Una de las familias afectadas por la supresión de una vía de 1.º de ESO en el IES San Alberto Magno de Sabiñánigo ha denunciado el "silencio administrativo" del Departamento de Educación ante una decisión que, a su juicio, modificó las reglas del proceso de escolarización cuando éste ya estaba en marcha. Tras presentar varios recursos, asegura que la Consejería no ha ofrecido ningún razonamiento que justifique la reducción de plazas, ni ha respondido a las alegaciones formuladas.
Para esta familia, la principal preocupación ya no es únicamente la pérdida de una plaza en el instituto elegido, sino la ausencia de una justificación oficial. Según explica, la Administración no ha expuesto los criterios técnicos, organizativos o pedagógicos que motivaron la supresión de una de las vías de primero de ESO, ni ha dado respuesta a las reclamaciones presentadas.
Asimismo, ha denunciado que el procedimiento se desarrolló sin la transparencia exigible. Afirma que no se convocó la Comisión de Garantías de Admisión, órgano encargado de supervisar el proceso de escolarización, ni se informó previamente a los afectados antes de modificar la oferta de plazas publicada inicialmente. Aunque el Departamento atribuyó la situación a un error informático, considera que esa explicación no justifica alterar un procedimiento que ya estaba abierto.
El conflicto se originó durante el actual proceso de escolarización, cuando el Departamento de Educación suprimió una de las vías de 1.º de ESO del IES San Alberto Magno, un centro que, según recuerda esta familia, había mantenido tres líneas en este curso durante años. La modificación se produjo después de que las vacantes hubieran sido publicadas oficialmente, al atribuir posteriormente la Administración esa oferta inicial a un "error informático", lo que, según denuncian los afectados, supone ya la asunción por parte de la Administración de un error. La decisión dejó fuera del centro a unas 27 familias, que recurrieron administrativamente la medida al considerar que alteraba las condiciones del proceso una vez iniciado.
A juicio de esta familia, el conflicto se sustenta en tres cuestiones fundamentales. La primera es que las condiciones del proceso de admisión cambiaron cuando las solicitudes ya habían sido presentadas. Explica que las familias tomaron sus decisiones conforme a la oferta oficial publicada por el propio Departamento de Educación y que la eliminación de una de las vías alteró posteriormente esas condiciones. "Las familias ya habíamos elegido centro y, cuando el proceso estaba en marcha, cambiaron las reglas del juego", resume.
El segundo aspecto afecta, según expone, al derecho a elegir el proyecto educativo. Recuerda que optó por el IES San Alberto Magno, entre otras razones, porque ofrece un programa bilingüe en inglés, mientras que el centro al que finalmente ha sido derivado su hijo desarrolla su itinerario bilingüe en francés. Considera que la solución plurilingüe planteada posteriormente por la Administración constituye "un parche" que no responde a la formación lingüística previa del alumnado.
Por último, cuestiona la planificación educativa seguida por el Gobierno de Aragón. Recuerda que el curso pasado se autorizó una nueva línea de Educación Secundaria en el colegio concertado Santa Ana alegando la necesidad de incrementar la oferta de plazas en Sabiñánigo. Por ello, no entiende que apenas un año después se elimine una vía en un instituto público que llevaba más de treinta años funcionando. A su juicio, esa decisión supone una "concertación encubierta", al reforzar la oferta concertada mientras se reduce la pública.
La familia también ha denunciado que el silencio administrativo forma parte de una estrategia para evitar pronunciarse sobre el procedimiento seguido. Considera que la ausencia de una respuesta juega a favor de la Administración, ya que el transcurso del tiempo, la lentitud de la vía judicial y el coste económico que supondría acudir a los tribunales pueden desanimar a muchas familias antes del inicio del curso escolar.
Insiste en que no reclama un trato de favor, sino que se restituya la oferta de plazas publicada al inicio del proceso y que la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón explique, con criterios objetivos y de forma transparente, las razones que llevaron a modificar la escolarización una vez iniciado el procedimiento.