El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión, Octavio López, ha comparecido para "mostrar el rechazo del Gobierno de Aragón al anuncio realizado con Renfe en el que muestra su negativa a hacer frente a las indemnizaciones derivadas de los retrasos ocasionados por las limitaciones impuestas por Adif en los últimos días
Le han acompañado los directores generales de Transportes y de Protección de los Consumidores y Usuarios, David Sánchez e Inmaculada de Francisco. López ha denunciado la "falta de transparencia e información del administrador de infraestructuras sobre los motivos que han conducido a establecer numerosas limitaciones de velocidad tanto en la red convencional como en la de alta velocidad después de los desgraciados accidentes de Adamuz y Gélida". Ha proclamado el consejero el "derecho a conocer el estado de la infraestructura y si es segura o no".
Ha expresado el representante del Gobierno de Aragón la "preocupación por el estado de la infraestructura por la falta de inversión y mantenimiento". Y, en tercer lugar, denuncia la actitud del Ministerio de Transportes, Adif y Renfe con los usuarios, "que no sólo se ven perjudicados por un servicio deficiente en el que no hay ningún tipo de contraprestación derivada del mismo, sino también por la incertidumbre y falta de confianza a la que les ha conducido la mala gestión del Gobierno de España en un servicio que hace unos años era la envidia de Europa".
Octavio López ha expresado su "estupefacción por el comunicado de Renfe en el que anula las políticas habituales de indemnización por retraso, aduciendo las limitaciones de velocidad impuestas por Adif", acogiéndose al Reglamento Europeo "sin que éste le dé la razón, ya que reza literalmente que Renfe no puede rehusar hacer frente a las indemnizaciones económicas por los retrasos derivados de las acciones u omisiones del Administrador de Infrraestructuras". Es la única causa que esgrime en el comunicado y de ahí su "perplejidad"
"Renfe, con la aquiescencia y el vergonzoso consentimiento del ministro de Transportes, incumple tanto el reglamento europeo" de los derechos de usuarios de ferrocarril "como la Ley de Movilidad Sostenible recientemente aprobada por el Gobierno que ahora la pretende transgredir de manera flagrante". La Disposición Adicional 31 obliga a recuperar desde el 1 de enero el compromiso de puntualidad y devoluciones anteriores a julio de 2024, "garantizando de nuevo las indemnizaciones por los retrasos de 15 y 30 minutos" que han de ser del 50 y el 100 % del billete respectivamente tanto en Alta Velocidad como media distancia.
REAJUSTE DE HORARIOS
El consejero de Fomento ha afirmado que, de no llevarse a efecto, "urge un reajuste de horarios para que los usuarios sepan, antes de comprar un billete, qué es realmente lo que están comprando y decidan si el precio es el adecuado para este servicio. No tiene sentido pagar lo mismo para un transporte que tarda en llevarte a Madrid o Barcelona hora y media o dos horas más de lo que lo hacía antes de que se impusieran las limitaciones de velocidad".
De no adoptarse una de estas medidas, "el señor Puente, Renfe y Adif estarán literalmente estafando a la ciudadanía, ya de por sí muy decepcionada por el deterioro de los servicios ferroviarios durante los años de gestión que coinciden con los años de gobierno del señor Sánchez".
Ha agregado el consejero que, "visto cómo se está gestionando el ferrocarril en este país y las trágicas consecuencias derivadas de ello, desde el Gobierno de Aragón volvemos a considerar que el señor Puente no está capacitado para devolver al ferrocarril el prestigio y la buena imagen de que gozaba. Es precisa, por tanto, su dimisión inmediata".
Ha enfatizado en que el análisis de las circunstancias "da un menú de desastre auténtico y absoluto desde el punto de vista democrático. Falta de transparencia, falta de inversión y mantenimiento de la red, actitud fraudulenta ante los usuarios, incertidumbre y falta de confianza de los usuarios, incumplimiento de las normas europeas y la legislación nacional, inseguridad jurídica y fraude en las relaciones con los usuarios".
