La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo autonómico “defenderá el interés público y los intereses de la comunidad” en el proceso judicial abierto con motivo del incendio forestal iniciado el pasado 10 de agosto en Santa María de la Peña.
Así lo ha subrayado tras la reunión este miércoles del Consejo de Gobierno, que ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos para que el Ejecutivo aragonés pueda personarse como acusación particular en las diligencias previas abiertas por la presunta comisión de un delito de incendio forestal por el fuego en Santa María de la Peña.
Este acuerdo permitirá ejercer las acciones civiles y penales que se deriven del procedimiento judicial de un incendio que ha tenido importantes afecciones en Aragón. El fuego alcanzó masa forestal, ecosistemas, patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural, puso en riesgo la integridad de numerosos efectivos que participaron en el dispositivo y provocó el fallecimiento de Javier García Sancho, militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Asimismo, obligó al desalojo y evacuación de numerosas localidades y al confinamiento de otras durante varios días; y también hizo necesario el mayor despliegue de medios realizado hasta la fecha en Aragón para combatir un incendio, con la participación de hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos de diferentes administraciones y organismos.
“Lamentablemente hemos sufrido una cascada de incendios este verano, nos han afectado con especial virulencia”, y el de Santa María de la Peña ha sido “el más grave desde 1994”, ha advertido. El Gobierno de Aragón ya se había personado como perjudicado en el procedimiento judicial y “ahora se personará como acusación particular para poder presentar las acciones civiles y penales que puedan corresponder en defensa del interés público por este incendio”.
La portavoz del Ejecutivo aragonés ha agradecido y reconocido de nuevo el “gran trabajo de coordinación” entre administraciones para combatir el fuego, “el compromiso de los profesionales, el trabajo de los voluntarios, el papel de los alcaldes y el comportamiento de los vecinos que tuvieron que ser evacuados” ante un incendio que requirió “el mayor despliegue de medios hasta la fecha”.
En este mismo sentido, se ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los seis municipios afectados por el incendio. La solicitud comprende los términos municipales de Las Peñas de Riglos, Bailo, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Caldearenas y Jaca, donde el fuego quemó más de 14.500 hectáreas y causó importantes daños en masas forestales, infraestructuras públicas y privadas, campos de cultivo y explotaciones agrícolas y ganaderas.
En este sentido, desde la Delegación del Gobierno en Aragón se ha recordado que el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, informó a los medios el 10 de agosto, tras una reunión del Cecopi, que ya se había trasladado la petición para que la declaración fuese llevada a un próximo Consejo de Ministros.
Ha señalado que el 28 de agosto, el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, declaró 12 zonas afectadas por una emergencia de protección civil en Aragón