El Departamento de Educación del Gobierno aragonés está realizando una investigación en torno a la controvertida visita que el inspector jefe de Huesca, Ignacio Polo, realizó al IES Ramón y Cajal en noviembre de 2024. Esta intervención, detonada por discrepancias internas sobre la valoración académica de un alumno, ha desencadenado un complejo proceso de revisión, denuncias y una notable tensión institucional en la comunidad educativa oscense.
La polémica, como ya publicó este periódico, comenzó tras un conflicto surgido entre el Departamento de Matemáticas del instituto y el inspector jefe, Iñaki Polo, debido a discrepancias en la interpretación y aplicación de criterios normativos de evaluación. La actuación de este último fue cuestionada por diversos actores,
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha registrado una exigido a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, claridad y el cumplimiento de los compromisos adoptados en sede parlamentaria. En marzo de 2025, la Comisión de Educación de las Cortes aprobó una proposición no de ley (PNL) que instaba a abrir un expediente informativo a Polo y a que se hiciera público un informe completo de las actuaciones y medidas tomadas.
A día de hoy, y pese a que han transcurrido más de cuatro meses desde dicha resolución, no se ha comunicado oficialmente ni la apertura del expediente ni su contenido. Sanz ha reclamado detalles concretos sobre fechas, documentación y decisiones administrativas.
En mayo, el Departamento de Educación celebró en Zaragoza una reunión en la Secretaría General Técnica con la Dirección del instituto y docentes del centro, presidida por Encarna Castillo, directora de inspección educativa, y Manuel Magdaleno, secretario general técnico. Durante más de cuatro horas, se recabaron testimonios detallados sobre la inspección, con especial interés en el conocimiento y las opiniones sobre el acta vinculada al caso.
Posteriormente, se citaron a otros implicados, entre ellos la jefa del Departamento de Matemáticas y la jefa de estudios de la ESO.
A esta situación se le sumó la denuncia formal por acoso laboral presentada por la profesora de Matemáticas contra el inspector jefe en el Departamento de Educación. Este hecho motivó que una de las últimas reuniones requeridas desde el Departamento de Educación se realizara en la Dirección Provincial en Zaragoza, bajo el amparo del Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Laboral y la Violencia Interna del Departamento. En esta sesión se indagó en la dinámica relacional entre ambas partes y posibles episodios de tensión.
Por el momento, se desconoce si habrá nuevas convocatorias.
IMPACTO INSTITUCIONAL
Según han comentado profesionales del Ramón y Cajal, la polémica creada en torno a la actuación de inspector jefe, al que siguió un comunicado del Departamento de Educación muy cuestionado y la citada Comisión de Educación de las Crotes, generó un clima de presión y vigilancia exhaustiva en el centro, donde la actividad administrativa y académica fue sometida a una supervisión intensa y continua, incluyendo la revisión y posterior obligación de rehacer actas de los últimos tres años por supuestos defectos formales. Esta presión ha sido calificada por el equipo docente y directivo como una forma de acoso administrativo, que tuvo un impacto significativo en el funcionamiento cotidiano del centro.
Otro episodio relevante en la escalada de tensiones fue el apercibimiento a un profesor por presentar un escrito del claustro sin la firma de la directora. Este suceso agravó las relaciones entre el instituto y la inspección educativa, que ahora se caracterizan por una comunicación fría y distante, en contraposición a la fluidez previa.
Algunos profesionales del Ramón y Cajal, estiman que, para recuperar la normalidad, sólo cabe una disculpa de la consejera, por la manera en la que ha abordado este conflicto, y el relevo del inspector jefe de educación en Huesca.