La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Jaca ha dictado el auto de sobreseimiento y archivo de las diligencias previas abiertas tras la denuncia penal interpuesta por el concejal de VOX Joaquín Mendiara Barcos contra la alcaldesa de Ansó, Blanca Alfonso de la Riva, y la secretaria-interventora municipal, Ana Belén Larrosa Escartín. VOX presentó la denuncia por contratar una obra pública en 2022 con la pareja de la alcaldesa y padre de uno de los concejales del consistorio y que la secretaria-interventora del Ayuntamiento no habría emitido reparo. La resolución judicial descarta por completo la existencia de delito y ratifica la correcta tramitación del expediente de contratación.
El dictamen acoge los argumentos del Ministerio Fiscal, determinando que las investigaciones practicadas "no evidencian la existencia de indicios de ilicitud penal en los hechos investigados". El auto judicial fundamenta por escrito la "actuación diligente del Ayuntamiento de Ansó" y recalca que la adjudicación del contrato de carpintería en casa Terrén (objeto de la denuncia) contó con el aval del Servicio de Asistencia Jurídica de la Diputación Provincial de Huesca, el cual concluyó expresamente que "no existía incompatibilidad en la adjudicación".
Más allá del amparo legal, el equipo de gobierno considera "imprescindible denunciar públicamente la gravedad y la escasa ética de la estrategia política del concejal de VOX" que, junto al entonces presidente provincial de su partido, Fermin Civiac, interpuso la denuncia en los juzgados de Jaca "justo en los días previos al Día de la Exaltación del Traje Ansotano", una de las fechas más importantes para el municipio.
"La elección de la fecha no fue casual -señala el equipo de gobierno-, buscaba degradar la reputación de la gestión municipal en un día de tanta trascendencia para Ansó -una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional- y aprovechar así este acontecimiento para amplificar el impacto público de una falsedad manchando el nombre del pueblo".
Asimismo, añade que la "falta de respeto" a los habitantes de Ansó por parte del edil de VOX quedó "retratada en el último Pleno ordinario, donde en sede institucional el denunciante intentó ocultar su conocimiento del auto fechado más de un mes antes, cuando lo único que le requería la Alcaldía era el reconocimiento y rectificación de su actuación". Para el equipo de gobierno, esta omisión resulta especialmente grave, porque "quien hizo pública una denuncia penal contra cargos y trabajadores municipales tenía también la obligación política y ética de comunicar su archivo con la misma claridad".
La alcaldesa de Ansó ha alertado sobre "los peligros de la instrumentalización de la justicia. Aunque la verdad judicial ha prevalecido de forma contundente, el impacto reputacional es asimétrico y devastador. Los algoritmos de los motores de búsqueda en Internet continúan indexando y priorizando la noticia de la denuncia penal, perpetuando un estigma digital que es sumamente difícil de limpiar".
La edil defiende la fiscalización de la gestión pública y el derecho de la oposición a controlar la acción de gobierno, "pero ese control debe ejercerse con rigor, prudencia y respeto a las personas".
“No todo vale en política -añade-. No se debe convertir una discrepancia administrativa o política en una acusación penal sin base suficiente. Y menos aún cuando esa denuncia se difunde públicamente y afecta al honor, al trabajo y a la vida personal de quienes han cumplido con su obligación. Es durísimo sacar adelante un municipio trabajando bajo un temor constante, un ambiente hostil y una campaña de acoso y presión laboral sinsentido hacia los trabajadores y cargos públicos. La mentira se difunde en un minuto, pero la restauración de la dignidad tarda años debido a la huella digital", señala la edil.
COSTE PERSONAL, FAMILIAR Y REPUTACIONAL
Esta "campaña de difamación no solo ha perjudicado la imagen de Ansó, sino que ha provocado un sufrimiento personal y familiar incalculable tanto a la alcaldesa (cuyo marido e hijo también fueron incluidos injustamente en la denuncia del concejal) como a la secretaria municipal", señala. Durante casi dos años, "han cargado con el peso del escarnio público por una denuncia que la justicia penal ha tildado implícitamente de infundada, recordando que el derecho penal debe ser la última opción a la que recurrir".
Desde la sede municipal se recuerda que "trabajar al servicio de un municipio exige respeto institucional. Ningún cargo público ni trabajador municipal debería tener que desarrollar sus funciones bajo un clima de hostilidad, presión, insultos o señalamiento personal".
Tras esta firme resolución judicial, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ansó reafirma "su compromiso inquebrantable con la legalidad y el bienestar de sus vecinos, exigiendo la inmediata asunción de responsabilidades políticas al concejal Joaquín Mendiara Barcos, para que haga público el archivo de la denuncia con la misma intensidad con la que hizo pública su presentación".