Más de un centenar de científicos y acreditados profesionales relacionados con el medio ambiente y cerca de cuarenta colectivos entre los que hay empresas, plataformas y asociaciones, han suscrito un manifiesto contra la construcción del telecabina de cinco kilómetros del proyecto de unión de estaciones de Astún y Formigal a través de Canal Roya, que a su entender no cumpliría los requerimientos de los fondos europeos de recuperación.
Contra la iniciativa “Aragón Ski Circus” de Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca, con un presupuesto de 34 millones de euros y soportado por los fondos “Next Generation”, los prácticamente 110 firmantes a los que se han adherido los científicos Eudal Carbonell y Unai Pascual ponen de manifiesto la crisis ambiental ya palmaria y la limitación "grave" del derecho al disfrute de la naturaleza, “recogido en la Constitución española y en la Declaración de 12 de noviembre de 1997 de la Unesco”, afirma el documento que ha divulgado Efeverde.
Estima el manifiesto que “las montañas españolas y sus ecosistemas se encuentran, hoy más que nunca, en situación de creciente vulnerabilidad como consecuencia del cambio climático y de otros factores sociales, económicos y políticos, que comprometen los indispensables servicios ambientales que las montañas prestan al conjunto de la sociedad”.
Los firmantes inciden en los valores naturales, culturales, paisajísticos e intengibles que “singulares e irremplazables” de la Canal Roya, “cuya importancia trasciende lo local para elevarse a la categoría de valor extraordinario y patrimonio común para el conjunto de la ciudadanía”.
La aprobación definitiva del proyecto representaría a su entender la “destrucción irreversible” de este valle pirenaico e iniciaría inmediatamente un proceso de explotación a gran escala, al servicio de un modelo de turismo masivo y extensivo o de promoción del ciclismo a lo largo del valle todo el año, con construcciones en lugares de “elevada fragilidad” y “alto valor ambiental”.
Por otro lado, los científicos y profesionales manifiestan sus dudas sobre “la viabilidad del cumplimiento de los requisitos exigibles” para el acceso a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea, con los que el Gobierno aragonés y la Diputación pretenden financiar el proyecto.
Entre esos requisitos, enumeran la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, prevención y control de la contaminación, transición hacia una economía circular, protección de los recursos hídricos o mitigación del cambio climático.
Critican abiertamente, además, “la escasa transparencia acerca de la tramitación y las características técnicas de dicho proyecto, en realidad todavía en la fase de anteproyecto o propuesta previa, no sometido a información pública y virtualmente desconocido”.
Consideran que existe un “agravio comparativo” en la consignación de los Next Generation a la industria del ocio mientras se descuidan sectores desfavorecidos de la montaña o amplios territorios rurales, que no han recibido ayuda alguna para la recuperación económica.
DECLARACIÓN DE ESPACIO NATURAL
Representa para ellos un agravante el hecho de que no hay disponibilidad servicios básicos como urgencias médicas o servicios de emergencias en los valles del Aragón y de Tenas, mientras se destinan “extraordinarios recursos económicos a beneficiar negocios de tipo lúdico que, además, dañan su patrimonio”.
El manifiesto explicita su sorpresa ante el respaldo “en contra de toda lógica” que brinda al proyecto la Federación Aragonesa de Montañismo, frente a la oposición firme de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.
Con todos estos argumentos, expresan su “rotundo rechazo” al proyecto que implicaría la "destrucción y banalización irreversibles" de este espacio, y que sólo serviría para transmitir un modelo incompatible con la conservación, por lo que demandan la vuelta al proceso de tramitación de espacio natural.