Las organizaciones agrarias han acordado retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de gobierno de España y de las comunidades autónomas.
Con el inicio de las movilizaciones en Europa, las organizaciones profesionales de agricultores y ganaderos de Aragón recuerdan que ya planteaban continuar con las movilizaciones ante la "impasividad de todas las administraciones".
Por tanto, Araga, Asaja, Uaga-Coag y UPA, en la línea de trabajo de sus organizaciones estatales, se han reunido este martes para dar respuesta a esta "situación de hartazgo" por parte de los profesionales agrarios aragoneses. Se trata de convocar "acciones organizadas, enérgicas y sobre todo seguras y con cobertura jurídica mínima para todas las personas que participen en ellas y para el resto de la ciudadanía".
Se reclama a todas las administraciones "cambios radicales y medidas efectivas para salvaguardar el modelo de agricultura y ganadería profesional".
Estas organizaciones profesionales agrarias mayoritarias a nivel nacional señalan que el sector agrario en Europa y en España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. “Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, han subrayado.
Critican que la UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE. Por ello, Coag, UPA y Asaja van a reclamar la paralización de las negociaciones de acuerdos como del Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.
Además, las tres organizaciones agrarias apuntan que el Gobierno de España con la supervisión de la Comisión Europea, "debe aumentar los controles en la frontera con Marruecos" para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. “Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, sostienen.
"Reclamamos una flexibilización y simplificación de la actual PAC, esto incluye tanto los ecoesquemas como las Becam. La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental", aseguran.
Por otro lado a nivel nacional, UPA, Asaja y Coag reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para "prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción". Asimismo, la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario) "debería de aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control", consideran.
A nivel estatal, se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector", en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.
En España, la ley de la Cadena Alimentaria "se debe reforzar para conseguir su máxima aplicación", reclaman. "El Observatorio de la cadena debe publicar los índices de precios y costes, y además se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más a través de los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los “precios anormalmente bajos”, como es el caso ahora mismo del limón".
Asimismo, las tres organizaciones agrarias van a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. "El Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite de forma sencilla que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas", agregan.
Además, en el ámbito de sus competencias, a las comunidades autónomas se les demandan reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que "ahogan a los profesionales del campo".
Los ganaderos también señalan la situación crítica que están generando las cuestiones de sanidad animal, que han sido objeto en ocasiones de lucha partidista y en la que los ganaderos son “víctimas inocentes”. Exigen una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que "ayude a los profesionales del campo y no les hunda".
Las reclamaciones continúan con la petición de recuperación de "un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático".
Al Gobierno central y a las comunidades autónomas se exige que se refuercen de forma real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo. En este sentido detallan que ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizarse por falta de presupuesto; que se debe frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario; también facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor; y finalmente, que debe replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.