El lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, ha entregado este miércoles al presidente de las Cortes, Javier Sada, el informe especial elaborado por la institución sobre la seguridad en el ámbito rural, que aporta una serie de sugerencias y recomendaciones, entre ellas, el incremento de los agentes de la Guardia Civil y la utilización de sistemas de seguridad, como la videovigilancia. También pide analizar la idoneidad de mantener los cuarteles de la Benemérita cuando dificulta o impide que haya patrullas de seguridad ciudadana dedicadas a los servicios.
Recoge el informe datos sobre las tasas delictivas registradas durante 2020 en Aragón, con una media de 27,09 delitos por mil habitantes. Un total de 125 municipios de la comunidad la superaron, la mayoría precisamente los menores de 1.000 habitantes, con un total de 106.
Así de los municipios de más de 10.000 y menos de 20.000 habitantes, fueron Fraga (30,95), Ejea de los Caballeros (29,11) y Monzón (28,45) los que superaron esta tasa media; de entre 5.000 y 10.000 habitantes, fueron La Almunia de Doña Godina (41,9) y Tauste (30,40). De entre 1.000 y 5.000 habitantes, se encuentra Ricla, con 48; Muel, con 39; Cariñena, con 36,80; Epila, con 35,94; Calatorao, con 34,58; Pina de Ebro, con 33,89; Zaidín, con 33,87; Alhama de Aragón, con 30,94; Mequinenza, con 30,10; Alfajarín, con 29,91; Ainzón, con 29,05; Sallent de Gállego, con 28,05; y Montalbán con 27,49.
Sobre las tasas delictivas de los municipios con mayor población de Aragón, se observa que las de Calatayud (23,44) y Jaca (21,02) -con mucha población estacional- en el año 2020 están significativamente por debajo de la media de Aragón y del resto de los municipios más poblados, lo que se deriva, se apunta, de que cuenta con efectivos tanto de Policía Nacional como de Policía Local.
En la capital oscense la tasa delicitva es de 24,8, y fue superada por 35 municipios de la provincia, el 17,33 %.
RECOMENDACIONES
Para incrementar la seguridad en el medio rural, en su informe, la institución de Justicia de Aragón propone, teniendo en cuenta que los medios personales son limitados, incorporar a los municipios otro tipo de medidas de seguridad como la instalación de sistema de videovigilancia que complementen el trabajo de los agentes.
Esa falta de agentes policiales, como ha comprobado el Justicia, afecta con carácter general a todas las administraciones, “pero parece verse más agravado en la Guardia Civil, donde unas plantillas reducidas tienen que cubrir grandes zonas geográficas”. Por ello propone “aumentar el número de agentes de la Guardia Civil tras los estudios, análisis y reorganización oportunos”.
Detalla la institución que actualmente es habitual encontrar en Aragón puestos de la Guardia Civil cerrados por no disponer de personal para atenderlos o bien con un único agente dedicado a la protección del puesto. En esta situación y “a pesar del rechazo que pueda existir a esta medida”, considera que “sería necesario valorar la idoneidad de mantener 122 puestos en la actualidad. Hecho que dificulta, cuando no impide, que existan patrullas de seguridad ciudadana dedicadas a atender los servicios. A su vez -continúa el informe- se debe valorar la eficacia y eficiencia del servicio, pues no debemos olvidar que el fin principal de la fuerza pública es garantizar la seguridad ciudadana, no el asentamiento de la población, pues para ello las administraciones pueden llevar a cabo otro tipo de medidas de estímulo”.
Respecto a los grupos Roca, cita que cuentan con 36 efectivos en Aragón, pero remarca que estos puestos no son de nueva creación, sino que se detraen de las patrullas de seguridad ciudadana, por lo que pide que se doten con nuevos agentes para poder afrontar “de una manera óptima las funciones encomendadas”.
Respecto a los cuerpos de Policía Local, que son “pocos en Aragón y con un reducido número de efectivos”, el Justicia propone en su informe “estimular la agrupación de municipios limítrofes para la prestación del servicio de Policía Local. De este modo se obtendría una mayor presencia policial en los municipios agrupados que pudiera llegar a cubrir los turnos completos”.
Durante la elaboración del informe, uno de los principales problemas que han planteado los ayuntamientos ha sido la falta temporal de efectivos en las plazas de la Policía Local como consecuencia de las renuncias que se producen. Por ello propone como medida de carácter temporal y extraordinaria “promover la figura del interno y la comisión de servicios para atender circunstancias puntuales y extraordinarias”.
También se han trasladado a la institución la dificultad para la cobertura de plazas tras finalizar los procesos selectivos de los ayuntamientos, ante lo que plantea que se lleven a cabo mediante la convocatoria única, ya que considera que “de este modo se reduciría notablemente el abandono de las plazas”.
El Justicia se refiere, por otro lado, a que la Dirección General de Interior y Protección Civil tiene entre sus cometidos la coordinación de las policías locales, si bien, afirma, “hasta la fecha no se ha llevado a cabo una apuesta decidida por un modelo policial para Aragón, lo que sin duda supone un esfuerzo adicional de dicha Dirección. Por ello sería necesaria una dotación adecuada y dimensionada al reto que se le propone”.
Por otro lado, el Justicia de Aragón propone que se elaboren estudios y análisis de la seguridad en el medio rural, que incluyan, entre otros, el despliegue y distribución territorial, la atención a la ciudadanía y las formas de coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Además, ante la constancia que son muchos los hechos delictivos que no se ponen en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entiende que se debería de promover la presentación de denuncias sobre todos los ilícitos penales conocidos.