Los representantes legales de la Comunidad de Propietarios Fidel Pagés Miravé Fase I, conocido como Edificio Laurentis, y del Ayuntamiento de Huesca han solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huesca la suspensión del procedimiento interpuesto en 2022 por el demandante contra la administración municipal para la resolución de las graves deficiencias en el inmueble y su entorno que han sido objeto de un largo conflicto.
Tal y como ha venido informando EL DIARIO DE HUESCA en una sucesión de noticias, los vecinos vienen quejándose años de los severos desperfectos e incomodidades incompatibles con el bienestar de decenas de propietarios que han sufrido carencias en la edificación cuyos efectos se han agravado con el tiempo, como señala el informe de un perito que hubieron de contratar para contrarrestar la versión oficial.
La representación ejercida por Ricardo Orús ha reclamado que el Ayuntamiento asuma las obras y acciones necesarias para resolver estas incomodidades, con un edificio que se ha hundido ostensiblemente, con filtraciones que han propiciado encharcamientos en los garajes, con una fetidez insoportable y otros problemas estructurales. Igualmente, han preguntado al consistorio la razón por la que no ejecutó el aval de la constructora cuando comenzaron hace nueve años las evidencias de los defectos.
El largo periplo de conversaciones con la representación política (del anterior mandato) y técnico no ha surtido el efecto deseado. La Comunidad mantuvo en precampaña una reunión con la que luego sería alcaldesa, Lorena Orduna, que se comprometió a interesarse por el asunto. En el terreno hoy de los profesionales, los abogados de ambas partes han solicitado, con fecha de 6 de septiemre, la "suspensión de este procedimiento y de la práctica de la prueba señalada para el día 27 de septiembre".
No implica esta situación "en vías de alcanzar un acuerdo extrajudicial" que el litigio haya concluido, y es que queda la concreción de la actuación municipal. Ricardo Orús afirma que "lógicamente nuestra reclamación es más extensa y exigente" que las acciones que admiten los técnicos municipales. Este paso tras el cambio de gobierno "no implica que pueda dilatarse la solución, sino todo lo contrario. Es sólo un voto de confianza con un principio de acuerdo que acepto a regañadientes y que espero se confirme". De hecho, agrega el letrado, "esta petición de suspensión del procedimiento es temporal y dependiente de que avancemos definitivamente. De lo contrario, volveremos a la judicialización".
Mientras, los vecinos continúan con sus labores cotidianas desde hace años, que es protegerse de todas las incomodidades y aplicar importantes dosis de lejía para que los olores que se desprenden de los agujeros abiertos en los trabajos municipales sean menos insalubres. Y es que, aludiendo al símil cinematográfico, no sólo esta casa, sino que "esta calle es una ruina".