La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón recuerda los derechos que tienen los consumidores en un contexto en el que el reciente accidente de ferrocarril sucedido en Adamuz (Córdoba) ha motivado las limitaciones en muchos tramos de la alta velocidad, que generan retrasos sobre los horarios previstos.
El importe por retrasos que se estaban aplicando es de una devolución del 50% del precio del billete si el tren sufría una demora desde los 60 hasta los 90 minutos, y del 100% si el retraso es mayor.
Sin embargo, recuerda la Dirección General que las Cortes Generales aprobaron el 4 de diciembre la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, que recoge en su Disposición adicional trigésima primera, sobre “Criterios de puntualidad de Renfe”, lo siguiente: “El Gobierno de España recuperará con efectos desde el 1 de enero de 2026, los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024, garantizando nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso, del 50 % y el 100 % del importe, respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia”.
La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios reclama al Ministerio de Transportes y a Renfe el cumplimiento de la Ley, por lo que solicita que se haga efectivo ya el cumplimiento de la disposición adicional de la Ley de Movilidad Sostenible.
En este sentido, el Gobierno de Aragón pide al Ministerio de Transportes que realice todos los trámites oportunos para que esta Ley se cumpla, y compense los problemas que muchos consumidores están sufriendo por los múltiples retrasos de los trenes de alta velocidad y de larga distancia.
La Ley, que fue aprobada con la oposición del PSOE y algunos de sus socios, fue recibida por el ministro Óscar Puente entre muestras de desaprobación -esgrimiento entre otros argumentos la desigualdad competitiva con otros operadores privados como Iryo y Ouigo- y hasta el momento no se ha aprobado el reglamento que la desarrolle y la haga efectiva, lo que provoca que actualmente los consumidores estén desamparados del texto legal emanado del Parlamento.