El Ayuntamiento de Huesca y la Fundación Víctimas del Terrorismo han firmado un convenio de colaboración destinado a impulsar actuaciones de sensibilización, memoria, formación y reconocimiento a las víctimas del terrorismo en el ámbito municipal.
El acuerdo ha sido suscrito por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la directora gerente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María E. Zarauz Palma, y se enmarca en el convenio marco alcanzado el 17 de julio de 2025 entre la fundación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para fomentar iniciativas de memoria y sensibilización desde las entidades locales.
A través de este acuerdo, el consistorio oscense reforzará una línea de trabajo que ya venía desarrollando desde hace más de una década. Entre las actuaciones previstas figuran la promoción de actividades de reconocimiento a las víctimas, la organización de exposiciones, jornadas, programas formativos y actos conmemorativos, así como la colaboración en proyectos educativos, culturales o de investigación relacionados con la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista.
El convenio permitirá además estrechar la colaboración institucional con una entidad cuya labor se centra en la promoción de los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la libertad y la pluralidad, además del apoyo a las víctimas del terrorismo y sus familias y la difusión de su experiencia para fortalecer la conciencia social sobre las consecuencias de la violencia.
La firma del acuerdo da continuidad al compromiso que mantiene la ciudad con la memoria de las víctimas del terrorismo, una labor que adquirió un símbolo permanente en 2014 con la inauguración del monumento a las víctimas del terrorismo ubicado en la plaza San Antonio.
Según recoge el convenio, el Ayuntamiento colaborará en el desarrollo de aquellas iniciativas que resulten compatibles con sus competencias y disponibilidades, contribuyendo a la difusión de actividades que fomenten el recuerdo, el reconocimiento y la transmisión de valores democráticos entre la ciudadanía.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, aunque podrá ser prorrogado mediante acuerdo expreso de ambas partes antes de la finalización del plazo establecido.