La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Huesca, Silvia Ferreruela Royo, ha dictado sentencia condenatoria contra un varón, que responde a las iniciales A.P., acusado de amenazar de muerte y agredir a dos agentes de la Guardia Civil Albalate de Cinca. La resolución judicial considera probados los delitos de amenazas, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones menos graves.
Los hechos se remontan a una intervención policial ocurrida en la localidad en 2022, donde el ahora condenado agredió a un vecino con un pico golpeándole por la espalda y profiriendo la amenaza de que le mataría. Cuando fue localizado y fue conducido a dependencias de la Benemérita reaccionó de forma violenta contra los agentes de la Guardia Civil que le estaban leyendo los derechos tras haber recibido el aviso de auxilio de la víctima. Según el fallo, el acusado pronunció advertencias de muerte explícitas contra los guardias civiles y sus familias, para posteriormente agredir físicamente a uno de ellos al que le ocasionó un esguince en una muñeca y le lesionó la rodilla, daños que requirieron asistencia médica.
Como parte de la condena, el tribunal ha impuesto la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a cualquiera de las víctimas, así como la prohibición de acceder o acercarse a menos de 500 metros del municipio escenario de los hechos.
Jorge Piedrafita, abogado de Independientes de la Guardia Civil (IGC) a la que pertenece el agente, resalta el intenso trabajo de la acusación para lograr una sentencia —ya firme— que pone de relieve la especial gravedad de las amenazas y agresiones a agentes de la autoridad y los ciudadanos.
El fallo judicial supone, agrega el letrado, un respaldo a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y reafirma el principio de autoridad como garantía de convivencia y orden público señalando que “la violencia contra los agentes de la autoridad no puede tolerarse ni quedar impune”. Dentro de esta consideración se destaca que el Ministerio del Interior sigue sin reconocer la consideración de profesión de riesgo que seguirá reclamándose desde IGC