.000 enfermeras y advierte de que, al ritmo de crecimiento actual de la ratio de profesionales por habitante, el país tardaría alrededor de 30 años en alcanzar la media de la Unión Europea. Fatás ha subrayado que este déficit resulta especialmente relevante si se atiende a la relación entre médicos y enfermeras, que en España se sitúa en 1,3 enfermeras por cada médico, cuando el mínimo considerado aceptable es de al menos dos. En otros países europeos, ha señalado, esta proporción llega a alcanzar hasta 15 enfermeras por facultativo, una diferencia que, a su juicio, condiciona de forma decisiva la organización del sistema sanitario.
El exjefe de Cirugía ha explicado que esta baja ratio limita la capacidad organizativa del sistema, ya que muchas tareas que en otros países resuelve la enfermería con altos niveles de efectividad recaen en España sobre los médicos. Esta situación, según ha indicado, contribuye a la sobrecarga de la atención médica y tiene efectos directos como el aumento de las listas de espera y la presión asistencial.
Fatás ha vinculado estos desequilibrios con el funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con el modelo de gobernanza sanitaria. Ha señalado que, pese a tratarse de un sistema descentralizado, España carece de unas bases estatales sólidas y comunes como las que existen en otros países occidentales con estructuras federales. A su juicio, la fuerte polarización política ha dificultado alcanzar consensos estables sobre los principios básicos que deberían ser intocables en el sistema nacional de salud.
En este contexto, ha afirmado que el modelo diseñado con la Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por el entonces ministro Ernest Lluch y considerada en su momento una de las más solidarias de Europa, se ha ido desmantelando de forma progresiva. Según Fatás, distintas modificaciones legislativas han ido vaciando de contenido al Ministerio de Sanidad, mientras que el Consejo Interterritorial se reúne cada vez menos y, cuando lo hace, se convierte en un espacio de confrontación política.
El análisis de Fatás apunta además a un aumento creciente de las diferencias entre comunidades autónomas y al avance de la sanidad privada financiada con fondos públicos, una evolución que, según ha advertido, está transformando el modelo sanitario y profundizando las desigualdades territoriales.
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
Asimismo, el estudio pone de relieve la presión que soportan los servicios de urgencias. Relaciona este escenario con el envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad, factores que, según se expone, incrementan de forma sostenida la demanda de cuidados continuados. Por ello, se subraya la importancia de reforzar la atención primaria, mejorar la coordinación entre niveles asistenciales y dotar de mayor estabilidad a los equipos profesionales.
En sus conclusiones, el informe insiste en la urgencia de una planificación estatal integrada que permita anticipar las necesidades futuras de personal sanitario, ajustar la formación a la evolución demográfica y garantizar la sostenibilidad del sistema público. Según se recoge en el análisis, solo a través de una mejora de las condiciones laborales, una distribución más equilibrada de los profesionales y una estrategia coordinada a largo plazo será posible mantener e incluso mejorar los niveles de atención sanitaria.
El servicio 061 Aragón es el dispositivo encargado de coordinar la atención de las urgencias y emergencias sanitarias en la comunidad autónoma, desde la recepción de la llamada inicial hasta la derivación del paciente al recurso hospitalario más adecuado. Así lo ha explicado la doctora Elena Oliveros, médica del 061 desde hace 25 años, que ha detallado el funcionamiento interno, los medios disponibles y la distribución territorial de este sistema asistencial.
El 061 Aragón es una gerencia de urgencias y emergencias sanitarias integrada en el Servicio Aragonés de Salud, creada en el año 2000 y que ha celebrado recientemente su 25 aniversario. Según ha expuesto Oliveros, su estructura se articula en torno a un centro coordinador operativo las 24 horas del día, que centraliza toda la información asistencial y recibe tanto las llamadas directas al 061 como las derivadas desde el teléfono de emergencias 112.
Desde este centro coordinador, actualmente ubicado en Zaragoza, un gestor de recursos sanitarios realiza las primeras preguntas necesarias para valorar cada incidencia y decidir qué medios movilizar en función de la gravedad, la proximidad y la disponibilidad. La doctora ha explicado que esta labor se desarrolla en coordinación permanente con otros servicios de emergencia, como la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Bomberos o Protección Civil, y que el 061 gestiona además todas las camas de UCI de los hospitales de Aragón.
Oliveros ha recordado que se está construyendo un Centro Integrado de Gestión de Emergencias de Aragón, cuya finalización está prevista para finales de 2026 o principios de 2027. Este nuevo espacio unificará los centros coordinadores del 112, del 061 y de los cuerpos de seguridad autonómicos, lo que permitirá, según ha señalado, una gestión más eficaz de catástrofes o accidentes con múltiples víctimas al concentrar la toma de decisiones en una misma ubicación.
