El oscense Josan Rodríguez, víctima de un grave atropello múltiple ocurrido hace 18 años a las puertas de la discoteca Manhattan, ha logrado una sentencia favorable que obliga a la administración a sufragar la sustitución de sus prótesis, necesarias tras casi dos décadas de uso y mantenimiento. El suceso se saldó con dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad; Josan sufrió la amputación de ambas piernas y perdió la visión.
Desde entonces, la Seguridad Social había cubierto el mantenimiento de los dispositivos ortopédicos que emplea Josan Rodríguez, hasta que recientemente se le denegó la sustitución de estos aparatos que, por su complejidad, requieren reemplazo cada 7-8 años.
La administración, según ha explicado a este periódico su abogada, Amparo Romero Pascual, argumentó que no le correspondía financiar las prótesis por derivar de un accidente de tráfico, lo que suponía un cambio de criterio respecto a los 18 años anteriores de cobertura ininterrumpida.
Sin embargo, Romero, letrada también del Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón, señala que esta modificación de la aplicación de la normativa “tiene que estar justificada, bien porque la administración se da cuenta de que hasta entonces ejecutaba mal la ley o porque la ley ha cambiado".
"En este caso -subraya-, la norma no había cambiado. El hecho es el mismo, el beneficiario es el mismo, la causa del accidente por la que necesita las prótesis es la misma. Todo es igual, es la Administración quien ha cambiado de criterio y además no da explicaciones del porqué”.
Durante el procedimiento judicial, la defensa revisó el expediente administrativo completo y descubrió que el motivo del cambio de criterio era un pacto o convenio entre la administración sanitaria aragonesa y aseguradoras, sin base en ninguna norma jurídica publicada ni con efectos retroactivos sobre los casos existentes.
“La administración no puede cambiar de criterio de manera arbitraria y, si lo hace, tiene que estar muy justificado -insiste-. Lo que la legislación dice es que la administración tiene que cubrir las necesidades médicas y ortoprotésicas del paciente, sin perjuicio de que pueda luego reclamar a quien corresponda. No pueden imponer ese gravamen al administrado, y mucho menos tras años de cobertura continua”.
El Juzgado de lo Social de Huesca emitió una sentencia estimatoria, que fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ratificando el derecho de Josan a la cobertura de las prótesis.
La decisión judicial reforzaba la obligación de la administración de garantizar el acceso a los dispositivos necesarios para la movilidad y calidad de vida de las personas con discapacidad, incluso cuando estos deriven de accidentes de tráfico pasados.
Amparo Romero aclara que esta sentencia no crea jurisprudencia en sentido estricto, ya que solo las resoluciones del Tribunal Supremo tienen ese efecto. Sin embargo, sí constituye un precedente y un ejemplo práctico para otros afectados: “Cuando presenté esta demanda para Josan no era la primera. Me apoyé en sentencias del Supremo que establecían principios similares. Pero la administración, si puede salirse con la suya y el ciudadano no recurre, eso que se ahorra. Y estamos hablando de personas muy vulnerables".
La abogada explica que lo sucedido a su cliente no es un hecho aislado: “Desde que ganamos este juicio, han acudido a nosotros otras personas en situaciones parecidas. En algunos casos los importes son menores, pero la administración sigue intentando negar la cobertura a quienes ya venía sufragando sus necesidades ortoprotésicas. Esto demuestra que la práctica de cambiar criterios de manera arbitraria afecta a muchos pacientes vulnerables y que requieren apoyo constante para su movilidad y autonomía”.