El Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha inhabilitado de forma cautelar a un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge, cuyas actuaciones médicas, según investiga la Policía Judicial, “pudieron dar lugar a 25 presuntos casos de lesiones imprudentes e incluso a 3 delitos de posible homicidio imprudente”, una medida adoptada tras la denuncia presentada por el Servicio Aragonés de Salud y que seguirá vigente mientras continúe abierta la causa o hasta que varíen las circunstancias que la motivan.
En una rueda de prensa ofrecida este viernes, la gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo, ha reiterado que el departamento “lamenta profundamente estos hechos” y que desde el primer momento se actuó “con la máxima celeridad” para investigar lo ocurrido y asegurar una atención correcta a los pacientes.
Castillo ha precisado que el oncólogo no trabaja en ningún centro sanitario público desde el 7 de julio, fecha en la que fue suspendido provisionalmente de funciones tras una investigación interna que derivó en un expediente disciplinario. Toda la documentación fue remitida a la Fiscalía al apreciar el Salud indicios de posibles delitos, y el Ministerio Público trasladó posteriormente el caso al juzgado.
La gerente ha explicado que el contacto con los afectados corresponde legalmente al órgano judicial. Por ello, el Salud ha habilitado un equipo específico de atención y ha facilitado al juzgado un teléfono destinado a los pacientes y sus familias.
Tras levantarse el secreto de sumario, el Servicio Aragonés de Salud ha dado a conocer los detalles de este caso. Castillo ha agradecido la colaboración de los profesionales del Hospital San Jorge, de otros centros y de los servicios centrales en una investigación “laboriosa, delicada y compleja”.
Ha insistido en que se trata de un caso excepcional, detectado y denunciado por el propio Salud, y ha recalcado que los servicios de Oncología de Aragón trabajan con alta cualificación, profesionalidad y humanidad, manteniéndose a disposición de la justicia para su total esclarecimiento.
Las responsables del Salud han señalado que no pueden aportar datos clínicos relacionados con los 25 presuntos casos de lesiones imprudentes y los tres posibles homicidios al encontrarse la causa bajo investigación judicial y estar protegida por la confidencialidad. Sí han precisado que la investigación interna se inició tras recibir, el 12 de marzo, un primer informe de la gerencia del sector de Huesca, en el que ya constaban varios casos. Al día siguiente comenzaron a revisar cada situación “historia por historia”, en un trabajo descrito como especialmente complejo.
Según han detallado, el 21 de mayo se incorporó un segundo informe con nuevos casos, seguido de un tercero el 4 de julio, que llevó finalmente a la suspensión provisional del oncólogo el 7 de julio y a la apertura del expediente disciplinario. Toda la documentación se remitió a la Fiscalía ese mismo día. Un cuarto informe, ya en manos de la gerencia del sector, fue trasladado directamente al juzgado mientras la causa permanecía bajo secreto de sumario.
Sobre la posibilidad de que existan más afectados, han afirmado que no tienen constancia y que, en todo caso, es el juzgado quien determina qué pacientes pueden considerarse perjudicados y quién debe contactar con ellos. En estos momentos, según ha reiterado, el juzgado está comunicándose con los afectados para informarles y ofrecerles el ejercicio de las acciones legales que les correspondan.
Finalmente, han aclarado que la denuncia afecta exclusivamente a un único profesional, que fue detectado a través de los mecanismos internos del Servicio Aragonés de Salud. No existe, han insistido, ninguna denuncia externa de pacientes, sino una actuación iniciada y promovida por el propio Salud tras detectar indicios de posibles delitos.