En cuanto a los recursos asistenciales, la médica ha detallado los distintos medios con los que cuenta el 061 Aragón. Entre ellos se encuentran las Unidades Móviles de Emergencias (UME), dotadas con médico, enfermero y dos técnicos sanitarios, que prestan soporte vital avanzado y atienden urgencias y emergencias críticas en el lugar donde se producen. En Huesca, la UME está ubicada en el Centro de Salud Pirineos y dispone de equipamiento completo, como respirador, monitor con desfibrilador y marcapasos externo, oxigenoterapia, material de inmovilización y mochilas específicas para atención pediátrica, cardiaca y respiratoria.
A estos recursos se suman las UVI móviles, con médico, enfermero y técnico conductor, destinadas principalmente al traslado interhospitalario de pacientes críticos, aunque también intervienen en emergencias cuando la UME está ocupada o se requieren más efectivos. Durante la noche, estos vehículos pueden funcionar como unidades de soporte vital avanzado con enfermería, manteniendo la misma dotación técnica.
El dispositivo se completa con ambulancias de Soporte Vital Básico, atendidas por dos técnicos de emergencias sanitarias, que proporcionan atención inicial y traslado a los servicios de urgencias. Estas unidades pueden ser medicalizadas en coordinación con los profesionales de los centros de salud, una medida que, según ha explicado Oliveros, permite reducir los tiempos de llegada al hospital en casos críticos.
El 061 Aragón dispone además de unidades especializadas, como la UME pediátrica, que posibilita el traslado de neonatos mediante incubadoras de transporte con respirador, o la Unidad de Rescate en Montaña, que en la provincia de Huesca opera en colaboración con la Guardia Civil a través de helicópteros medicalizados, con refuerzos específicos durante los meses de verano en zonas de alta actividad como Benasque.
Los helicópteros sanitarios del 112, con base en Zaragoza y Teruel, constituyen otro pilar del sistema, especialmente en áreas rurales o de difícil acceso. Estos medios, dotados con médico, enfermero, piloto y mecánico, permiten una respuesta rápida y pueden operar de noche en superficies habilitadas, un factor que resulta determinante para acortar los tiempos de atención.
Según ha señalado la doctora, la actividad diaria del 061 se centra en la atención urgente y emergente de pacientes con patología grave, tanto física como mental, cuya evolución depende de la actuación en los primeros minutos. Entre los casos más frecuentes ha citado los accidentes de tráfico y laborales, así como la activación de códigos específicos, como el código ictus, el código infarto o el código trauma, que permiten alertar al hospital antes de la llegada del paciente para que el equipo especializado esté preparado.
Oliveros ha insistido en que estas patologías son claramente tiempo-dependientes y que una intervención precoz mejora de forma significativa el pronóstico y la supervivencia. En este sentido, ha destacado que la llamada al 061 “ahorra tiempo vital”, ya que permite que un médico o un enfermero del centro coordinador ofrezca instrucciones inmediatas por teléfono a la persona que realiza la llamada, orientando la primera actuación hasta la llegada de los recursos.
En el ámbito de la calidad y la formación, la doctora ha explicado que el servicio cuenta con certificación de excelencia empresarial y actúa como centro formador en soporte vital, uso de desfibriladores y simulación clínica. Además, colabora en la formación universitaria de médicos y enfermeros, así como en la preparación de residentes MIR y EIR, técnicos sanitarios y otros profesionales.
La intervención ha incluido un análisis detallado de la distribución geográfica de los recursos en la provincia de Huesca, con UME, UVI y ambulancias de soporte vital básico repartidas por comarcas para dar cobertura tanto a los núcleos urbanos como a las zonas más alejadas. Oliveros ha explicado que esta organización busca reducir los tiempos de respuesta, aunque ha reconocido que existen municipios que se encuentran a más de 30 minutos del recurso más cercano.
Finalmente, la especialista ha subrayado el compromiso operativo y formativo del 061 Aragón y ha apelado a la colaboración ciudadana, tanto para facilitar el acceso de los equipos al lugar de la emergencia como para respetar la circulación de los vehículos con rotativos y sirenas, recordando que cada minuto ganado puede ser decisivo para el paciente.
MODELO CENTRALIZADO
La reumatóloga Rosa Roselló ha ofrecido una visión crítica sobre la evolución de la asistencia sanitaria en Aragón, centrada en la pérdida progresiva de especialistas en ciudades medias y pequeñas como Huesca y Barbastro. A partir de su trayectoria profesional, ha descrito un proceso que, a su juicio, ha ido debilitando la atención especializada fuera de Zaragoza y ha situado a algunos servicios al límite de su capacidad.
