Efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga, en el marco de la Operación Congestio, han detenido a ocho personas e investigado al empleador de una empresa frutícola y a una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), como supuestos autores de cuatro delitos contra los derechos de los trabajadores, cuatro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, cinco por usurpación de estado civil y otro de coacciones y amenazas, hechos ocurridos en la Comarca del Bajo Cinca
En mayo, con motivo de la campaña de recogida de fruta de hueso en diversas localidades de la Comarca del Bajo Cinca, la Guardia Civil de Fraga ha estableciedo un dispositivo continuado, encaminado a la vigilancia y control de todas las labores agrarias anejas a dicha actividad.
En julio, los agentes pudieron averiguar que una empresa frutícola de la Comarca del Bajo Cinca, al precisar de abundante mano de obra para su temporada de recolecta, acudió a los servicios de una ETT, para la búsqueda de personal dispuesto a realizar dichas tareas de campo, y un señalado número de trabajadores estaba en situación irregular: recibían instrucciones para ocultarse o huir de su puesto de trabajo, en el caso de recibir una inspección por parte de la autoridad laboral.
Averiguaron que esta empresa, a través de una persona que aportaba trabajadores a la misma y a su vez a la ETT, estaba proporcionando mano de obra en situación de necesidad y sin documentación para poder trabajar, mediante suplantación de identidad de otras personas, teniendo todas las partes implicadas conocimiento de ello. Gestionaba a las víctimas todos los trámites con la ETT, siendo su nexo de unión, al tiempo que detraía del sueldo un importe a cada uno de los trabajadores, prevaliéndose de su situación precaria.
Los trabajadores eran captados con la promesa de conseguirles documentación legal en España, reteniéndoles su documentación personal para dificultar su libre movimiento. Así mismo, eran explotados laboralmente, careciendo de contrato y contraprestaciones económicas por su trabajo, excediendo los límites legales en sus jornadas laborables, sin ningún tipo de descanso.
Además, las víctimas eran alojadas en viviendas carentes de mínimas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad, comprobando los agentes, junto con los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca, las pésimas condiciones bajo las que vivían.
Finalmente, efectivos de la Compañía de Fraga procedieron a la detención de 8 personas e investigación del empleador de una empresa frutícola y a una ETT, como supuestos autores de los delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de estado civil y coacciones y amenazas, siendo de edades comprendidas entre los 25 y 50 años y vecinos de la Comarca del Bajo Cinca y Lérida.
La Compañía de la Guardia Civil de Fraga instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas junto con los detenidos, en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Fraga, quedando los detenidos en libertad con cargos y debiendo los investigados presentarse a la Autoridad Judicial cuando estime conveniente.
La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha venido contando con diferentes unidades de la Compañía de Fraga, UOPJ, SEPRONA, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Unidad Aérea de la Zona de Aragón, Grupo de Caballería y Grupo de Reserva y Seguridad (ARS), se han llevado a cabo una treintena de inspecciones en colaboración con personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, así como tres operaciones policiales judicializadas, con un total de 5 personas detenidas y 3 investigadas por delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Así mismo se han detenido a 14 personas por delitos de usurpación de estado civil y 4 por delitos contra la libertad y detención de 22 personas por requisitorias de diversos órganos judiciales del territorio español.
En el apartado de infracciones administrativas, se han levantado 24 actas por infracción a la Ley de Extranjería y 98 a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por registros u omisión de comunicaciones previstos para las actividades con transcendencia para la seguridad ciudadana.