El "ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía" y la amenaza que representan la ley del acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal han propiciado el paro de jueces y fiscales en toda España y particularmente en la provincia de Huesca, donde un buen número de ellos se ha congregado en la puerta del Palacio de Justicia acompañados por unas decenas de ciudadanos que han querido solidarizarse con un poder que ha advertido de que, de no ser escuchado, puede llegar a una huelga.
El juez de lo Social, Eduardo Bernués, ha leído el Manifiesto en el que recuerda que la Constitución de 1978 implanta el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de "un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía". Una independencia que "está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".
Sobre el proyecto de ley de acceso a las carreras, tamitado "injustificadamente por vía de urgencia", sostienen que no responde a ninguna demanda social y ha recibido "un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial", y es que "va a rebajar la excelencia de conocimientos" y eliminar contenido esencial para la formación, además de introducir pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.
El escrito leído por el juez Bernués señala que se va a crera un centro de preparación de oposiciones dependiente directamente del gobierno, por tanto con "riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales". Pone el ejecutivo a Europa como excusa al modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 sustitutos sin probar su aptitud, lo que contraviene "los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez y fiscal".
Sobre el segundo anteproyecto, el del estatuto del Ministerio Fiscal, denuncian el aumento de competencias del Fiscal General del Estado, que seguirá nombrándose por el Gobierno sin filtro previo, lo que añade a la eliminación de garantías de autonomía el incremento del riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción, contra las exigencias europeas.
"ES GARANTÍA DE TODOS"
Tras aludir al ambiente de ataque al poder judicial y a la concepción del Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno, jueces y fiscales han proclamado que un "poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena saslud democrática de un país". Sostienen los congregados que estas reformas se encaminan a minimizar el poder judicial y, si este se debilita en contrapeso del poder político, es "más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder".
Tras pedir la retirada de los dos proyectos, han asegurado que no descartan "medidas de conflicto más intensas como la huelga". De paso, como desde hace lustros, han reivindicado una "masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad".
CONCENTRACIONES EN LA PROVINCIA
El mismo manifiesto se ha leído en otras sedes judiciales de la provincia de Huesca, como Fraga donde Alba Beatriz Gómez Gabás ha pronunciado el texto de toda España.
También el Ayuntamiento de Sariñena se ha solidarizado con los jueces y fiscales con presencia en la puerta de la Casa Consistorial de representantes del equipo de Gobierno capitaneados por el alcalde, Francisco Villellas.