Ha existido en Huesca una cierta tendencia a considerar que el Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Huesca es un invento de la modernidad corporativa. Nada más lejos de la realidad. El 17 de mayo de 1976, con Saturnino Arguis Mur como presidente, se aprobaba el de 1976-77 por importe de 298.406.106... pesetas.
El POS ha sido un instrumento extraordinario para dotación de infraestructuras y servicios en los pueblos, especialmente trascendental para los más pequeños. Una filosofía que también se arraiga en los tiempos. En aquel 1976, con carácter bienal, los ayuntamientos habrían de asumir 104.619.396 pesetas, el Estado aportaría 91.379 .430 y la corporación 73.720.132 en forma de subvención, además de las 22.687.148 pesetas de anticipo reintegrable sin interés con cargo a la Caja de Crédito de Cooperación.
Se incluían en aquella planificación obras del ciclo hidraúlico, vías provinciales, electrificación rural, servicio de telefonía (entonces la DPH mantenía convenios con Telefónica para la expansión a pueblos pequeños) y equipamiento. Se incorporaba además un plan adicional por 70 millones de pesetas, también cofinanciado con ayuntamientos, Estado y los anticipos de la citada caja. El presidente Arguis hizo valer su criterio de organizar un equipo técnico para dar máxima agilidad y eficacia a la ejecución.
La evolución de los planes de obras y servicios fue vertiginosa. Ya en la etapa en la que las instituciones habían sido votadas democráticamente (1979 los ayuntamientos y, consecuentemente, la Diputación), el presupuesto se acrecentaba bajo la presidencia de Aurelio Biarge (UCD) con Carglos García (PSOE) como jefe de la oposición. En 1981, el global llegaba a 577 millones de pesetas, de los que 277 eran asumidos por los ayuntamientos, 271 por la corporación y en anticipos 77,8 millones.
Merece la pena recordar que entonces existía el denominado Canon de Energía, destinada a la zona de la provincia que tenía servidumbres por la producción de electricidad, y que ese año 1981 alcanzaba los 700 millones. Posteriormente, a finales de los ochenta, la desaparición propició la reivindicación y consecución parcial de mayor aportación del Estado a los planes de obras y servicios. En una entrevista en el especial de fin de año de Nueva España el Periódico de Huesca, Aurelio Biarge se enorgullecía de que se hubera invertido una cifra récord en los planes, el ordinario y el extraordinario, que sumaban 1.024 millones. En tres años, esgrimía, 2.350 millones, ajenos a las realizaciones en carreteras como las de las Vilas del Turbón.
En 1984, ya con Carglos García en la presidencia, el Plan de Obras y Servicios alcanzó las 665.484.000 pesetas, financidas por el Banco de Crédito Local y la aportación local muy superior al mínimo establecido. El Estado aportaba 140 millones, el Banco 211 millones y los ayuntamientos 313. Fuera quedaba el Plan de Acciónd el Somontano y los beneficiarios del canon energético. A los municipios de menos de 300 habitantes se les incrementaba la aportación del 33 al 70 %.
El propio Carlos García, en una entrevista el 3 de enero de 1985, afirmaba que la Diputación debe apoyar ante todo a los municipios que no han llegado a niveles técnicos aceptables. Con 3.700 millones de presupuesto real, se destinaban los 665 millones aludidos al POS, 270 al Plan del Somontano, 135 a instalaciones deportivas y 56 al Plan Cultural.
Para 1987, las cuentas globales de la Diputación rondaban los 4.559 millones de euros. Se reducía a 582 millones el Plan de Obras y Servicios, pero se sumaban 350 del Plan del Canon para obras muncipales y supranacionales. Hay que pensar que la institución provincial recibió del Estado los impuestos sustitutorios del de Tráfico de Empresas y el Canon, con 2.759 millones.
El Plan de Obras y Servicios, que este año ha alcanzado ya los 20,6 millones de presupuesto, ha evolucionado con los años atendiendo las nuevas exigencias pero también similares necesidades que hace cincuenta años. Un buen motivo para celebrar y para profundizar en su función que vertebra y cohesiona.