La Audiencia Provincial de Huesca ha abierto el Año Judicial 2025-2026 con una reivindicación común de medios, personal y coordinación para afrontar el incremento de actividad registrado en distintos ámbitos de la Justicia. La presidenta, Marina Rodríguez, y el fiscal jefe, Juan Andrés Baratech, han coincidido en señalar el aumento de los asuntos de Menores, la necesidad de reforzar las plantillas, la implantación de los Tribunales de Instancia, la respuesta ante la violencia de género y la defensa de la independencia judicial. Ambos han reconocido que habían coordinado sus intervenciones para trasladar un mensaje común sobre las necesidades de la provincia.
El acto, celebrado a las 12:30 en la sala de vistas de la Audiencia Provincial, también ha abordado el papel de los funcionarios de Justicia, la colaboración entre jueces, fiscales, abogados, procuradores y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las prioridades de la Fiscalía para los próximos meses, la situación de la jurisdicción Social, la carga de trabajo de los órganos de Jaca y Monzón y la respuesta institucional ante la crisis de Ceuta. De acuerdo con el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ceremonia provincial prolonga la apertura formal del curso celebrada en el Tribunal Supremo el 7 de septiembre y en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 17 de septiembre.
La presidencia de la sala ha estado integrada por Marina Rodríguez, junto a los magistrados José Luis Aranda, Mariano Sampietro, Iván Oliver y Santiago Gimeno, mientras que en los estrados ha figurado el fiscal jefe provincial, Juan Andrés Baratech. Entre las autoridades presentes se encontraban la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; el director general de Justicia, José María Recio; el director general de Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas; el subdelegado de Defensa, coronel Rafael Matilla Páramo; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, coronel José Enrique Cordobés; el jefe del órgano de apoyo RIET, coronel Fernando García Mercadal, y el intendente de la Policía Local de Huesca, Nicolás Hernández Gracia.
Marina Rodríguez ha señalado que, en términos generales, los órganos judiciales de la provincia mantienen los volúmenes de entrada y salida en unas condiciones que ha considerado óptimas. Dentro de ese balance ha distinguido, sin embargo, varios ámbitos que están registrando una mayor presión.
La evolución de Menores ha sido uno de los principales puntos de coincidencia. Rodríguez ha señalado que el Tribunal de Instancia de Huesca, con competencia en esta materia para toda la provincia, ha registrado un aumento del 36,62 % en el volumen de entrada. Juan Andrés Baratech ha aportado las cifras de la Fiscalía de Menores, que ha pasado de 208 asuntos registrados a 25 de septiembre de 2024 a 360 en la actualidad, un incremento del 70 % en dos años con la misma plantilla.
La Fiscalía mantiene, según ha señalado su responsable, la aplicación de medidas educativas y la atención al interés superior del menor. Al mismo tiempo, el aumento de la gravedad de determinadas conductas ha llevado a solicitar medidas cautelares más severas, incluidos internamientos.
Marina Rodríguez ha ampliado el análisis a la jurisdicción Social, cuyo volumen de entrada mantiene un crecimiento sostenido desde 2023 y que no está pudiendo dar salida a todos los asuntos que recibe. En Jaca ha apuntado un incremento de asuntos, especialmente penales, mientras que en Monzón la carga de trabajo ha aumentado de forma sostenida durante los últimos tres o cuatro años.
Parte de estas necesidades ya tienen respuesta administrativa. El decreto publicado en julio de 2026 contempla una tercera plaza para el Tribunal de Instancia de Monzón, prevista para diciembre de este año, y una plaza para la jurisdicción Social de Huesca, cuya puesta en funcionamiento está prevista para junio o julio de 2027. Rodríguez ha reclamado además una sexta plaza de magistrado para la Audiencia Provincial, una sexta plaza para el Tribunal de Instancia de Huesca en las competencias civil y de instrucción y una tercera para el Tribunal de Instancia de Jaca, que ha situado como una necesidad especialmente urgente.
UNA REFORMA CON MÁS TRABAJO
La implantación de la Ley Orgánica 1/2025 y de los Tribunales de Instancia ha ocupado una parte relevante de la intervención de Marina Rodríguez. La presidenta ha señalado que la nueva organización ha incrementado la actividad no jurisdiccional y burocrática de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y servicios comunes. Ha considerado todavía prematuro valorar sus resultados y ha apuntado que el próximo curso permitirá disponer de más datos. También ha señalado que los resultados en Huesca deberían ser, cuando menos, tan buenos como los que se obtenían antes de la implantación, teniendo en cuenta la carga de trabajo y la pendencia que ya acumulaban los órganos judiciales.
En ese proceso, los funcionarios de Justicia han ocupado un lugar destacado en ambas intervenciones. Rodríguez los ha definido como la "materia prima humana" de la Administración de Justicia y ha recurrido a la figura de Pablo, el mecánico del Plus Ultra, de la carta de Julia Fantova ganadora de un concurso de Defensa, para subrayar que el trabajo de los funcionarios resulta imprescindible para que la labor de los distintos operadores llegue a los ciudadanos. Baratech ha reconocido igualmente su "tarea técnica y callada". Ambos han reclamado que las vacantes se cubran con rapidez, que se proporcione la formación necesaria y que las dotaciones se ajusten a las cargas de trabajo.
