El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha denunciado públicamente la existencia de un sistema de asignaciones económicas a los grupos municipales que, según un informe de la Secretaría General respaldado por Intervención, resulta contrario al artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local. Frente a ello, el equipo de gobierno del PP ha rechazado cualquier “actuación ventajista u oscura” y ha asegurado que fue el propio Ayuntamiento quien sugirió a Vox presentar formalmente un escrito para aclarar una “incongruencia normativa” que, según ha afirmado el portavoz municipal Ricardo Oliván, “se va a subsanar a partir de ya”.
El portavoz de Vox, José Luis Rubió, ha explicado que trasladó hace meses al equipo de gobierno las dudas jurídicas existentes sobre el sistema de reparto económico aprobado por el Ayuntamiento. Posteriormente, el grupo registró un escrito el pasado 19 de abril solicitando un análisis jurídico de la Base 50 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. Como consecuencia de esa petición, la Secretaría General emitió un informe el 29 de abril, al que también se adhirió la Intervención Municipal, concluyendo que el sistema vigente vulnera la normativa estatal al establecer una parte fija diferente para cada grupo en función del número de concejales.
Según ha detallado Ricardo Oliván, las asignaciones económicas actuales derivan de un acuerdo aprobado por unanimidad y heredado de mandatos anteriores. El sistema contempla una parte fija y otra variable de 100 euros por concejal. La parte fija asciende actualmente a unos 55.000 euros para PP y PSOE, mientras que Vox recibe alrededor de 39.000 euros, cantidades que, según el portavoz del equipo de gobierno, se calcularon en su momento también en función del número de representantes de cada grupo.
Desde Vox sostienen que el informe jurídico confirma una situación “contraria a Derecho” que beneficia especialmente a los partidos mayoritarios. Rubió ha afirmado que “lo verdaderamente escandaloso” es que PP y PSOE hayan convivido durante años con un sistema que, a su juicio, perjudicaba a los grupos con menor representación. La formación también ha reclamado que ambos partidos devuelvan “voluntariamente” las cantidades cobradas en exceso respecto al sistema legalmente aplicable y ha advertido de posibles responsabilidades jurídicas si la situación no se corrige de inmediato.
Por su parte, el equipo de gobierno ha insistido en que ni el actual Ejecutivo municipal ni los anteriores habían detectado esa incompatibilidad normativa hasta que se produjo la revisión jurídica solicitada. Oliván ha asegurado que el Ayuntamiento ya partía de la idea de corregir la situación y ha subrayado que fue el propio equipo de gobierno quien recomendó a Vox registrar formalmente el escrito para que los servicios municipales pudieran pronunciarse sobre la cuestión. “No entendemos la salida de Vox de hoy”, ha afirmado el portavoz municipal, quien ha lamentado que la voluntad de resolver el asunto “se haya convertido en un arma arrojadiza”.
El portavoz popular también ha rechazado las acusaciones de connivencia entre PP y PSOE lanzadas por Vox y ha defendido que la irregularidad detectada responde a una interpretación arrastrada desde hace varios mandatos. Según ha explicado, la corrección deberá abordarse ahora mediante un nuevo acuerdo entre los tres grupos municipales para redefinir el sistema de reparto de las asignaciones económicas conforme a los informes emitidos por Secretaría e Intervención.
Mientras tanto, Vox mantiene la presión política sobre el equipo de gobierno y ha anunciado el registro de un nuevo escrito exigiendo una solución inmediata. La formación insiste en que su objetivo no es obtener más recursos económicos, sino “restablecer el principio de igualdad” entre grupos municipales y garantizar una mayor transparencia institucional en el Ayuntamiento de Huesca.