"Desde la arrogancia, el desprecio, la ineptitud y la desidia que caracterizan a este ministro, no podemos permitir ni un minuto más su presencia en el ministerio por los graves perjuicios que está ocasionando a la imagen de un transporte de movilidad que gozaba de gran prestigio a nivel España, Europa y mundial, y que además está deteriorando gravemente el tránsito de ciudadanos aragoneses, también los que están yendo y viniendo desde la capital de España a Zaragoza por el gran volumen de actividad que está teniendo nuestra comunidad y, por lo tanto, no solamente tenemos un problema en el día a día de los ciudadanos, sino que además está generando unos perjuicios importantes desde el punto de vista económico", ha concluido su primera intervención Octavio López.
Ha estimado el consejero de que el ministro tendría que haber dado la cara abiertamente en una "devaluación absoluta del servicio de transporte que un usuario ha comprado desde el punto de vista del servicio", que antes en torno a hora y media cubría Madrid-Zaragoza y además con incertidumbre. Está produciendo "un abandono de los usuarios en sus desplazamientos a Madrid y Barcelona. No hay una regulación clara de bajada, están ajustando en función de los días y no da respuesta a los ciudadanos". Ha acusado de negligencia en el mantenimiento de la infraestructura y hay que "asumir las consecuencias", extendiendo el tiempo previsto y ajustando los precios, que "no pueden mantenerse. Como Gobierno de Aragón, tomaremos todas las medidas desde las responsabilidades que procedan para actuar en las instancias administrativas o judiciales en defensa de los intereses de los usuarios aragoneses".
Ha aprovechado para replicar las manifestaciones de Pilar Alegría, "que ha dicho que van a mantener la línea Zaragoza-Binéfar-Lérida y se van a comprometer en las próximas semanas a que se solucione. El Ministerio se comprometió en una bilateral con la Consejería de Fomento en Madrid en diciembre de 2024 a poner en marcha y formalizar un convenio entre la Generalitat de Cataluña, la Comunidad Autónoma de Aragón y el Gobierno de España para que no tenga que seguir sufragando y pagando la gestión de esa línea deficitaria entre Zaragoza, Binéfar y Lleida y que también pudieran desde Binéfar y Lleida aportar las cantidades necesaarias desde la Generalitat. Tal es la fecha que se les convocó, ha pasado todo un año y el Ministerio no nos ha dado cobertura para solucionar un problema de la zona oriental".
Promesas también del "Cercanías a Huesca. Hemos solicitado un estudio de viabilidad que no sabemos dónde está que viene a decir que no es rentable hacer una línea de Cercanías entre la primera capital de Aragón que es Zaragoza y la segunda capital que es Huesca, ni por población, ni por usos ni por actividad económica. Ya tarda el ministerio en entregar ese estudio de viabilidad" al que aludió en una respuesta parlamentaria Óscar Puente, "para reponer un servicio de cercanías que todos hemos reclamado, todos estamos de acuerdo entre el tránsito de viajeros entre Zaragoza y Huesca".
La directora general de Protección de los Consumidores y Usuarios, Inmaculada de Francisco, ha asegurado que el Gobierno de Aragón sigue "aconsejando que presenten la reclamación como estaban haciendo hasta ahora, que guarden todos los billetes, incluso hagan fotos de las llegadas y salidas para que se pueda contrastar bien el tiempo de retraso. Y, como ha dicho el consejero, vamos a luchar para que esas indemnizaciones se vuelvan a abonar porque se está vulnerando el reglamento europeo y la Ley de Movilidad Sostenible. Se están vulnerando los derechos básicos de los consumidores", como han explicado algunas organizaciones de consumidores. "Lo que no hemos escuchado es al ministro de Consumo, el señor Bustinduy, que no ha salido todavía a defender a los consumidores, porque entendemos que es una vulneración de la ley".