La Policía Nacional ha intensificado las inspecciones a viviendas de uso turístico coincidiendo con la celebración de la Quebrantahuesos, y ha detectado dos en Jaca con huéspedes alojados que no habían sido comunicados.
Tras una campaña informativa en la que se recordó las obligaciones de estas viviendas de uso turístico, se han intensificado las inspecciones en Jaca y Huesca. Tras las realizadas durante el periodo de Semana Santa, coincidiendo con la Quebrantahuesos los agentes se personaron en una veintena de viviendas de uso turístico de la capital jacetana para verificar si cumplían las obligaciones de registrar y comunicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad los viajeros que alojan.
En las inspecciones realizadas por agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Jaca, con la colaboración de la Policía Local, se detectaron dos viviendas con huéspedes alojados que no habían sido comunicados dentro del plazo de 24 horas desde que se produce la entrada.
OBLIGACIONES
La Policía Nacional recuerda que, por motivos de seguridad ciudadana, las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje tienen obligación de llevar un registro documental y de informar a las fuerzas y cuerpos de seguridad la identidad de los huéspedes que alojan.
Asimismo, los alojamientos destinados a tal fin deben realizar la correspondiente inscripción en el Registro de Turismo del Gobierno de Aragón.
Quien esté ejerciendo actividades de hospedaje debe ponerse en contacto con la Policía Nacional o cuerpo de seguridad que tenga competencia en el lugar donde esté ubicada la vivienda, para que les acrediten y faciliten un usuario y contraseña para poder comunicar informáticamente los datos.
Una vez acreditado como anfitrión de alojamiento turístico, se puede acceder al programa habilitado por el Ministerio de Interior, incluso desde cualquier terminal móvil, y rellenar fácilmente así los datos de los huéspedes, que se envían telemáticamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La carencia de estos registros o la omisión de estas comunicaciones obligatorias supone una infracción grave, que conlleva una sanción de multa que puede ir desde los 601 euros a los 30.000 euros, en función de las circunstancias.