Un informe ampliatorio al Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo y el procedimiento penal en el que continúan siendo investigados el presidente y la vicepresidenta de la Comarca del Sobrarbe, José Manuel Bielsa y Carmen Muro, señala a ambos como "responsables de acoso laboral" a una trabajadora, en concreto la gerente que fue despedida y que aparece afectada por un "accidente de trabajo" en virtud precisamente de aquella consideración (el acoso laboral). El abogado Sergio Clavero afea a Economía del Gobierno de Aragón la inacción ante acusaciones tan graves.
El documento de la Inspección de Trabajo, obtenido a través de la investigación en el Juzgado de Instrucción de Boltaña, apunta más circunstancias de la situación "de acoso sufrido por la trabajadora y pone en entredicho la actuación desarrollada por el Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón en el expediente sancionador derivado de esa inspección que, sorprendentemente, se saldó con la impunidad de la entidad comarcal", indica Clavero.
La Comarca, incluso, presentó un escrito de apelación en el que acusaba a la inspectora de amistad con la gerente despedida, a lo que la Inspección replicó que no aportaba "prueba alguna al respecto y sin ningún fundamento" y se negó a entrar "porque ponen de manifiesto la absurdez y poca calidad de las alegaciones presentadas (ello sin prejuicio de las medidas legales que puedan adoptarse respecto a las acusaciones que se realizan directamente sobre la Inspectora actuante)".
Las alegaciones llegaban de un "particular ajeno a la Comarca de Sobrarbe" que utilizó "un apoderamiento de dudosa legalidad, que le fue otorgado por el propio Presidente de la Comarca", indica el letrado, que lo interpreta como "el medio para intentar eludir el conflicto de intereses" por el cual "debía abstenerse de toda intervención al ser el responsable del acoso laboral, según la Inspección,, y al estar investigado en Diligencias penales en relación a la trabajadora acosada". Clavero critica ese método del presidente que evitó el conocimiento de ningún órgano de la comarca o del registro.
El informe de la Inspección de Trabajo que contesta a las alegaciones "mantiene su propuesta inicial de sanción muy grave con multa de 25.000 euros por actos del empresario (en este caso se considera empresario a Presidente y Vicepresidenta de la Comarca de Sobrarbe), actos que declara contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores, y que fueron cometidos contra la trabajadora mientras prestaba servicios como Gerente en la Comarca de Sobrarbe", apunta el jurista.
El escrito ampliatorio alude a la "pasividad absoluta de Presidente y Vicepresidenta de la Comarca de Sobrarbe ante la comunicación del acoso laboral presentada ante el Comité de Empresa, y pese a la propuesta de medidas contra el acoso que fueron propuestas por el Servicio de Prevención de riesgos laborales de la Comarca, propuestas que fueron ignoradas por Presidente y Vicepresidenta, que además de ser los señalados responsables del acoso, eran los responsables de acordar medidas contra el mismo".
Sergio Clavero sostiene que "la desprotección de esta mujer fue clamorosa" a pesar de su trabajo en la Administración Pública, su reconocida reputación como responsable técnica de Adelpa, su pertenencia a un órgano de la Unesco (el Consejo de Geoparques, que integran sólo doce personas del mundo). "Fue acosada por los responsables de la Comarca hasta causarle un accidente de trabajo del que todavía se está recuperando, y por el que ha tenido que renunciar a toda esta carrera profesional. Si una empleada pública de estas características puede ser acosada de forma impune en su puesto en una Administración Pública, significa que algo en el sistema de protección a la mujer trabajadora en nuestro país, no está funcionando", agrega el defensor.
Los asertos de la Inspección de Trabajo afirman que el comportamiento de ambos representantes comarcales ha sido de "acoso laboral por atentado hacia la dignidad de la que era la Gerente de la Comarca de Sobrarbe, con el objetivo de desprestigiarla y degradarla, realizando cambios importantes en sus condiciones laborales desde su toma de posesión como Presidente y Vicepresidenta para culminar con el cese definitivo de la prestación de sus servicios en la citada Comarca. Y todo ello además, con una absoluta omisión del deber de adoptar medidas ante el conocimiento de dicha situación, con la clara intención de atentar contra la dignidad de la trabajadora, pues el empresario debe adoptar medidas para proteger a todos los trabajadores a su servicio".
Clavero sostiene la paradoja de que "los señalados como responsables de acoso eran también los que tenían que adoptar medidas para su prevención y cese. Una situación diabólica que se zanjó como dice el informe desoyendo las medidas del Comité de Empresa y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales".
Tras conocer el informe, el abogado se dirige a la Delegación del Gobierno en Aragón y a la Diputación General de Aragón, en su condición de responsables del control de la legalidad de los actos de la comarca, y alude a la afinidad partidista que no debiera ser causa de pasividad ante la situación. No puede ser, agrega, que "tres años después de haberse producido un grave atentado contra la dignidad y los derechos de una mujer trabajadora de una Administración Local de Aragón, incluyendo un accidente de trabajo cuyas secuelas continúan hasta la fecha, la responsabilidad por dichos actos por parte de los responsables de la Comarca de Sobrarbe continúe sin depurarse y que incluso dichos responsables sigan apareciendo en las “fotos de familia” de los actos oficiales en prensa, junto con los representantes de la Delegación del Gobierno en Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Gobierno de Aragón, todos del mismo signo político, sin la menor muestra de reproche".