Roselló ha recordado su llegada a Huesca en 1987, tras las oposiciones de 1986, en un contexto en el que, según ha explicado, el entonces sistema del Insalud permitió la incorporación de especialistas a ciudades pequeñas y zonas rurales. Ha señalado que esa etapa supuso un avance significativo en la equidad territorial del sistema sanitario, con la creación de plazas estables y la consolidación de servicios que hasta entonces no existían en provincias como Huesca o Teruel
La doctora ha situado un punto de inflexión en la transferencia de las competencias sanitarias a Aragón en 2002. Desde entonces, ha afirmado que se ha impuesto un modelo organizativo centralizado en Zaragoza, que condiciona la oferta de plazas y deja en segundo plano a los hospitales periféricos. Según ha explicado, en los procesos selectivos no se especifica con claridad qué plazas corresponden a cada centro, lo que provoca que los destinos menos demandados queden vacantes o se cubran de forma provisional.
"La cobertura mediante personal interino se ha convertido en una práctica habitual"
En este contexto, Roselló ha denunciado que "la cobertura mediante personal interino se ha convertido en una práctica habitual", especialmente en especialidades con pocos profesionales. Ha señalado que este sistema genera una falsa sensación de suficiencia en las estadísticas oficiales, ya que se contabiliza como personal distinto a profesionales que solo han trabajado unos días o semanas, aunque nunca haya habido tantos especialistas ejerciendo de forma simultánea en un mismo servicio.
A modo de ejemplo, ha relatado la evolución de la reumatología en Huesca y Barbastro, donde durante largos periodos ha trabajado una sola especialista por centro. Según ha indicado, tras varias jubilaciones no reemplazadas, la carga asistencial ha recaído en un único profesional interino para cubrir funciones que antes correspondían a cuatro especialistas.
Ha atribuido este problema a la falta de políticas eficaces para atraer y fidelizar profesionales en zonas de difícil cobertura. Los contratos temporales y la ausencia de incentivos, ha declarado, hacen inviable que médicos jóvenes se trasladen a ciudades pequeñas o entornos rurales, donde además deben asumir costes elevados de vivienda o dificultades para conciliar la vida familiar y profesional.
Roselló ha defendido que un contrato fijo fue determinante para que ella misma se trasladara a Huesca y ha subrayado que la estabilidad laboral es un requisito imprescindible para garantizar la continuidad asistencial. En este sentido, ha reclamado que todas las plazas que quedan vacantes por jubilación o fallecimiento se convoquen de forma inmediata y que se utilicen las bolsas de profesionales aprobados sin plaza para cubrirlas.
Entre las medidas propuestas, ha citado la necesidad de mejorar las condiciones laborales y de vivienda en las zonas de difícil cobertura, siguiendo modelos ya implantados en otros países europeos, donde se ofrecen ayudas para el alojamiento, la escolarización de los hijos o el empleo de la pareja. También ha rechazado soluciones basadas en la obligatoriedad de ocupar estas plazas sin incentivos suficientes y ha advertido del riesgo de recurrir a profesionales sin la titulación o la formación adecuada.
En la parte final de su intervención, Roselló ha hecho un llamamiento a defender una sanidad pública de calidad, recordando que no se trata de un sistema gratuito, sino sostenido por el esfuerzo contributivo de toda la ciudadanía.
MÁS CARENCIAS
Durante el turno de intervenciones del público se han planteado carencias en otras áreas sanitarias, más allá de la atención médica y de enfermería. Varias personas han reclamado una mayor dotación de profesionales como fisioterapeutas, auxiliares de planta y psicólogos, señalando las dificultades para acceder a tratamientos en patologías frecuentes como lumbalgias, dolores de hombro o cervicalgias, salvo en casos muy graves. Según se ha expresado, la situación actual requeriría una inversión muy superior a la existente.
También se ha aludido a las dificultades para acceder a pruebas diagnósticas dentro del sistema público, especialmente para quienes no disponen de un seguro privado, una circunstancia que, según se ha señalado desde el público, condiciona la atención y retrasa diagnósticos necesarios.
En este contexto, Pilar Faure ha subrayado que el debate abierto durante la jornada no se agota en un solo acto, apelando a la necesidad de mantener espacios de reflexión y movilización ciudadana en defensa de la sanidad pública.
Por su parte, Mónica, profesional del 061, ha advertido de que de lunes a jueves por la noche las ambulancias en Huesca se quedan sin médico, de modo que las enfermeras asumen en solitario la atención en situaciones de emergencia. Ha señalado que, en casos como códigos infarto, ictus o accidentes graves, la enfermera se enfrenta sola a la situación, con el apoyo de un médico regulador por teléfono. Según ha defendido, una atención de calidad exige que los recursos de UVI cuenten siempre con médico y enfermería de forma conjunta.
Finalmente, Charo Ochoa ha puesto el foco en la externalización de servicios dentro del sistema de emergencias, recordando que, aunque el personal sanitario del 061 pertenece al Servicio Aragonés de Salud, los técnicos y las ambulancias dependen de conciertos privados que se renuevan periódicamente. Ha reclamado la reversión de estas externalizaciones y la integración completa del servicio en la sanidad pública, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana para defender un sistema sanitario cien por cien público y mejorar tanto las condiciones laborales como la atención a la población.