El Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, ha remitido un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para poner en su conocimiento la decisión del Gobierno de Aragón de suprimir la asignación económica semanal que percibían los niños, niñas y adolescentes migrantes en los centros de protección de la comunidad, mientras se mantiene para aquellos con nacionalidad española.
La medida, ordenada por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, de la que es titular el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), establece "una diferencia de trato entre niños y niñas tutelados por la misma administración en función de su origen", señala el ministerio.
"Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años", ha señalado la ministra. "Es una medida racista, miserable, que criminaliza a menores por no haber nacido aquí y que busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos".
Rego ha subrayado que se trata de "la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox" y ha advertido de que el único objetivo de estas políticas es "crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma".
En el oficio, el Ministerio considera que los hechos podrían suponer una "vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas, una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancia personal, así como la posible constitución de un delito de odio y una desatención del interés superior del menor".
El texto afirma que la medida es "contraria al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe toda discriminación por razón de nacimiento o raza, así como al artículo 39, que obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia".
El Ministerio señala que las entidades públicas que asumen la tutela de menores en situación de desamparo están "obligadas a garantizar la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y a promover su integración normalizada, sin discriminación alguna". Asimismo, apunta que "las asignaciones de este tipo contribuyen a fomentar la autonomía, el desarrollo madurativo de las y los adolescentes tutelados y su transición a la vida adulta".
Por todo ello, el ministerio traslada la información a la Fiscalía de Menores para que, si así lo considera, investigue los hechos y despliegue las medidas necesarias que aseguren la plena protección de estos niños, niñas y adolescentes.
"Confío en que la Justicia ponga las cosas en su sitio. Nuestra Constitución es clara. Somos un país de acogida y así va a seguir siendo", ha concluido la ministra en redes sociales.