Huesca ha vivido esta mañana un acontecimiento calificado como “histórico”, ya que nunca antes se había celebrado en la ciudad una vista judicial destinada al reconocimiento y reparación de una víctima del golpe militar de 1936. La propia Fiscalía ha señalado que no será la única, puesto que otros expedientes de fusilados oscenses seguirán este mismo cauce en los próximos meses. La sesión celebrada hoy en el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 ha marcado así un precedente relevante en el ámbito de la memoria democrática.
El procedimiento ha abordado el expediente relativo a Alfonso Gaspar y Soler, médico militar fusilado en Huesca el 23 de agosto de 1936. La iniciativa ha sido promovida por los familiares a través de la fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Huesca. En la vista han comparecido dos nietas y un bisnieto del médico asesinado. También ha intervenido el perito propuesto por la Fiscalía, Víctor Pardo, coautor del diccionario biográfico Todos los nombres. Víctimas y victimarios (Huesca, 1936-1945), donde se recogen las circunstancias que condujeron a Gaspar y Soler al paredón.
Tras la lectura de conclusiones por parte de la fiscal de sala, la jueza ha acordado dictar una propuesta de auto de reparación que será remitida a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial. Este trámite tiene por objeto certificar la ilegalidad e ilegitimidad de los hechos sufridos por Alfonso Gaspar y Soler, anotar su nombre en el Registro de Víctimas y anular el expediente económico de Responsabilidades Políticas que afectó a su familia.
Los documentos aportados han recordado que Alfonso Gaspar y Soler, nacido en Valencia el 2 de agosto de 1886, fue médico militar y de ideología republicana. Participó en la formación del Comité Político Acción Republicana de Huesca en 1932, integrándose más tarde en Izquierda Republicana, partido con el que fue designado candidato en las elecciones municipales de abril de 1936. Tras el golpe de Estado de julio de 1936 fue detenido en el Hospital Militar de Huesca y asesinado extrajudicialmente el 23 de agosto frente a las tapias del cementerio de la ciudad.
La documentación también señala que la represión continuó después de su muerte. En febrero de 1938 se incoó en Huesca un procedimiento judicial. La multa final del Tribunal de Responsabilidades Políticas ascendió a la cantidad de 1500 pesetas y las costas del juicio, 106,74 euros: en total 1606,74 euros, una cifra nada despreciable para la época.
La cantidad que fue satisfecha por su viuda, Rosalía Auria Lasierra, con ayuda familiar. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo mantuvo también un expediente abierto hasta noviembre de 1944, cuando se declaró extinguida la responsabilidad a causa del fallecimiento ocurrido el 23 de agosto de 1936.
Las consecuencias afectaron a toda la familia. La viuda y sus tres hijos, Rosalía, Alfonso y Jaime, se trasladaron a Zaragoza tras las amenazas y la persecución sufrida, llegando a una situación de pobreza. Otros familiares, Vicente Soler y Gaspar y Mercedes Soler y Gaspar, ambos republicanos, se vieron obligados al exilio.
El marco legal del expediente se ajusta a la Ley de Memoria Democrática, que permite la declaración judicial de hechos pasados y la nulidad de sanciones dictadas por motivos políticos. Los solicitantes son Emilia Gaspar Ochoa, Ana Gaspar Fuentes y Jaime Cuadra Gaspar, mientras que el perito Víctor Pardo ha sido convocado como conocedor de los hechos documentados. La petición recoge que el auto se remita a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para su inclusión tanto en el Registro Estatal de Víctimas como en el inventario de incautaciones, además de declarar la nulidad de todas las sanciones económicas impuestas.