La presidenta ha resumido la necesidad de coordinación entre quienes intervienen en la Administración de Justicia al señalar que "es un barco" en el que todos los operadores tienen que "remar en la misma dirección".
Baratech ha situado en ese mismo marco la labor del Ministerio Fiscal y ha comenzado su intervención con una referencia a los artículos 1 y 117 de la Constitución Española, a la soberanía popular y al principio de que "la justicia emana del pueblo". También ha dado la bienvenida públicamente a la nueva teniente fiscal, Teresa Duerto, y ha saludado al expresidente de la Audiencia Provincial presente en la sala.
El fiscal jefe ha precisado que el Ministerio Fiscal no forma parte del Poder Judicial, sino que constituye una institución del Estado encargada de la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Su actuación, ha explicado, está sometida a los principios de legalidad e imparcialidad, además de la unidad de actuación y la dependencia jerárquica. Al defender la unidad de criterio como garantía de seguridad jurídica, ha señalado que "no es de recibo que una determinada actuación de un fiscal en un lugar sea distinta".
La Fiscalía ha superado, según ha explicado Baratech, "con nota" la inspección ordinaria de la Fiscalía General del Estado, la primera de estas características desde 2013. En su intervención también ha reconocido el trabajo de los médicos forenses, de quienes ha destacado su "rigor científico e independencia". Ha señalado además que la Fiscalía de Huesca necesita más fiscales y funcionarios para afrontar su actividad.
COORDINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO
La cooperación entre instituciones ha ocupado otro de los puntos de encuentro. Baratech ha agradecido al director general de Justicia, José María Recio, la disposición al diálogo y ha señalado que se ha superado el "distanciamiento de épocas pasadas". También ha destacado la colaboración con la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, especialmente en la primera atención a las víctimas de violencia de género.
El fiscal jefe ha explicado que prefiere hablar de apoyo, comprensión y coordinación entre profesionales antes que de dependencia funcional. Rodríguez, por su parte, ha reconocido el papel de abogados y procuradores y la labor de quienes participan en la Administración de Justicia como garantes de los derechos de los ciudadanos.
Entre las líneas de trabajo que Baratech ha señalado para la Fiscalía figuran los delitos contra la Administración Pública y la persecución de la delincuencia organizada, presente, según ha explicado, en delitos como robos con violencia o en viviendas habitadas. También ha situado la violencia de género entre las prioridades de actuación.
Para estas causas ha reclamado una respuesta "rápida, radical y real" y ha advertido de que los procedimientos no deben prolongarse cuando existe una persona a la espera de una resolución sobre su situación. La cuestión de los tiempos de respuesta también ha aparecido en la intervención de Rodríguez, que ha señalado que "una justicia que no es ágil finalmente no deviene siendo justicia".
Baratech ha señalado asimismo la necesidad de avanzar hacia una Fiscalía más eficaz y eficiente y de mantener la proximidad con la ciudadanía. En este ámbito ha incluido un reconocimiento a la Oficina de Atención a la Víctima.
INDEPENDENCIA JUDICIAL Y ESTADO DE DERECHO
La independencia judicial ha constituido otro de los asuntos abordados por ambos responsables. Marina Rodríguez ha defendido que las resoluciones pueden ser objeto de crítica, pero ha pedido que esa crítica se centre "en la interpretación de la norma, en la valoración de la prueba, en la solidez o la calidad del razonamiento", y no en discrepancias ideológicas con una resolución. De lo contrario, ha advertido de que pueden poner en duda la actuación judicial, afectar a la confianza ciudadana y erosionar el Estado de derecho.
La presidenta de la Audiencia ha defendido además la continuidad de iniciativas destinadas a acercar la Justicia a los ciudadanos, entre ellas el Ciclo de cine, las conferencias y el programa "Educando en Justicia".
CEUTA Y LOS INCENDIOS
Marina Rodríguez no ha querido cerrar su intervención sin referirse a la situación que se está viviendo en Ceuta. Antes de hacerlo, ha explicado que iba a leer unas palabras que no eran suyas, sino de la presidenta del Tribunal Supremo.
En el mensaje se ha recordado especialmente a las personas fallecidas durante la grave crisis que ha atravesado la ciudad y se ha señalado que, ante una situación de esta complejidad, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado. También se ha subrayado que los jueces seguirán velando por los derechos de las personas afectadas y por el cumplimiento de la ley.
Las palabras leídas por Rodríguez han defendido además una respuesta que preserve la integridad de las fronteras y permita mantener un control ordenado de los accesos, al tiempo que asegure la aplicación de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico.
Asimismo, ha reconocido la labor de quienes participaron en la respuesta a los incendios forestales del verano, con una mención expresa al cabo Javier García Sancho, del IV Batallón de Intervención de Emergencias de la UME.
Baratech ha cerrado su intervención con una referencia al artículo 10.1 de la Constitución Española, que sitúa la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley como fundamento de la paz social. En esa línea, ha defendido que una sociedad desarrollada no puede sostenerse si la dignidad de las personas y sus derechos no están garantizados.