Decenas de personas se han concentrado este martes en la plaza Cervantes de Huesca para reclamar que los fondos previstos para financiar la concertación del Bachillerato se destinen íntegramente al refuerzo de la enseñanza pública. La movilización ha concluido con la lectura de un manifiesto en el que las organizaciones convocantes han reivindicado una mayor inversión en la red educativa pública y han expresado diversas preocupaciones relacionadas con la situación de los centros escolares.
Durante el acto, los organizadores han valorado positivamente la reciente suspensión cautelar de la concertación del Bachillerato acordada por la Justicia. Según han señalado en el manifiesto, uno de los objetivos de la concentración era celebrar que, a su juicio, se ha evitado que recursos públicos se destinen a financiar una etapa educativa que puede ser atendida por los institutos de la comunidad autónoma.
La principal reivindicación planteada durante la concentración ha sido que la partida económica que el Gobierno de Aragón había previsto dedicar a esa concertación sea invertida en mejorar la escuela pública. Los convocantes consideran que esos recursos deberían emplearse para atender necesidades que continúan presentes en los centros educativos y para reforzar los servicios que presta la red pública.
En el manifiesto leído ante los asistentes, las organizaciones convocantes han defendido el papel de la escuela pública como garantía del derecho universal a la educación y han destacado el trabajo realizado durante el curso por docentes, alumnado y familias. También han afirmado que los centros continúan desarrollando su labor pese a las dificultades que, según exponen, afrontan en su actividad diaria.
Entre las cuestiones mencionadas figuran la falta de determinados recursos educativos, la necesidad de incorporar más especialistas, las carencias existentes en algunas infraestructuras y el aumento de las tareas administrativas. Asimismo, los convocantes han reclamado mejoras en aspectos como el transporte escolar, los comedores o los espacios destinados a la actividad educativa.
Las organizaciones participantes han insistido en que la suspensión cautelar no supone el final del proceso judicial abierto en torno a la concertación del Bachillerato. Según han indicado, continuarán defendiendo sus planteamientos en los tribunales y mantendrán su oposición a una medida que consideran innecesaria mientras existan necesidades pendientes en la enseñanza pública.
El manifiesto también ha incluido una referencia expresa a la situación de diversos profesionales de la enseñanza en la provincia. Los convocantes han mostrado su preocupación por el incremento de expedientes y actuaciones dirigidas a docentes y equipos directivos durante los dos últimos cursos y han defendido que la labor de la Inspección Educativa debe desarrollarse desde la colaboración y el asesoramiento profesional.
La concentración ha servido además para cerrar un curso que las organizaciones convocantes han definido como especialmente reivindicativo. Los participantes han señalado que la movilización supone una despedida temporal antes del periodo estival, aunque han asegurado que retomarán sus reivindicaciones en defensa de la escuela pública una vez comience el próximo curso académico.
LA ORIENTADORA APERCIBIDA
Lola Giménez, la orientadora educativa que ha recibido el apercibimiento, sostiene que la medida tiene su origen en la tramitación de varios informes psicopedagógicos elaborados para alumnado recién incorporado al sistema educativo español que presenta un importante desconocimiento del castellano y, en algunos casos, una escolarización previa muy limitada o inexistente.
La profesional ha detallado que, para solicitar las adaptaciones curriculares y medidas de apoyo que estos estudiantes necesitan, los centros deben remitir a la Inspección Educativa una serie de informes acompañados de los denominados Niveles de Competencia Curricular (NCC), elaborados por los distintos departamentos didácticos.
Giménez ha explicado que la elaboración de estas valoraciones resulta especialmente compleja cuando se trata de alumnado con el que apenas es posible comunicarse debido a la barrera idiomática. Según ha indicado, muchos de estos estudiantes llegan sin conocer el castellano y, en ocasiones, con escasa o nula escolarización previa.
La orientadora ha señalado que la documentación se ha remitido en varias ocasiones a Inspección y que, durante el procedimiento, se han solicitado correcciones en algunas de las tablas elaboradas por departamentos como Lengua, Matemáticas o Música. Según ha precisado, esas modificaciones se han incorporado y los informes han acabado obteniendo el visto bueno del organismo inspector.
A juicio de Giménez, ahí reside la principal contradicción del expediente. "Las tablas se corrigieron, se volvieron a presentar y finalmente fueron aprobadas", ha afirmado. Por ello, asegura no entender que el apercibimiento haya llegado después de que la documentación hubiera sido validada y de que el alumnado ya estuviera recibiendo la respuesta educativa autorizada.
La docente ha defendido además que el objetivo de estos procedimientos es garantizar recursos para estudiantes que afrontan especiales dificultades de integración académica. En este sentido, ha lamentado que algunas de las medidas reclamadas por los centros, como la creación de un aula de castellano, no hayan llegado hasta prácticamente el final del curso.
Giménez ha afirmado también que la elaboración de estas tablas constituye una práctica habitual en los institutos aragoneses y ha asegurado que no había conocido anteriormente situaciones similares vinculadas a este tipo de documentación. A su juicio, el debate debería centrarse en las necesidades educativas del alumnado recién llegado y en los recursos disponibles para atenderlas.
La orientadora ha sido especialmente crítica con lo que considera un exceso de carga burocrática en los centros educativos. Según ha manifestado, la creciente exigencia documental consume tiempo que el profesorado podría dedicar al acompañamiento del alumnado y a la intervención directa en las aulas.
En su opinión, la función inspectora debería tener un mayor componente de asesoramiento y apoyo a los profesionales. Giménez considera que la atención a los procedimientos administrativos está desplazando parte del trabajo educativo que desarrollan diariamente los centros.
Durante sus declaraciones también ha hecho referencia a otros procedimientos abiertos en la provincia. Según ha afirmado, existen docentes y equipos directivos que afrontan expedientes o recursos relacionados con actuaciones de la Inspección Educativa.
Asimismo, ha señalado que compañeros de Zaragoza y Teruel le han trasladado que no perciben una situación similar a la que, según sostiene, se vive actualmente en la provincia de Huesca.
Respecto a su situación personal, Giménez ha confirmado que presentará un recurso contra el apercibimiento. Ha explicado que se trata de una medida de carácter leve que permanecería incorporada a su expediente durante seis meses.
La orientadora ha expresado además su preocupación por las consecuencias que este tipo de actuaciones pueden generar entre los profesionales de la enseñanza y por el efecto que, a su juicio, pueden tener sobre la libertad de expresión y el debate dentro de la comunidad educativa.