El anuncio del Gobierno de Aragón sobre la concertación del Bachillerato ha abierto un frente político con críticas desde la izquierda y reproches desde la derecha, evidenciando la división en torno a una medida que comenzará a aplicarse en el curso 2026-2027.
Desde Izquierda Unida Aragón, la reacción ha sido de rechazo frontal. La formación ha denunciado que el Ejecutivo destinará 2,7 millones de euros de dinero público a financiar el Bachillerato en centros privados “mientras abandona la educación pública”. Su coordinadora y portavoz parlamentaria, Marta Abengochea, ha afirmado que “el Partido Popular vuelve a utilizar dinero público para reforzar el negocio de los centros de la Iglesia, en lugar de fortalecer una red pública que ya cuenta con plazas suficientes y de calidad contrastada”.
La formación ha cuestionado además la necesidad de la medida, al considerar que no responde a un déficit de plazas. “Hoy no existe esa necesidad. Hay oferta pública suficiente, por lo que esta decisión solo puede entenderse como una apuesta política por desviar recursos hacia intereses privados”, ha sostenido Abengochea, quien ha vinculado la iniciativa a “intereses ideológicos y de negocio”.
Izquierda Unida ha criticado también el momento en que se adopta la decisión, con un Gobierno en funciones y presupuestos prorrogados. En este sentido, ha advertido de que la medida “modifica partidas para destinar 2,7 millones de euros” y ha acusado al Ejecutivo de priorizar a determinados sectores privados frente al interés general. Asimismo, ha rechazado que los conciertos garanticen la equidad, al considerar que “generan segregación y no responden a la demanda real”.
En el bloque de la derecha, VOX ha respaldado la implantación del Bachillerato concertado, aunque ha cargado contra el Ejecutivo por su gestión y los tiempos de aplicación. La portavoz adjunta en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha acusado al presidente Jorge Azcón y a la consejera Tomasa Hernández de haber “mentido y perjudicado a las familias que demandaban esta medida para tratar de chantajear a VOX” en la negociación presupuestaria.
Rouco ha recordado que la concertación del Bachillerato ya figuraba en el acuerdo de gobierno entre PP y VOX de agosto de 2023 y ha lamentado que “esta medida llega tres años tarde”. “Lo que antes decían que era imposible, ahora se convierte en realidad sin explicación”, ha señalado, cuestionando el cambio de criterio del Ejecutivo.
Pese a las críticas, VOX ha valorado positivamente que unas 1.900 familias puedan beneficiarse de la medida, aunque ha considerado insuficiente su alcance inicial. “No es suficiente aplicarlo solo a primero. Hay que extenderlo a todo el ciclo completo”, ha reclamado Rouco, insistiendo en acelerar su implantación.