La vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, y la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, han comparecido en el Pignatelli para salir al paso de un informe de la ONU que contiene numerosas inexactitudes en cuanto a la derogación de la Ley de Memoria de Aragón y al futuro Plan de Concordia, han explicitado. “Es un informe que contiene bulos y errores flagrantes”, ha afirmado la portavoz.
"Es un ataque más del Gobierno de España, con el ánimo de buscar espacios de confrontación. A Sánchez no le importan las víctimas, quiere utilizarlas para hacer política y seguir llevando a cabo esa táctica de confrontación, división y enfrentamiento entre los españoles", ha señalado Vaquero, que ha insistido: “Cuestionamos el informe de la ONU porque tiene bulos y falsedades, además de ser un ataque del Gobierno de España ya que esos bulos están causados intencionadamente por la información que ha suministrado el Gobierno de Sánchez. Lo normal es que ambas partes hubieran podido dar información, pero al Gobierno de Aragón no se le ha solicitado”.
El informe contiene graves errores, ha insistido la vicepresidenta, “provocados de forma consciente e intencionada por el Gobierno de España, que ha suministrado a la ONU información sesgada, partidista, interesada y con la única intención de seguir haciendo una política de trinchera y confrontando con las comunidades autónomas que no son palmeras de Sánchez”.
Vaquero y Hernández han relatado las inexactitudes que contiene el informe redactado por el relator de la ONU: "Es falso que en Aragón se haya aprobado una ley de concordia. Lo que se ha aprobado es una ley para derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón de 2018, que era una ley que dividía, fracturaba y era incompleta porque dejaba a un lado a buena parte de los aragoneses".
Además, "hay bulos que hacen referencia a eliminar el mapa de fosas, que es previo a la Ley de 2018 de Aragón, y que sigue existiendo; igual que el mapa de lugares de memoria; o la web de memoria democrática, que sigue activa", ha referido Mar Vaquero, que ha incidido en que las incorrecciones "tienen una intención partidista e interesada".
El Gobierno de Aragón ha podido desmentir punto por punto el informe de los relatores de la ONU, que mezcla la norma de derogación de la Ley de Memoria con un plan de concordia que aún no ha visto la luz, y en el que se dan por hechas supresiones que no son tales. "No se ha suprimido la web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática, se mantiene el mapa de fosas comunes de Aragón y la información sobre los lugares de memoria democrática de esta autonomía, entre otros datos. Que no vayan a tener un rango normativo cuando se apruebe el Plan de Concordia no significa que vayan a desaparecer".
Según la ONU, la derogación supone "invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial, o su responsabilidad por los crímenes cometidos en este periodo", algo que también niega rotundamente el Gobierno de Aragón, ya que la comunidad se rige ahora por la Ley de Memoria Democrática estatal, "al igual que sucede en otras comunidades como Galicia o Castilla-La Mancha, que nunca han tenido una ley. ¿O se considera que la ley nacional no ampara esos derechos?".
El Gobierno de Aragón manifiesta su estupefaccion por que no se haya contado en ningún momento con el Ejecutivo en la elaboración del informe y, sin embargo, concluya pidiendo información "de parte de los poderes y entidades públicos pertinentes sobre cómo la ley de concordia de la Comunidad Autónoma de Aragón es compatible con las obligaciones del Estado español…".
"Estamos a la espera de que nos soliciten la información para rebatir una a una todas las falsedades que en él aparecen. Queremos información veraz y esperamos que se nos pida, como dice el informe. Es incomprensible que nos hayamos tenido que enterar por los medios de comunicación y que no envíen el informe a la comunidad", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo.
La consejera de Presidencia ha recordado que está en marcha el Plan de Concordia en Aragón, “que se conocerá antes del verano y estará basado en el espíritu de la transición”. La idea es que todos los aragoneses víctimas de violencia ideológica durante la II República, la Guerra Civil y la dictadura "puedan localizar a sus familiares y darles una digna sepultura", ha dicho Hernández antes de recordar que el presupuesto destinado a las exhumaciones "ha aumentado un 10% este año".
Las consejeras han incidido en que cualquier aragonés que tenga un familiar en una fosa o cuneta "podrá darle una digna sepultura", ya que "se podrán recuperar cadáveres, identificarlos y darles un destino digno, que es el objetivo del Gobierno de Aragón".
Por último, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que el deber de Pedro Sánchez es "cumplir con lo prometido y crear el Banco de ADN", algo que están esperando desde hace mucho tiempo las asociaciones memorialistas. "Una vez más, dirigidos desde el Gobierno de Sánchez, quieren enturbiar una derogación de la ley que se ha hecho de manera intachable. Nosotros no privaremos de ningún derecho, sino que ampliaremos la defensa de los derechos de todos, sin bandos, sin fracturas ni diferenciación".
TORRES: "RESPALDO IRREFUTABLE"
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera que la respuesta de la ONU conocida este viernes, un mes después de la petición elevada por el Gobierno de España, supone “un respaldo irrefutable a la postura del Gobierno en la defensa de la Memoria Democrática y los derechos humanos”, ante la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas Leyes de “concordia” en Castilla y León y Comunitat Valenciana.
Sostiene el ministro que los relatores que han firmado conjuntamente la comunicación aseguran que dichas iniciativas van contra los valores de la ley de Memoria Democrática, vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de graves violaciones de los mismos y vulneran los estándares internacionales y tratados internacionales suscritos por España.
El ministro ha remarcado que, en el caso de Aragón, la ONU detecta que no hay referencia explícita a la violación de derechos humanos, ni condena expresamente el régimen y su carácter dictatorial. Señalan, además, que el texto no se refiere a las violaciones de derechos humanos en el franquismo como en la ley anterior, sino a las "atrocidades cometidas por un bando en la guerra civil", mientras que sí cita la violencia política ejercida durante la II República. Para el ministro “es un hecho que destacan, porque no se puede comparar 40 años de dictadura con un periodo democrático”.